Sep. 28, 06. Obispos a 2 años de llos fraudes electorales....

LOS OBISPOS A 2 AÑOS DE LOS FRAUDES ELECTORALES DEL 2004: MAYO (FILIPINAS) Y AGOSTO (VENEZUELA)
Rómulo Lares Sánchez. 28.09.06
La agencia de noticias Asia News nos trae desde Manila la siguiente información: “El antiguo ícono del cine Fernando Poe Jr., quien participó como candidato para presidente en las elecciones de mayo 2004, fue defraudado en por lo menos 600 mil votos, de acuerdo con un reporte hecho público ayer por la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP)”. “En esa oportunidad la elegida es la actual presidenta Gloria Macapagal Arroyo”.

“El obispo Monseñor Teodoro Bacani, declaró que el reporte fue presentado por un comité de investigación-CI con participación de los obispos. Sin embargo agregó, esto no significa que el Sr. Poe ganó las elecciones. El reporte sólo expresa que Poe fue víctima de un fraude electoral masivo”. El CI que incluyó al Secretario de la Conferencia Episcopal Monseñor Hernando Coronel, distribuyó el reporte a los obispos en mayo 2006, marcado “para sus ojos solamente”, lo que explica que no haya sido divulgado antes. El obispo es uno de los más connotados críticos de la administración Arroyo, golpeada por una serie de escándalos vinculados con el fraude electoral y la apropiación indebida de fondos públicos. Además sostiene que el alegato del engaño electoral fue “una de las mayores razones de descontento nacional””. No creo que los cristianos filipinos, aunque conozco poco de su cultura, hayan apreciado el silencio de sus obispos, pero lo trascendente: la iglesia habló.

Para un venezolano miembro de la Iglesia de Roma, es difícil entender porqué le toma tanto tiempo a los representantes de Dios en esta tierra, dejar “para sus ojos solamente”, es decir en la clandestinidad o en la “confusión mediática”, verdades tan claramente establecidas científicamente, que permiten concluir que: El Sistema Electoral de Venezuela-SEV, el Consejo Nacional Electoral-CNE y su producto, el VOTO, conforman una maquinaria de fraude permanente que ha conducido partir del 15AGOSTO 2006, a la ilegalidad e ilegitimidad de todas las autoridades que ha proclamado. No creo que algún miembro de la Iglesia aprecie el silencio de nuestros obispos.

El miembro de la Iglesia de Roma más prominente, en su jerarquía, que ha dado Venezuela, excluyendo – si se puede hablar de jerarquía- a las vírgenes: de Coromoto, patrona de Venezuela, del Valle, de la Chiquinquirá, de La Divina Pastora; o al Santo Cristo de La Grita y al Siervo de Dios José Gregorio Hernández, es su Eminencia Rosalio Cardenal Castillo Lara, quien calificó la administración electoral como “pantomima”.

Pero nuestro caso es mucho más grave que el filipino. Más difícil aún para los venezolanos comprender el silencio de nuestros obispos, el silencio de Roma, cuando en Venezuela, adicionalmente al crimen organizado electoral y al saqueo de los fondos públicos, se secuestró y destruyó la democracia venezolana, porque entre otras realidades, desaparecieron prácticamente las instituciones del Estado, desapareció el estado de derecho, se violan prácticamente todos los derechos humanos, pero adicionalmente, los usurpadores de los poderes públicos han traicionado a la Patria, entregando descaradamente nuestra soberanía a naciones extranjeras. El caso de la entrega de la identificación, la inteligencia militar, civil, la seguridad del Estado a manos de servicios de inteligencia extranjeros; la declaración de guerra contra USA y sus aliados, condicionada por ahora al ataque de éstos a la República Islámica del Irán.

La gravedad del silencio de los obispos venezolanos, que he denunciado anteriormente como “complicidad”, se fundamenta, en que además del “desconocimiento” o negación de los reportes académicos y técnicos sobre el tema del fraude electoral masivo y continuado, su indiferencia ha determinado y contribuido al estado de apatía y tolerancia de la ciudadanía, impuesto por el miedo, el terror, facilitando la estrategia para consolidar la desaparición de nuestro proyecto de democracia y hasta la dilución en marcha de nuestra nación.

Como ciudadano demócrata, miembro de la Iglesia de Roma en Venezuela, invito a todos los demócratas, y a todos los miembros de nuestra Iglesia, para que exijamos públicamente a nuestros obispos y al propio Vaticano, su intervención formal y directa, para reivindicar su propia responsabilidad en nuestra “guerra civil”. Son más de 70 mil asesinatos en los últimos 7 años; son más de 5 mil policías o militares, los señalados como responsables de estos crímenes; supera el 80% el índice de impunidad, cuando normalmente ni se llega a juicio. Si bien nada tiene más valor que la vida, los que no hemos perdido la vida en esta guerra, hemos perdido la libertad.

El caso de Filipinas es de suma importancia para comprender el caso Venezuela. Las similitudes con la situación de los derechos humanos en Filipinas es asombrosa, lamentablemente para que tengamos el reconocimiento de la gravedad de la situación política venezolana y la atención de la comunidad internacional, parece necesario que el nivel de conflicto se eleve al nivel “convencional” que permita equipararlo a la “guerra civil”; nivel en el que, como referimos antes, nos encontramos de manera “camuflada”, desde hace varios años, por la presión y control de los medios de comunicación.
El informe producido por Amnesty Internacional fechado el 15AGOSTO2006, titulado: “PHILIPPINES Political Killings, Human Rights and the Peace Process” posee capítulos completos que pudieran ser aplicados a Venezuela. La diferencia estriba prácticamente en el “desconocimiento oficial internacional” sobre las realidades políticas y sociales internas, con lo que contribuye el silencio de instituciones como la Iglesia.
Tomemos algunos elementos del referido informe para abrir el debate sobre las posibilidades de calcarlo a nuestro caso: En primer lugar, las manifestaciones nacionales e internacionales sobre la violación de los derechos humanos en Filipinas han logrado la atención de: 1) Asian Human Rights Commission, 2) International Confederation of Free Trade Unions, 3) Reporters Sans Frontieres, 4) World Council of Churches y 5) Amnesty Internacional. Sin embargo son identificados de enero a julio de 2006, 50 asesinatos políticos, proporción despreciable si la comparamos con Venezuela.
Reconociendo la imposibilidad de apreciar los antecedentes históricos en Venezuela con la imparcialidad de un nacional, la destrucción de las instituciones democráticas, las alianzas con el terrorismo internacional, la cantidad de muertes referidas con la participación de los más de 5 mil funcionarios policiales y militares, la creación de un “apartheid” criollo, rebasan en mi criterio las condiciones de terror, que explicarían las manifestaciones formales de las 5 organizaciones internacionales mencionadas.
El Capítulo No. 3, titulado: “Estado de Emergencia, detenciones arbitrarias y la persecución de los izquierdistas”. Pudiera tan sólo diferir en la condición de “izquierdistas” de los perseguidos. En Venezuela para ser perseguido sólo se requiere diferir del régimen y estar activamente defendiendo y reclamando el restablecimiento del Estado de Derecho, la democracia y el respeto de los derechos humanos. El subtítulo de este capítulo: 3.1) “Detención arbitraria y la amenaza de cargos judiciales políticamente motivados”, son elementos cotidianos de nuestra farsa de sistema judicial.
El Capítulo No. 4: “El deber de proteger el derecho a la vida”. Esta responsabilidad del Estado está largamente documentada con una conducta más bien “terrorista” promovida por el propio Estado. Referirse a las ejecuciones de mineros efectuadas la pasada semana en el estado Bolívar, corresponden al ejemplo, “en los medios”, más reciente, y tan sólo se suma a la larga lista de crímenes, inclusive de militares activos o detenidos, dentro de las propias instalaciones militares. Confirma la condición de “terrorista” las actuaciones oficiales, otorgando protección en territorio venezolano a diversos grupos activos en el terrorismo regional e internacional, así como la asociación con gobiernos clasificados internacionalmente como terroristas,
El Capítulo No. 5: “Asesinatos políticos: una tendencia se intensifica”. Creo que el simple seguimiento en los medios de comunicación nacionales, refuerza la sospecha de que esta situación es similar. Es de notar que prácticamente los medios de comunicación son la única institución que, a pesar de su censura y de la propia autocensura, ofrecen referencias para revisar esta tendencia. En la misma prensa nacional hemos encontrado aproximaciones al subtítulo: “Metodología de los ataques y los sospechosos”, en reportajes relacionados con las invasiones urbanas y rurales, los ajusticiamientos de manifestantes, los “excesos” y “confusiones” de los cuerpos de seguridad política y militares, entre otros. La bochornosa actuación de las instituciones judiciales y de defensa de los derechos humanos, tribunales de justicia civiles y militares, fiscalía, defensoría del pueblo, no merecen comentario alguno, e identifican claramente el subtítulo. Las conclusiones en nuestro caso, también evidentes aseguran el último subtítulo: “Investigaciones inefectivas y clima de impunidad”; baste referirse al más emblemático de los casos: “Asesinato del Fiscal Anderson”.
Las conclusiones y recomendaciones del informe son menos aplicables directamente al caso Venezuela, por el hecho de en el caso filipino, a pesar su reciente historia colonial, no actuarían los grupos internos en coordinación o bajo las órdenes directas de instancias foráneas. En su caso la “integridad de la nación y de su territorio” no parecen controladas directamente por intereses foráneos, mientras que en nuestro caso, como mencionábamos anteriormente, hemos sido por la fuerza integrados a una “federación internacional” donde los nuevos intereses nacionales están supeditados, obviamente sin consulta y a espaldas de la nación, a los intereses de los estados socios. Sin embargo, podríamos adoptar parcialmente alguna de las conclusiones y recomendaciones:
Las conclusiones del informe están dirigidas a un gobierno y a una nación que tiene algún control de sus instituciones, se subraya la necesidad de la determinación política por atacar el problema, para detener la impunidad y disminuir el nivel armado del conflicto. Me parece inferir que en nuestro caso, es el mismo gobierno, controlando la nación, el que como fuente del origen de las violaciones de los derechos humanos, y sin lugar a dudas como única fuente armada y con poder de fuego, por lo que tal recomendación no sería aplicable en Venezuela. No hay en lo absoluto un esfuerzo oficial, todo lo contrario como he pretendido mostrar, ni tampoco concreto de las instituciones no oficiales, políticas, religiosas, empresariales, gremiales o sindicales, no colocándose con firmeza ante el régimen, no, el interés parece estar centrado en disminuir la lista de “sus miembros” que son afectados por esta “guerra no declarada”, evadiendo el problema central, de fondo: el caos como destino de la nación.
En cuanto a las recomendaciones, se presenta igualmente una situación de inaplicabilidad, por ser el gobierno el instrumento para administrar cualquier programa que se pretenda aplicar, a su vez controlado por el régimen que usurpa el gobierno de la nación y primer interesado en la promoción de todos los conflictos, entre otras razones, para completar el plan de destrucción de las instituciones democráticas. Sin embargo mencionaremos que las acciones que Amnesty Internacional recomienda para Filipinas son “asignadas” a diferentes grupos: 1) Gobierno, 2) Otras instituciones nacionales e internacionales; 3) Otros grupos armados; y, 4) Respaldo de grupos religiosos, medios de comunicación, empresarios, otros grupos de la sociedad civil.
La solución del problema político en Venezuela rebasa la capacidad local para solucionarlo y, requerirá de la participación activa de organismos internacionales con capacidad de acción política y eventualmente militar. La participación del organismo internacional natural, la Organización de Estados Americanos-OEA, y de la unidad para el desarrollo de las Naciones Unidas-PNOUD, no sólo fracasaron en su intervención como mediadores del conflicto, sino que fracasaron estrepitosamente al tomar parte en el conflicto y convalidar el fraude electoral, otorgando la razón al régimen que confiscó el Estado de Derecho, ante el desmoronamiento de las otras instituciones nacionales. La participación cautelosa de la Unión Europea-UE ha permitido dejar constancia clara de la situación de la institución del fraude electoral. La UE representa una esperanza del apoyo internacional para el restablecimiento de la democracia venezolana. Una de las conclusiones de uno de sus órganos técnicos, el “Internacional Crisis Group” en su informe del 10.05.2004, titulado: “Venezuela: ¿Hacia una guerra civil?” concluye: “La comunidad internacional no debe dejar a Venezuela sola en este período crítico”, esta recomendación es hoy más actual que nunca.