Mar. 12, 08. La legitimidad del cura

LA LEGITIMIDAD DEL CURA
Rómulo Lares Sánchez. 12MAR2008.

Se han venido estableciendo opiniones firmes entre los diversos grupos de la Sociedad Civil-SC, en relación con la ilegitimidad de las autoridades públicas y con el fraude permanente y continuado del Sistema Electoral-SE-CNE-VOTO, entre tantos otros crímenes; mientras esto ocurre, los poderes públicos nacionales, de los estados y de los municipios, la Fuerza Armada Nacional-FAN, la casi totalidad de los partidos políticos, ONGs, iglesias, gremios, sindicatos, asociaciones empresariales, formadores de opinión y medios de comunicación social, divulgan una opinión coherente y particular, pero muy distante de aquella otra que se percibe, comenta y debate en las Asambleas de Ciudadanos, organizaciones de vecinos y en la tertulia comunitaria y familiar.

Las instituciones referidas insisten en la obligación de “controlar” la polarización político-social, debido a su alta carga destructiva de la “paz social”; para ello - en coro - insisten en la necesidad-prácticamente obligación del ciudadano o de la institución responsable, de actuar con prudencia impidiendo la crítica “destructiva” al Sistema Electoral-SE-CNE-VOTO y la consecuente promoción de la “duda” sobre la legitimidad de las autoridades proclamadas. La coincidencia de esta homogénea posición, reflejada de forma idéntica en los medios de comunicación social, (sin dejar espacio para las opiniones contrarias), ha venido siendo justificada por los medios con la “censura oficial” establecida por la ilegal legislación y reglamentación vigentes, adicionalmente respaldada por la eventual presión de las diversas oficinas administrativas y de control del Estado, que los habría conducido hasta su “autocensura”.

Las expresiones de renuncia, rechazo y desprecio de la SC por el SE-CNE-VOTO, coherentemente reflejada en la actitud y “participación” o rechazo ciudadanos en los diversos fraudes electorales a partir de febrero de 2003, así como el desconocimiento de las autoridades ilegítimas que han sido proclamadas por tan perversa institución, no disponen de espacio alguno para el debate en los medios de comunicación. Los medios, en cambio, francamente respaldan el ejercicio ilegítimo de la autoridad de los poderes públicos, ocultan las perversiones del SE-CNE-VOTO, “protegen” hasta la complicidad la ilegalidad de todas las autoridades usurpadoras.

¿Cómo percibiría la comunidad al cura párroco excomulgado y despojado de su condición de sacerdote, si continúa oficiando la misa y los sacramentos, del bautizo, confirmación, matrimonio, extremaunción? ¿Qué validez tendrían ante Dios y ante los hombres todos sus oficios? ¿Seguirían los parroquianos reconociéndolo como representante de Dios? ¿Perdería la confianza de la parroquia? En el caso de la Iglesia, son sus autoridades las que unilateralmente designan o remueven a los sacerdotes sin consultar con los demás miembros, pero en el caso de la Sociedad Civil-SC hemos ganado después de una larga lucha por la evolución de los Derechos Humanos-DDHH universales, el derecho de que sean los ciudadanos quienes mediante el sufragio, el VOTO verdadero, designen los administradores de los servicios y los recursos públicos, de acuerdo con los límites que establecen la Constitución y la ley.

No podríamos estar de acuerdo con la afirmación: “la legitimidad de las autoridades no es el problema”. Si bien el problema es complejo y sería aceptable concebir autoridades “modelo”, en cuanto a su desempeño como administradores transparentes y eficientes del patrimonio público, aunque su origen fuese ilegítimo e ilegal, estas estarían en contradicción y conflicto permanente con los valores y principios de un Estado democrático de Derecho y Justicia-EDDJ, generando ciudadanos que serían y se sentirían ilegal e ilegítimamente despojados del derecho humano de “participar” en las decisiones públicas.

En el caso venezolano, las autoridades no son sólo ilegales e ilegítimas en su origen SE-CNE-VOTO, diseñado y operado más allá de desconocer la voluntad de los ciudadanos, para manipular descaradamente la proclamación de tales “autoridades”, sino que adicionalmente, las evidencias de la destrucción deliberada de las instituciones confirman una orientación y ejercicio también deliberadamente totalitario y fascista, violatorio de los derechos humanos-DDHH, con el agravante de la asociación del régimen con el narcotráfico, la legitimación de capitales, el saqueo de los fondos públicos, la guerrilla y con el crimen organizado transnacional.

La complicidad más perversa con el régimen totalitario que usurpa los poderes públicos y asfixia la iniciativa privada y las libertades públicas, es la de asociarse para ofrecer una salida hacia la democracia mediante la participación pasiva o activa en el fraude SE-CNE-VOTO, que desde 2003 sólo ha permitido contribuir a confundir la opinión pública nacional e internacional y legitimar una nueva “iglesia-régimen”, conformado por “curas excomulgados” por la voluntad popular, que se “disfrazan” con los hábitos y símbolos “religiosos” y ejercen criminalmente las funciones que usurpan, tanto por el origen de sus proclamaciones como por ser convictos de los crímenes que cometen cotidianamente, en contra del patrimonio de la nación y de los DDHH de todos los ciudadanos.

El inicio de la solución del problema pasa por reconocer los orígenes del mismo. Así como, en cualquier obra trascendente tanto de la naturaleza como de los humanos, las fundaciones determinan su salud y longevidad, en Venezuela, el primer paso es decidirse a desconocer las autoridades ilegítimas e ilegales, como lo ordena la Constitución y actuar “creativamente” para su restablecimiento pleno.