Marzo 3, 2006. La verdad electoral y los medios de comunicación

LA VERDAD ELECTORAL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Rómulo Lares Sánchez. 7.03.06

La cantidad de información electoral inexacta, sesgada y falsa que se difunde diariamente a través de los medios de comunicación social es alarmante, conforma una de las violaciones de mayor grado del Sistema Electoral-SE, equiparable, entre otras, a los vicios del Registro Electoral-RE, de su contaminación por la emisión viciada de cédulas de identidad, o al proceso de automatización, para mencionar sólo dos de los varios temas que individualmente determinarían, en una nación o sociedad seria, la suspensión de cualquier actividad electoral hasta la absoluta subsanación de los vicios y su aceptación o aprobación por parte de la ciudadanía.

El antecedente jurídico, en la hipótesis de un sistema judicial tradicional, fue expresado en la sentencia de la Sala Constitucional-SC del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ, cuando en mayo del 2000, suspendió el acto electoral conocido como “megaelecciones”, fundamentando su decisión en el argumento de los vicios por insuficiencia en “la información al elector”. La elección de todos los funcionarios públicos en un sólo acto, conformaba una variedad de combinaciones en la selección de opciones a los niveles nacional, regional y municipal, ejecutivo y cuerpos deliberantes, que impedía por su complejidad la debida evaluación de los electores y por consiguiente impedía la adecuada selección de los candidatos. Sin lugar a dudas ésta sería una razón suficiente para suspender el acto electoral, aunque también es obvio que el cronograma electoral había colapsado y era imposible efectuar el acto del 28 de mayo.

Independientemente de las dudas que durante la historia electoral pudieron ensombrecer algún acto electoral en Venezuela, éstas podrían ser despreciadas y olvidadas ante el cúmulo de vicios en el SE en los últimos años, por consiguiente enfocaremos nuestra observación a partir del período de preparación y convocatoria para el 2 de febrero de 2003 del Referéndum Consultivo sobre la gestión de Hugo Chávez. El CNE surgido de la mesa de diálogo conformada tanto por las fuerzas políticas de oposición y gobierno, representados o no en el parlamento, como por diversas instituciones de la sociedad, empresariado, sindicatos, academias, iglesias y organizaciones de las sociedad civil, diversidad convocada como consecuencia del colapso escandaloso del 28 de mayo, fue permanentemente impedido de cumplir con sus obligaciones constitucionales, tanto por las acciones de sabotaje internos al Poder Electoral, como también las provenientes del resto de los poderes públicos y las de otros actores políticos nacionales. La defensa de la institución electoral por parte de la mayoría del directorio del CNE, circunstancialmente inconveniente a los intereses del régimen se encuentra en el origen de tal acción de estrangulamiento de su autonomía, hasta la inmovilidad jurídica, administrativa, financiera. Tal circunstancia no fue debidamente considerada por la Mesa de Diálogo Negociación y Acuerdos, cuando en el acuerdo del 23 de mayo del 2003, se estableció la necesidad de “sustituir” el CNE como una de las condiciones que permitirían impedir el estallido de “guerra civil”.

La realidad es que al CNE que defendía la institución electoral, el Poder Electoral, no fue siquiera considerado para el debate de los aspectos electorales del acuerdo referido; fueron removidas y sustituidas sus autoridades mediante acuerdos políticos en la SC del TSJ, al margen de la Constitución y de espaldas a la sociedad civil.

¿Cómo podría un CNE que convocó de manera transparente el Referéndum Consultivo-RC legítimamente solicitado por más de 2.1 millones de electores, ser percibido como el responsable de la crisis electoral, por esos mismos electores? La respuesta podría encontrarse en la forma como fue reflejada la “realidad” electoral por los medios de comunicación social. La sociedad civil le dio también la espalda, a pesar de su interés por la convocatoria del RC y del trascendente hecho cuando el CNE interpretando la característica prioritaria “participativa” de la Constitución de 1999, había incorporado 100 mil voluntarios para el denominado “Plan Ciudadanía” para ejecutar el RC previamente convocado y persistentemente saboteado, mediante el financiamiento colectivo por aportes privados. Sin embargo ese legítimo y legal CNE fue sustituido por el del célebre Francisco Carrasquero, que recibió el respaldo absoluto de los poderes públicos y retomó completamente su autonomía, iniciándose con la brutal anulación de más de 3.5 millones de firmas de electores que demandaban la convocatoria de Referéndum Revocatorio del mandato de Hugo Chávez.

Sin entrar en la red de relaciones entre poder público, partidos políticos, empresarios, empleados, obreros, medios de comunicación, la realidad objetiva es que después de más de 3 años de ejecución del proyecto “Frankenstein-CNE”, fue destruida absolutamente la institución del “voto” en Venezuela.

Los actores políticos insisten en que es posible pensar en elecciones con el SE actual. Esta posición es equivalente a que con maquillaje o cirugía plástica podrían resolverse los problemas renales, cardíacos o hepáticos. Su muy larga lista de vicios y desviaciones estructurales requiere un esfuerzo mucho mayor que de remodelación, no es posible resolverla sino con la demolición, para construir la institución capaz de asumir la carga, la responsabilidad de “fundación” de la democracia.

Los medios de comunicación social deben cumplir con su función social, para asegurar que la sociedad civil obtenga la información pertinente y tenga la opción de participar en el debate que le permita apreciar plenamente el alcance de la conclusión de los técnicos y expertos electorales: “LA FRAGILIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL-SE ANULA ABSOLUTAMENTE CUALQUIER POSIBILIDAD DE SER UTILIZADO EN EL MEDIANO PLAZO”. El 4 de diciembre de 2004 el país entero se pronunció, cuando la ausencia deliberada y la presencia obligada de votantes con un alto índice de votos nulos, rechazó claramente el SE.

Asumir plenamente la responsabilidad social del medio de comunicación como pilar fundamental de la democracia, asegurando la libertad de información y la diversidad de las opiniones, es un paso que no han dado los medios ni tampoco ha sido exigido por la sociedad. Los propietarios y en general los medios, han venido escudando sus desviaciones detrás de las presiones del gobierno-régimen, del acoso fiscal, regulatorio-nueva ley, judicial, mediante el mecanismo de la “autocensura”, pretendiendo ser exonerados por su falta de responsabilidad, trasladando su responsabilidad al exterior del medio, hacia el Estado. ¿Es que los valores empresariales, la responsabilidad social ante empleados, proveedores, clientes-anunciantes y socios, es decir el objeto como empresa mercantil, esta primero en la escala de valores éticos, constitucionales, que la responsabilidad de informar y comunicar con libertad y ampliamente, es decir la razón de ser de esa empresa en democracia?

La decadencia y desprestigio de los partidos políticos, demostrada por los triunfos de CAPII, con los “tecnócratas” y sin su partido Acción Democrática-AD; Caldera II con el “chiripero” y sin su partido COPEI; Chávez con el anti-partidismo “puntofijista”, las “izquierdas” y las FFAA, es la base de la argumentación mediante la que los propietarios de los medios de comunicación han pretendido justificar su estelar actuación como activistas políticos. Argumentan que su responsabilidad como instituciones de la democracia las obligó a ocupar ese espacio desatendido por la irresponsabilidad de los partidos políticos. Habría que debatir este tema profundamente, tomando en consideración los diversos intereses económicos de los propietarios de medios. El impacto que sobre la responsabilidad del “medio” tienen sus políticas mercantiles-empresariales expresadas en su relación con proveedores y clientes. Casos específicos permitirían iluminar adecuadamente esta investigación, tales como: la política de contratación de publicidad mediante el mecanismo de la “pre-venta anual de espacios”; los acuerdos de “redistribución” de los ingresos entre medios; la participación en la propiedad de las empresas anunciantes, entre otros.

La proyección del fenómeno de la administración y dirección de los medios cuya propiedad es del Estado refleja en el fondo características similares. El administrador público dispone del medio primero como instrumento para la promoción, defensa de su gestión, para la propaganda ideológica, para su interés “particular”, dejando en segundo término el aspecto fundamental de bien común, de instrumento para la comunicación e información de los ciudadanos. Los múltiples medios controlados por el Estado “cuidan su interés” promoviendo sus aliados exclusivamente. El caso patético del “Show Aló Presidente” y las interminables cadenas rebasarían cualquier capacidad de asombro, mientras no se acepte la condición primitiva y abiertamente dictatorial del régimen actual.

La similitud del fenómeno de la comunicación e información tanto en el sector público como en el privado subraya el carácter generalizado del fenómeno. En ambos casos la razón de ser de “los medios”, la democracia, el ciudadano, pasa a segundo plano, quedando como prioridad el interés particular del propietario o del que controla el medio. Esta doble circunstancia, la inexistencia en nuestra sociedad de comunicación e información libre por un lado, y por el otro el privilegio al “interés particular” de los propietarios o de los controladores antes que el del ciudadano, es la razón fundamental para que desde el punto de vista de la “técnica electoral” promovamos el debate de tan perversa circunstancia, la que de no resolverse impide el ejercicio equilibrado del acto electoral legítimo, fundación de la democracia.

El punto de encuentro de las redes medios-políticos del régimen y de “las oposiciones”, que permite trazar la frontera con la Sociedad Civil, lo determinan las “complicidades electorales-políticas” que se desarrollaron a partir del RC de Hugo Chávez, y se confirmaron en el RRI, RRII y en las elecciones regionales de octubre de 2004, municipales de agosto de 2005, cuando “oposiciones” y régimen se reparten los presupuestos públicos del estado, quedando la Sociedad Civil siempre en el aire o de lado, hasta su “despertar” el 4 de diciembre de 2005, cuando ésta toma la iniciativa y se deslinda del régimen y de las oposiciones e inicia su propia búsqueda. Para que encontremos una salida hacia la democracia hará falta “despertar” nuestra conciencia colectiva poniendo a su servicio los medios de comunicación públicos y privados.

Nota: Celebro que la Cátedra Pío Tamayo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-FACES de la Universidad Central de Venezuela-UCV, haya acogido la propuesta de atención formal al análisis de este fundamental tema “MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEMOCARACIA”, particularmente en el aspecto ELECTORAL como fundamento de la DEMOCRACIA, indispensable y urgente para su recuperación, desarrollo y futura consolidación. En la etapa actual de actividades de la Cátedra este tema es prioritario, tanto para la multiplicación de la capacidad de la “Red de Redes” para divulgar la base conceptual y académica, para la lucha contra la destrucción de las instituciones, como para la construcción y divulgación conjuntamente del prontuario de la destrucción y de las propuestas para la construcción de la futura DEMOCRACIA verdadera.