domingo, 20 de febrero de 2022
Febrero 24, 2006. Primero, lo primero: DEMOCRACIA
PRIMERO, LO PRIMERO: DEMOCRACIA
Rómulo Lares Sánchez, Caracas 24.02.06
En lo relativo al tema electoral, la confusión que angustia más es la que practican públicamente, a través de los medios de comunicación social, las elites intelectuales de la Venezuela actual, en lo relativo al tema electoral, de la técnica electoral, de la realidad científica electoral. Reconocidos intelectuales incursionan en el tema electoral dejando constancia plena de su desconocimiento, mejor, ignorancia sobre este delicado tema, sembrando por lo tanto ideas falsas entre los habitantes y ciudadanos que confían en dichas opiniones, en virtud del respeto bien ganado en sus respectivas artes por estos “improvisados especialistas electorales”.
Me refiero al Sistema Electoral-SE confiable que satisfaga las aspiraciones de las minorías de ciudadanos como al primer escalón necesario, aunque no suficiente, para calificar a un Estado-nación de democrático, cuando por esta vía su gobierno, sus autoridades son legitimadas; lo que obliga a garantizar ciertas condiciones en su diseño, organización y ejecución. A partir del 22 de febrero de 2000 desaparece la democracia cuando se impidió el derecho humano a la participación, mediante las infelices decisiones del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ, primero en la Sala Electoral Accidental, la suspensión del Referéndum Consultivo sobre la gestión del Comandante Hugo Chávez F, y la posterior remoción-designación ilegal de los rectores del CNE por parte de la Sala Constitucional.
Simultáneamente se fueron consolidando dentro del Consejo Nacional Electoral-CNE, de manera precisa, las desviaciones que se introdujeron al Sistema Electoral y a los organismos subordinados y complementarios del CNE. Es decir: contratación de personal parcializada; fiscalización de la cedulación eliminada; contratación de tecnologías y sistemas de automatización clandestinos; conformación de órganos del Poder Electoral y de los cuerpos complementarios viciadas; manipulación de la observación internacional y nacional; manipulación de los procesos de auditoria; ilegitimidad y manipulación del proceso de cedulación; ilegitimidad en la designación de las autoridades; falta de transparencia de los procesos de impugnación de las diversas etapas electorales; de registro y control de las actividades de los partidos políticos; de los sindicatos; de los colegios profesionales; imposición de normas extemporáneas, ilegítimas e ilegales; irrespeto y falta de control de las etapas de los procesos electorales; clandestinidad e irregularidades del Registro Electoral; falta de publicidad de los actos electorales; entre algunas otras.
La obvia conclusión ante la evolución del Sistema Electoral descrito anteriormente, es que las diversas autoridades pretendidamente legitimadas por el Sistema Electoral no tienen legitimidad ni legalidad alguna. Es decir, en orden cronológico, no poseen legalidad alguna como consecuencia de origen ilegítimo: Hugo Chávez F., gobernadores, alcaldes, concejales, diputados a los consejos legislativos estadales, miembros de juntas parroquiales y diputados a la Asamblea Nacional. Podríamos agregar a las razones estrictamente vicios-electorales, el origen también ilegítimo del CNE creado por la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ ya referida.
Sería entonces comprensible que la complicidad de los políticos y de sus organizaciones en la evolución del Sistema Electoral, de su muy dramática y real situación actual, en el túnel que como consecuencia se encuentra la sociedad venezolana, sea lo que hoy impide que éstos reaccionen y se incorporen en la lucha para la recuperación de la democracia que, como primer paso hemos aceptado requiere tanto del Sistema Electoral como del órgano rector-CNE que sean confiables. Asumimos la buena fe de los intelectuales, su ignorancia antes que la existencia de compromisos con los sectores políticos, lo que sería la causa de sus constantes equivocaciones y desviaciones en relación al tema electoral.
Adicionalmente existen otros elementos de gran efecto en la realización de “actos electorales”, que conducirían igualmente a su ilegitimidad e ilegalidad, por la gravedad, por el impacto que tendrían sobre el equilibrio electoral tales como: el estado de acoso, persecución y terror, mediante el uso de listas de ciudadanos por su condición de promotores de alguno de los referéndum solicitados; los abusos en el uso de los recursos del estado, los estados y los municipios; los desequilibrios en la administración de justicia; la abiertamente aceptada condición de la “autocensura” de los medios de comunicación social; la presunta política institucional a favor del régimen de instancias públicas responsables del control de las divisas, de los impuestos, de las diversas corporaciones y empresas del estado.
Si tomamos como caso el Referéndum Revocatorio-RR del mandato de Hugo Chávez efectuado el 15.08.04, transformado de manera bochornosa por el CNE en un “Referéndum Ratificatorio”, es evidente de la lista de irregularidades presentada, a la que debemos adicionar la injerencia directa del Poder Ejecutivo, de sus diversas dependencias, incluida la Fuerza Armada absolutamente parcializada, en la autoridad y autonomía del Poder Electoral para la organización del RR, lo que sin lugar a dudas, de haber habido un verdadero Poder Electoral-CNE, hubiera conducido a la suspensión de tal acto. Aún así se realizó, quedando registrado en los medios y en la memoria de la ciudadanía, la denuncia de fraude de parte de los promotores del evento RR y la ausencia de celebración de los partidos afectos al régimen de la “ratificación” de Hugo Chávez. Ante la matriz de opinión política y mediática que concentraba el debate sobre el fraude del RR en el día del acto electoral, reunimos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela-CIV el pasado mes de octubre de 2005, un panel de distinguidos miembros de esta corporación de 165 mil colegiados, conformado por Freddy Malpica Pérez, ex Rector de la USB, Eduardo Roche Lander, ex Vicepresidente del CSE y ex Contralor general de la República, Alfredo Avella Guevara, ex Presidente del CNE, quienes presentaron sus análisis sobre el RR, llegando a la conclusión unánime de que el Sistema Electoral venezolano no puede ser utilizado debido a sus inmensa fragilidad y debilidades, además fueron presentadas las pruebas digitales, equivalentes a las huellas dactilares o pruebas de ADN que demuestran el fraude del RR. La consecuencia es matemática: Hugo Chávez F. es a partir de esa fecha dictador de Venezuela.
Ante estas contundentes evidencias es obligación de la intelectualidad venezolana opinar con seriedad y denunciar, que de haber un Poder Electoral-CNE autónomo y serio, la única conclusión posible hubiese sido la aplicación del Artículo 293, numeral 4 de la Constitución de la República de 1999 vigente: “Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones”. En todos los casos referidos así como en el ejemplo particular, sólo cabe la “nulidad total”, es decir ninguna de esas autoridades es legítima. Esta debería ser la primera decisión de un CNE autónomo.
Hablemos primero de democracia. En democracia podremos discutir y negociar sobre los múltiples temas que deben ser convenidos en una sociedad civilizada. En democracia, cada ciudadano, cada comunidad participa en el diseño de su futuro, no se lo endosa al caudillo de turno. En democracia el caudillismo desaparece. En democracia las diferencias las resolvemos con los votos. Las autoridades las elegimos, las renovamos y las revocamos con los votos. En democracia funcionan sus instituciones los poderes públicos son autónomos y se controlan unos a otros mediante el principio del equilibrio entre los poderes, las autoridades elegidas y designadas tienen que ejecutar los planes establecidos y acordados por los ciudadanos al favorecer con su participación y voto la opción electoral correspondiente.
Venezuela necesita de ciudadanas y ciudadanos, de mujeres y hombres dispuestos a hacer valer nuestros verdaderos valores democráticos, éticos, nuestra dignidad, bien ganada a través de las luchas y la sangre derramada por varias generaciones, dispuestos a defenderla a cualquier precio, incluido el de la vida, con tal de asegurar la trascendencia de las futuras generaciones y de la nación.
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