MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OCUPACIÓN DE VENEZUELA POR EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Suscribo íntegramente comentario tomado de la conclusión del Editorial de "EL NACIONAL" de Miguel H. Otero y me permito ampliarlo a la dimensión en la que estimo debería ser presentado para que fuese digerido por nuestros compatriotas y por el mundo, como otra condición necesaria para que Venezuela y los venezolanos podamos retomar el camino de los seres libres, es decir, cuando tengamos la valentía para reconocer la verdad y despreciemos con furia la traición, la contemporización, el colaboracionismo, la complicidad con el crimen organizado transnacional que nos invadió con nuestros propios recursos y consentimiento y que nos ocupa militar y administrativamente a partir de 1999.

Una búsqueda en un debate democrático en los medios que habría sido impedido, que generaría confusión y complicidad con actos "heroicos", como que nos inmolásemos en la calle de manera pública, notoria y comunicacional, en espectáculos absurdos como "entregarse" para ser "juzgados" por los invasores por cumplir con nuestros deberes históricos y ciudadanos, o promoviendo la "entrega-sacrificio" de la vida por la Libertad para ser asesinados por el crimen organizado disfrazado de ideología, ambos crímenes ejecutados "in fraganti", tanto por parte del "asesino" como por el de la "víctima". El del "dirigente" claramente cómplice con la ocupación y el del "guerrero", por asimilar su acto con la desesperación y el "suicidio". Ambos casos tendrían que ver con las consecuencias de la complicidad generalizada con los crímenes contra la Humanidad, porque son abiertamente ejecutados de manera sistemática, planificados como "política del Estado" forajido y fallido.

Tanto "EL NACIONAL", sus propietarios, editores, directores y periodistas, como los del resto de los denominados medios de comunicación social, pretenden comparar y distinguir entre AN y ANC, cuando la segunda es consecuencia y responsabilidad de las primeras (y del Congreso en 1999). Entrar en este "detalle" de compararlas formaría parte, en nuestro criterio, de la persistente confusión que contribuiría con la evasión de la realidad oscureciendo la flagrancia cómplice de los crímenes referidos.

Después de 18 años de ocupación y sometidos por el crimen organizado, habría quedado demostrado que primero estarían como antecedentes y antecesoras también las ANs en mayor o menor grado, las mesas de "diálogos" y de “negociaciones y acuerdos” de turno y todos los individuos que asumieron los demás cargos públicos, sindicales, gremiales, continentales, nacionales, regionales y municipales proclamados por el centro administrativo consolidado para la ocupación a partir de 2003, el CNE, todos serían asimilables directamente, aunque menos grotesca su comparación por supuesto por su progresividad criminal, con las más escandalosas de todas, las ANCs.

Todas estas instituciones conformadas por tales "proclamados" han sido ilegítimas en sus orígenes pero también en sus desempeños ilegales, cómplices de las consecuencias de sus existencias ilegítimas, conformando grupos de las diversas categorías de usurpadores de la representación del Estado que deberán responder por su complicidad, "involuntaria" o "voluntaria" con los crímenes de lesa Humanidad y de lesa Patria, que como sabemos no prescriben y su jurisdicción es planetaria. En la escala de complicidades estarían en la cúpula los invasores y sus cómplices nacionales, sin lugar a dudas, pero no quedarían exentos, descendiendo por esa pirámide, todos los demás niveles y escalones participantes, es decir, también los habitantes despojados de su ciudadanía, aunque en menor grado debido a la manipulación y el engaño de la opinión pública nacional y foránea por parte de las instituciones del Estado y demás organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas, en la cúpula de la complicidad, los medios de comunicación social por su censura y autocensura, presentando sólo dos supuestas visiones "únicas", en realidad la misma, los miembros de la Policía Constitucional o FFAANN por la gravedad de la traición, como las iglesias y cultos, una larga lista de la que sería difícil excluir alguna institución como tampoco los mismos ciudadanos. De tal manera que quedase expuesta al Sol la realidad de Venezuela habiendo perdido su identidad, una ex Patria, un ex país que se describe sin rodeos como el territorio arrasado del HOLOCAUSTO del siglo XXI.

Tomado de: EL NACIONAL. EDITORIAL
"Sobre el odio y la traición a la patria"
Por: MIGUEL HENRIQUE OTERO. (04/09/2017).

"Ante la pregunta ¿en qué consiste el legado de Chávez?, no tengo duda en contestar: en haber instaurado un ejercicio de la política y del poder basado en el odio. Chávez ha quedado inscrito en la historia contemporánea de Venezuela como el autor principal y agitador de la política del odio.
Cuando hablo de política del odio me refiero a hechos concretos. En primer lugar, a sus recurrentes expresiones de odio –perdone el lector la redundancia, pero es inevitable–, de desprecio y descalificación de prácticamente todos los sectores de la sociedad, a lo largo de los años. Desde que, siendo todavía candidato, dijera que freiría en aceite hirviendo las cabezas de los dirigentes de Acción Democrática, vilipendiar, injuriar, descalificar e infamar a quienes no le apoyaban adquirió categoría de política de gobierno. Están registradas y clasificadas casi 2.000 intervenciones públicas en las cuales ejerció la que fue su única y recurrente voluntad: denigrar al otro, deformar la realidad.
Chávez ya está inscrito en la historia por su modo de referirse a los demás: escuálidos, pitiyanquis, lacayos del imperio, imbéciles, etcétera. Curiosamente, el protagonista de un golpe de Estado descalificaba a los demás llamándoles “golpistas”. Los ejemplos son miles: a los miembros de la Conferencia Episcopal les llamó “demonios, estúpidos, vagabundos”. Cuando perdió el referéndum de diciembre de 2007, su odio destiló en una frase: Victoria de mierda. En decenas de oportunidades, calificó a periodistas, empresarios, sacerdotes y dirigentes políticos de arrastrados. A Condolezza Rice la llamó analfabeta. Y así, una y otra vez, en una cadena de insultos sin final.
Pero esta práctica sistemática de denigración verbal estuvo siempre acompañada de otras formas específicas de odio: Chávez convirtió a los disidentes en enemigos, y la exclusión, en política de Estado. La llamada lista de Tascón está en el epicentro de decisiones que, en todos los niveles de la administración pública, afectaron la vida real de millones de familias en todo el país: perdieron sus empleos, sus propiedades y sus derechos, perseguidos por un poder especializado en excluir y humillar.
Las bandas paramilitares; los ataques, con muertos y heridos, a las marchas de los ciudadanos demócratas; la frase “las FARC no son un grupo terrorista”; los presos torturados y aislados; las torturas a los familiares de los presos políticos, a quienes castigan con la práctica sistematizada de los traslados ocultos y la desinformación; la impunidad de la que gozan los uniformados que disparan, matan y hieren a quienes protestan desarmados; el asalto a las instituciones y a los dineros públicos, todas son creaciones de Chávez y de sus seguidores.
El que la fraudulenta, ilegal e ilegítima asamblea nacional constituyente anuncie una ley contra delitos de odio, intolerancia y violencia, no es sino un refinamiento de esa política del odio. No es un juego de palabras. Lo que la ley propone, en su fondo, es esto: legitimar su odio. Impedir que los ciudadanos se defiendan del odio del poder. Amarrarlos. Impedir que protesten. Callarlos. Convertir a Venezuela en una especie de paredón mudo, donde los ciudadanos queden expuestos a la voluntad omnipotente de Maduro y su régimen: que reciban los ataques, los golpes, el hambre, la enfermedad y la muerte, pero en total silencio. Con la cabeza gacha.
Que la fraudulenta, ilegal e ilegítima asamblea nacional constituyente se proponga ahora juzgar a los diputados y dirigentes políticos de las fuerzas democráticas, bajo la acusación de traición a la patria, no es sino una extensión, una ratificación de su odio insaciable. El régimen descarado –traidor sin atenuantes que ha entregado las riquezas del país y la soberanía de Venezuela al régimen cubano– quiere, además, asegurarse su impunidad: quien formule denuncias sobre la situación permanente de violación de los derechos humanos –que son delitos de carácter universal, al alcance de leyes internacionales– podría ser enjuiciado por “traición a la patria”, es decir, por oponerse a la política del odio.
El lector no debe olvidar nunca esto: que la existencia misma de la asamblea nacional constituyente, fraudulenta, ilegal e ilegítima no perderá esa condición. Nunca será legal ni legítima. Los señores y señoras que la integran no representan a la sociedad venezolana. Cada una de sus actuaciones es delictuosa. Cada una de sus decisiones, ilegales e ilegítimas. Sobre una serie de delitos que condujeron a su instalación, cada día se suman otros. Es el juego perverso del odio: cada línea producida por esa ANC es, ni más menos, un expediente en su contra. Por ello deberán responder ante tribunales legítimos. Muy pronto."