IGNORANCIA-COMPLICIDAD CASO VENEZUELA

LA ACADEMIA NORTEAMERICANA, LA INCOMPRENSIÓN DEL CASO VENEZUELA Y LA PUSILANIMIDAD DE NUESTROS UNIVERSITARIOS
Rómulo Lares Sánchez. 11MARZO2010

El profesor Michael Coppedge del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, Indiana, USA, ha sido invitado a Venezuela por el Departamento de Estado y como huésped de la Embajada Norteamericana ha ofrecido conferencias en diversas universidades venezolanas. Tuvimos la oportunidad de asistir tanto a la de la Universidad Simón Bolívar como a la de la Central de Venezuela. La primera muy concurrida por estudiantes y profesores abarrotó el pequeño espacio disponible, mientras que el de la UCV, con doble capacidad, contaría con una concurrencia escuálida, que se correspondía con la inexistencia de invitación expuesta en alguna de la docena de carteleras disponibles.

El profesor-investigador en gobierno y estudios internacionales solicitó la colaboración de los auditorios mediante sus comentarios y preguntas de quienes serían, a su juicio, los que sabrían qué es lo que ocurre en realidad en Venezuela. Visitante en diversas oportunidades, es considerado un experto en calidad de la democracia y metodología comparativa de políticas que ha aplicado y publicado sobre América latina y también sobre la nuestra, tales como: “Strong Parties and Lame Ducks: Prsidential Patriarchy and Factionalism in Venezuela” (1994); “Soberanía popular versus democracia liberal en Venezuela, Construyendo gobernabilidad democrática” (2005); “Explaining Democratic Deterioration in Venezuela Through Nested Inference” (2007). Para respaldar sus argumentos dispuso de los resultados de la investigación cuantitativa con más de 1500 países-años que le permiten relacionar las variables desarrollo económico y herencia militar, para comparar la estabilidad de los regímenes presidencialistas con los parlamentaristas y establecer el nivel de fragilidad y de longevidad en cada caso.

Mientras que su investigación cuantitativa sobre el tema con Juan Linz (España) determinaría la fragilidad del presidencialismo, las posteriores de José A. Cheibub (2007) la igualarían, en general, con el parlamentarismo, encontrándose una dispersión que ratificaría la fragilidad o la posibilidad de quiebre de las primeras en los casos de países experimentados con gobiernos militares, más pobres y latinoamericanos. El respaldo estadístico de las conclusiones permiten apreciar la efectividad de los instrumentos diseñados, lo que no parece posible, por varias razones que enunciaré más adelante, es la pretensión del catedrático visitante de aplicarlas, a partir de 2000 en el Caso Venezuela. Adicionalmente, algunas de sus apreciaciones cualitativas generarían argumentos polémicos cuando consideramos su aplicabilidad en nuestro caso.

Su visión de la “salida inconstitucional” en el caso chileno de Allende, o la del “juicio político” como única salida a la crisis política en el presidencialismo, nos parecen francamente limitadas, también para aplicarlas a la situación venezolana. Con respecto a la primera, pareciera que la acción de las instituciones para restablecer el Estado de Derecho, en particular la de la Institución Militar, de acuerdo con su obligación constitucional, sería considerada automáticamente “inconstitucional”. Como ejemplo reciente citemos el Caso de Honduras. Pareciera abrazar el dogma de asimilar constitucionalidad con el privilegio del uso del sufragio antes que los demás instrumentos también constitucionales aunque no señala el mecanismo de los referenda. Por otro lado: ¿no sería el mismo “juicio político” del funcionario-presidente, la opción tanto en el caso de un régimen parlamentario como en el presidencial?

Por nuestra parte observamos, que entre las señales de la madurez del “experimento” de la democracia venezolana (1969-1999) podríamos referir los juicios políticos al ex presidente Lusinchi y al presidente Carlos Andrés Pérez en el segundo ejercicio; que desencadenaron juicios administrativos y penales. La degradación de la estabilidad democrática hasta su desaparición progresiva a partir de 1999, obliga necesariamente a plantear la confusión de las señales como más bien de signo contrario: de inmadurez política, si juzgamos por sus consecuencias o por su desenlace en desarrollo.

Una de las herramientas creadas por el Profesor Coppedge es su “Índice de Mayoría Confiable-IMC”, que desarrolló y calculó para comparar la evolución político-administrativa y la fragilidad entre los gobiernos y en diversas democracias latinoamericanas, con el que relacionaría variables de la mayoría parlamentaria como tamaño, disciplina, polarización y colaboración partido-presidente. La tabla que resume los IMC desde la presidencia de Rómulo Betancourt hasta las de Hugo Chávez, permitirían corroborar la efectividad de su uso. En los casos Lusinchi y CAP II, opuestos, el primero con alto IMC y el segundo con bajo, explicarían porqué el juicio del primero tuvo que esperar el cambio de parlamento, mientras que el segundo fue removido, de su cargo, por éste. En esa misma tabla presenta a Chávez con bajo IMC en 1999, pero alto en 2000 y en 2005.

Acompañado con estos hallazgos cuantitativos, Coppedge considera que a partir del 15DIC1999 (Aprobación Constitución) se inició la pérdida del modelo liberal y la demolición de las antiguas instituciones, por lo que estima que nuestra “democracia ya estaría en dudas” afirmando sus simpatías con la Constitución 1961. Esta opinión, compartida con algunos investigadores venezolanos, también conduce a distraernos de las “realidades” locales, que sin necesidad del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que valida el conferencista, nos permite concluir desde el punto de vista de la legitimidad del origen de todas las autoridades proclamadas por la “autoridad electoral”, que usurpan sus funciones, pero también que por las características en su desempeño quedaría demostrada su ilegalidad por partida doble y determinarían la inexistencia de Estado de Derecho en Venezuela. Sin embargo, aplica una investigación diseñada para comprender y comparar “estados democráticos” a nuestro caso: “las dudas” todavía lo acompañan hoy.

Según estas conclusiones, sus referencias a la “Asamblea Nacional” contribuyen a legitimar otra institución absolutamente fraudulenta, que usurpa de forma integral el Poder Legislativo nacional, a la que también aplica un nivel de desempeño en función del nivel de producción de leyes aunque éstas estuviesen también en su estructura al margen de la ley. Como en los casos de los demás poderes públicos, nos presenta referencias a la retórica polarizante o al sometimiento de los poderes al ejecutivo, como descripción de una realidad de franca categoría totalitaria.

Cuesta comprender adicionalmente, cómo un catedrático de esta experiencia nacional no esté informado sobre las características de la data “oficial-pública” en Venezuela, desde aquella relacionada con la población y con la nacionalidad, financiera, impuestos, energética, laboral, seguridad social, educación, las que habrían alcanzado un nivel de contaminación y de manipulación intensivo y extensivo por parte del régimen, lo que ha conducido a contaminar los trabajos de investigación social cuantitativos, aquellos referidos al diseño y análisis de encuestas por una parte, pero adicionalmente, han sido manipuladas otras bases de datos tales como las relacionadas con el Registro de Electores. Es abundante la documentación de las investigaciones de diverso orden y origen publicadas nacional e internacionalmente que así lo demuestran, para confirmar el diseño y la realización de un fraude electoral permanente y continuado a partir de 2002. Ver: FRENTE PATRIÓTICO / www.frentepatriotico.com ; Cátedra Pío Tamayo – UCV / www.catedrapiotamayo.com ; ESDATA / www.esdata.info ; OBSERVATORIO ELECTORAL / www.observatorioelectoralhistorial.blogspot.com )

No es posible entonces, en el ámbito del método científico, del positivismo imperante como plano epistemológico en el que se desarrollan las investigaciones del Prof. Coppedge, que pretenda asimilar a la investigación índices calculados a partir de 2000, que desvirtuarían por completo la validez cuantitativa de sus investigaciones en el Caso Venezuela y en consecuencia su comparación con otras naciones. Adicionalmente, es inaceptable que se contribuya a confundir aún más al Departamento de Estado y a la comunidad internacional, incorporando a Venezuela en una investigación comparativa que sólo sería posible en el ámbito de una democracia, de la comparación entre pares democráticos.

Cuando a la violación de la Carta Democrática Interamericana y a la lista incompleta de violaciones del Estado de Derecho y a los derechos humanos contenidas en le Informe reciente de la CIDDHH de la OEA de NOV2009 sobre Venezuela, le adicionamos la lista de desviaciones escandalosas, censuradas y autocensuradas por las academias y los medios de comunicación social, tales como: la ilegitimidad e ilegalidad de todos los funcionarios públicos así como del Poder Público nacional que las proclama: el Consejo Nacional Electoral-CNE, la entrega de la soberanía a estados extranjeros mediante la creación de VENECUBA y sometiendo las instituciones nacionales al control extranjero, entre ellas la fuerza armada nacional, la asociación con estados considerados forajidos por la comunidad internacional y con su industria nuclear y militar, la asociación con la subversión regional y mundial, con el narcotráfico, la guerrilla, la legitimación de capitales, el saqueo de los activos de la nación, la injerencia en los asuntos internos de otras naciones, en todos los órdenes, inclusive enviando personal civil y militar, armas y materiales militares, financiado campañas internas, en fin, ¿cómo se puede calificar el régimen con tales características que usurpa la representación del Estado de “democracia en duda”? ¡Por favor, recapacitemos! y ¡reaccionemos!

Debe ser considerada muchísimo más grave la reacción de los auditorios, la respuesta de los asistentes y testigos venezolanos, miembros de la academia, estudiantes y profesores ante tales argumentos. La aceptación pasiva de las tesis del Prof. Coppedge, tanto en la USB como en la UCV, nos resultaron escandalosas. Pudiésemos considerar como legítimo que el auditorio, fundamentalmente académico, se incline por la teoría y por el debate teórico e ideológico, pero esto es inaceptable si continuamos evadiendo la trágica realidad venezolana.

Una vez más se presenta la ficción de un debate teórico-político-ideológico, ante una realidad que como mejor puede ser descrita y ha quedado documentado de manera amplia, es como la ocupación de la nación para el pleno ejercicio del crimen organizado transnacional, en sustitución pero usando como fachada los cascarones de las instituciones llenas de burócratas inconscientes, de colaboracionistas, de cómplices y de socios del régimen.