¡BASTA DE PENDEJADAS! Rómulo Lares Sánchez. 5SEP2009
Dos muy estimados compatriotas y amantes de la Patria, Eddie A. Ramírez S., eddiearamirez@hotmail.com y elreydehierro@gmail.com, establecieron entre el 1 y 4 de este mes una correspondencia originada en el artículo del primero “Dirigencia opositora”, publicado en “ELUNIVERSAL.com”, que espero que continúe con un intercambio que dejaría establecidos con claridad los entretelones e intereses que se reparten la responsabilidad del debate censurado con vehemencia a partir del 4 de diciembre de 2005, cuando se “eligió” la Asamblea Nacional-AN, después de la expresión abrumadora nacional de desconocimiento del régimen allí representado por la AN y por el Poder Electoral-CNE, mediante la interpretación de la Constitución-CRBV en su Artículo No. 350 y adicionalmente por la acción coherente para presionar por el restablecimiento de su plena vigencia ordenada por su Artículo No. 333, cuando alrededor del 80% de los inscritos arbitrariamente en un Registro Electoral-RE fraudulento la manifestaron absteniéndose, con más del 4% de votos nulos a pesar del “control de asistencia oficial” de los beneficiarios de programas “sociales” del régimen, de contratos, salarios, beneficios o gestiones de muy diversa índole, es decir del miedo y el terror, ejerciendo una altísima presión sobre los candidatos de las “oposiciones”, las cuales se vieron forzadas a retirarlos para remachar la nulidad absoluta de ese acto denominado cínicamente “electoral”.
Esa nulidad absoluta de la AN tiene su fundamento en: 1) la planificación y ejecución detallada del fraude electoral en todos los aspectos previos al acto de votación, entre ellos el Registro de Electores-RE es sólo uno de las causales que individualmente determina la nulidad absoluta de los eventuales resultados, por lo que conduciría a la suspensión del acto en cualquier sociedad civilizada; 2) la escandalosa manipulación de los medios de comunicación y de la opinión pública; 3) el uso grotesco e ilegal de todos los recursos del Estado, central, estatal y municipal; 4) las múltiples irregularidades durante el acto electoral, en sus aspectos del uso de sistemas, equipos, personal y métodos irregulares, hasta el escrutinio, la totalización y la proclamación de resultados; 5) la participación exclusiva de los candidatos del régimen, determinándose una participación y conformación única monocolor – a pesar de la promoción de grupos disfrazados de “oposiciones” para transformarlos en frentes generadores de opinión --. Pero también son nulos todos sus actos-exhortos-normas-reglamentos-decretos-leyes, por el ejercicio de la actividad parlamentaria y electoral en general, al margen del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Articulo No. 2-CRBV)
Eddie Ramírez representa a los agraviados por el régimen de Petróleos de Venezuela, quienes como todos los venezolanos y residentes hemos sido víctimas de la violación de nuestros derechos humanos, de múltiples y asquerosas formas, hasta destruir después de diez (10) años nuestros proyectos de vida, de familia y de nación, terminando, muchos, emigrados, exiliados, desempleados, perseguidos, encarcelados, secuestrados o asesinados, como consecuencia de la persecución permanente y continuada del régimen que usurpa todos los poderes públicos y la representación del Estado, gracias a la colaboración, complicidad y asociación de las oposiciones, pero sobre todo, a los errores que ha cometido el colectivo, que hemos cometido las mayorías demócratas, quienes con mayor formación y preparación tenemos también mayor responsabilidad para velar por el futuro de la hoy perdida República donde nacimos, quienes en razón de tal comportamiento errático han contribuido y permitido el avance del régimen totalitario y militarista que hoy oprime a la nación, que no es expresión de ideología alguna sino del crimen organizado transnacional asociado a la subversión y terrorista en control de nuestro territorio, instituciones y activos.
Elreydehierro ha venido representando mediante sus escritos censurados y sólo distribuidos por intermedio del Internet, así como las diversas publicaciones ofrecidas por el FRENTE PATRIÓTICO en su página www.frentepatriotico.com, una Venezuela mayoritaria cuya voz fue silenciada por el régimen conformado por los usurpadores, colaboradores y cómplices disfrazados de oposiciones, mediante la negociación y el control absoluto de los medios de comunicación social, de propiedad pública o privados, todos al servicio del régimen, cuando accedieron mediante la censura a promover la división y la polarización entre los rojos y los azules, engañando y oprimiendo con ceguera –deliberada o inocente, da lo mismo, por sus similares y trágicas consecuencias-- a las mayorías nacionales ajenas al rojo y al azul que se han venido manifestando con claridad desde los últimos 15 años del experimento democrático iniciado en 1960 y a partir de la dictadura del siglo XXI iniciada en 1999. Sin embargo, todavía hoy elreydehierro no distingue entre “…..el fraude como la ley electoral”; ¡¿qué leyes?, si desde el 4DIC2005 el Poder Legislativo es usurpado y las leyes publicadas también son fraudes, así como las “decretadas” en el otro escándalo “habilitante” por el también usurpado Poder Ejecutivo desde el 15AGO2004!
No sería necesario conocer la identidad del reydehierro para reconocerle su razón, como él le propone a Ramírez para salir del anonimato, cuando en algún momento de delirio propio de las circunstancias nacionales se “comprueben” las trágicas consecuencias de la causa equivocada que acompaña y promueve nuestro líder del personal de cuello blanco petrolero; no tendría sentido ni motivo y sería sólo posible en la clandestinidad o en el exilio tal reconocimiento; ese es el centro de mi crítica desesperada para ambos, la ceguera ante la grandísima irresponsabilidad de insistir, apoyado en los recursos del enemigo y del traidor, en conducir el rebaño hacia su condena definitiva. Las circunstancias nos exigen seriedad en nuestro proceder, la guía de los valores y principios éticos construidos por generaciones y no por acciones espasmódicas y experimentales, como reacciones a la más escandalosa traición que hayamos conocido en estas tierras desde que, como proclaman los actores contratados por los mismos traidores en relación con el origen de nuestra existencia, cuando habríamos sido “descubiertos” por Europa y “salvados” por la Iglesia Católica.
Como seres humanos todos tenemos el derecho de equivocarnos, pero algunos tenemos menos o ningún derecho de repetir una y otra vez el mismo error. Debemos asumir la responsabilidad integral de nuestras contribuciones a la realidad que hemos construido. Pertenezco a una generación que recibió todas las oportunidades de esta tierra, como muchos otros privilegiados, sin distingo del origen o color de la piel, ni de haber nacido en ella, porque su generosidad nunca distinguió entre aquellos que la adoptaban, trabajaban y la amaban por una parte, o los que la explotaban pensando en otra como siguiente destino.
La Comedia Francesa no parecería menos original al compararla con nuestra “comedia” venezolana, que no hizo perceptible que las instituciones diseñadas durante nuestra historia para la construcción de la República tuviesen la fragilidad de la utilería de un “escenario” de teatro.
¿Qué fenómenos alimentaba esta debilidad institucional?: una posible explicación la ofrece la observación de los dramas político-sociales determinados por la patología histórica de los delirios por la “reelección”, renovada por los ex presidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez, acciones que no habrían podido ser neutralizadas a pesar de ejemplos como el del ex presidente Rómulo Betancourt, cuando al concluir su mandato “constitucional” renunciara a la política activa y abandonara el país, para desde Berna, promover la contradicción que enlodaría el significado de la “acción democrática” al desconocer la expresión del soberano en elecciones internas, cuando éste escogería como candidato de Acción Democrática-AD a Luís Beltrán Prieto Figueroa, ante la apatía, la pusilanimidad de las generaciones de relevo de la cultura política, económica, sindical, profesional, académica y religiosa, invadidas por los partidos políticos.
Otro acto de pedagogía republicana y democrática lo habría ofrecido el mismo Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato, cuando a pesar del poder imperial del Presidente ante su partido y ante las instituciones del Estado, accediera con otro ejemplo de civilización para aceptar las consecuencias de su expulsión de la primera magistratura. La grave crisis política que empujaba el deslave de las instituciones por el agotamiento del sistema que las sostenía, daba muestras de generar sus propias soluciones; pero nos equivocamos, se trataba sólo de una alucinación, del espejismo del oasis que estaba seco.
La “comedia” impone recordar el papel del “pendejo” de Arturo Uslar Pietri, cuando después de una década seguimos contribuyendo con el rumbo equivocado, hacia el oscuro precipicio de la violencia “generalizada, total, permanente”. Se acepta como máxima de la gerencia profesional, incluyendo la política, que su remuneración depende de sus resultados y nunca del esfuerzo o el sudor que dejen sobre sus escritorios, en giras nacionales e internacionales o en la calle; así es considerada la gestión política en las sociedades civilizadas y también lo ha sido en las más primitivas. En Venezuela, demuestran una y otra vez su incompetencia, actúan en colaboración y complicidad con el régimen del crimen organizado transnacional asociado al narcotráfico y a la subversión, porque los resultados de su gestión, de sus “políticas” están a la vista, contribuyen a entronizarlo mientras ellos se aseguran sus “espacios” y sus presupuestos; ¡no renuncian ni los renunciamos!
Cuando un gerente muestra resultados inferiores a los comprometidos es alertado y eventualmente sancionado o despedido. La condición y mentalidad rentista imbuida en los genes de las últimas generaciones de gestores públicos en Venezuela, determinada por la condicionante simplificadora de “distribuidores de la renta petrolera”, pudiera estar en el origen de la explicación. ¿Cómo es posible que después de 10 años de errores, complicidades con el engaño de ofrecer y avalar lo imposible, pretendan algunos de los responsables seguir influenciando como guías para el restablecimiento del Estado de Derecho por la vía del sistema electoral del CNE, diseñado precisamente para burlarlo y desconocerlo, para crear resultados virtuales, para impedir la reconstrucción de las instituciones?
Se advirtió al detalle el fraude electoral y el carácter de utilería que tendrían los candidatos que serían reconocidos por el régimen-oposiciones como “representantes” del colectivo, la obvia imposibilidad de avanzar por esa vía virtual hacia la condición indispensable: el restablecimiento del Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones. Allí están los fracasos anunciados a la vista de todos, pero la atención del régimen y de los medios de comunicación social se distribuye de acuerdo con la proporción de los arreglos “democráticos” para recibir sus presupuestos de acuerdo con la “colaboración” con el estado central. Si su incompetencia y ceguera no les permitió ver lo que venía, cualquier ser digno estaría abrumado de vergüenza y hubiera renunciado. Paradójicamente esa renuncia hoy, de forma colectiva, podría desencadenar la reacción en cadena e irreversible de la nación para deponer al régimen.
El liderazgo petrolero no podrá ser exonerado de su responsabilidad por su contribución en la entronización del régimen, que ciertamente trastornó de forma criminal la vida de la “familia petrolera” pero también y primero la de la “familia venezolana”. Estos trastornos se denominan en la técnica jurídica vigente violaciones de los derechos humanos, con el carácter de crímenes de lesa humanidad y de lesa patria como consecuencia de su ejecución sistemática, adicionalmente sujetos a la jurisdicción planetaria y sin prescripción. La excusa nunca podrá ser la de que “se equivocaron” o ejecutaban las “órdenes”, ni que los medios de comunicación social sólo les permitían llegar hasta allí. En ese escándalo estarán acompañados con organizaciones no gubernamentales que con las organizaciones políticas se convirtieron en los verdaderos soportes del régimen, tales como SÚMATE, “Ojo electoral”, Grupo La Colina, Ciudadanía Activa o alguno de sus miembros promovido por Ramírez para coordinar la representación de la sociedad civil. ¡Por favor! La condición mínima para representar una organización o un colectivo es el respeto por sus ideales, principios y la defensa de sus intereses, dos características que contradicen la acción de representantes de las ong´s referidas.
1) El régimen mostró su carácter totalitario y su verdadera naturaleza desde 1999, dejando constancia en la manipulación de la gestión pública mediante todos los escándalos constitucionales, administrativos, jurídicos, políticos y electorales, de manera ininterrumpida hasta hoy; 2) La crítica más blanda de tal liderazgo y sus seguidores sería la de pusilánime, expresión del ignorante víctima de la manipulación de la opinión pública nacional e internacional, expresando puntos de vista falaces sobre el fraude continuado y permanente del Sistema Electoral y político, diseñado con el propósito de controlar “electoral-democráticamente” la nación, creando espejismos y resultados virtuales. Esta afirmación, que podría dar lugar a debates en el mundo de las “ciencias sociales”, no los admite en el de las “ciencias exactas”, del mundo cartesiano, positivista, de los números y de la ingeniería que compartimos como profesión con Ramírez; 3) No es admisible asumir nuevos errores para promover nuevos disparates. Sería otro escándalo reducir nuestra responsabilidad a retar a los equivocados, -- insisto: la buena fe o la complicidad no hacen diferencias en cuanto a los catastróficos resultados--, a los colaboracionistas y a los cómplices, para que ofrezcan una explicación póstuma de la pérdida de la república y de nuestras vidas, esta no es una acción lógica, ni digna, tampoco del ejercicio profesional de la ingeniería y por lo tanto inaceptable.
Eddie Ramírez, no archives el correo del reydehierro ni tampoco éste, te invito a que los medites; los petroleros son responsables de la pérdida de las libertades y de la “vida” de sus compañeros de PDVSA; también aquellos que anticiparon y percibieron el “tsunami” y se acogieron al chantaje de la jubilación negociada mediante la “cajita feliz”, abandonando el barco que significaba también el abandono de Venezuela, antes que las “mujeres y los niños”, siguiendo el ejemplo de sus “capitanes”, así como también de la destrucción de la República. Lo que quedaría es rescatar la dignidad y luchar por la causa justa, que en este caso sería el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, la liberación de la opinión censurada en la academia, los sindicatos, los gremios, las cárceles políticas pero también comunes, en fin, la voz de las mayorías de venezolanos y residentes que hemos demostrado que la vía por la que ustedes han empujado y siguen empujando a la nación, nos ha conducido y conducirá por el precipicio por el que caemos libremente desde 2003; sólo quedaría prepararnos para el impacto final, para rescatar los ideales, la verdad, e iniciar en los escombros la reconstrucción de la nación.
Cuando en 1980 fui invitado a incorporarme al equipo para la internacionalización de PDVSA, decidí que con sus valores, actitudes gerenciales y los de su dirección, que comparaba hasta la congruencia con los de las Fuerzas Armadas Nacionales durante el régimen del penúltimo dictador Marcos Pérez Jiménez, sería imposible desarrollar ni consolidar las libertades en Venezuela, porque, adicionalmente, las tareas cuyos objetivos se encuentren ubicados en el futuro de una sociedad exigen la vocación de servicio, en niveles de la pasión del artista o del apóstol de alguna causa, o en general de valores diferentes y hasta contrarios a los que definían la identidad del miembro de la industria nacionalizada, no limitados a los de “la familia petrolera” que conformaba el “otro” estado dentro del Estado, así como lo habían conformado las FFAA de los 50, la PDVSA de los 80 y ambos con el resto de las instituciones a partir de 1999.
Un foro natural para debatir entre 180 mil ingenieros, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, es dirigido por colegas cuya solidaridad nacional se exhibe en la contradicción, promoviendo como responsabilidades gremiales acciones no establecidas en la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, que no cumplirían ni hacen cumplir, hasta traicionar el Código de Ética, cuando legitiman y promueven al régimen y sus instituciones, en particular pero no en exclusiva al Poder Electoral usurpado-“árbitro-CNE”, presentándose como candidatos a gobernaciones, alcaldías y miembros de los diversos cuerpos deliberantes.
jueves, 10 de septiembre de 2009
domingo, 16 de agosto de 2009
COMUNICADO ACADEMIAS NACIONALES-8AGO2009
SIETE (7) ACADEMIAS NACIONALES Y LA RACIONALIDAD REVOLUCIONARIA
Rómulo Lares Sánchez. 15AGO2009
El “COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES. Una exhortación para iniciar un diálogo constructivo sobre la Ley Orgánica de Educación” (LOE), publicado en el diario “El Nacional” el 8AGO2009, suscrito por los presidentes y representantes de cada una de las 7 academias, nos permitiría concluir que existe el acuerdo de la mayoría de sus miembros.
El documento está conformado por ocho párrafos, que contendrían “…todas estas razones”, que adicionadas a “nuestras obligaciones legales y morales consideramos conveniente hacer públicas estas justificadas preocupaciones, con el fin de contribuir al establecimiento de un amplio diálogo democrático, sereno y respetuoso.”
Los académicos argumentan que “Por tratarse de una materia estatutaria relacionada con la esencia misma de las Academias Nacionales, resulta una obligación impostergable pronunciarse sobre la manera como se está llevando a cabo la formulación de una nueva Ley Orgánica de Educación.” Debería ser acogido con esperanza que las “Academias” se pronuncien, pero cualquier lector tendría que preguntarse si los estatutos de las academias consideran la obligación de pronunciarse cuando se viola de manera permanente y continuada el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, Artículo 2 de la Constitución de 1999, además de una larga lista de otros artículos, que asumimos por el contenido del documento que los académicos aceptan como vigente, pero que por alguna sabia razón les parece que otra ley de menor rango, discutida y aprobada en primera discusión por una institución írrita, ilegítima e ilegal en su origen, como lo es sin lugar a duda alguna, la farsa denominada Asamblea Nacional, que adicionalmente viola en la forma y el fondo el marco legal en su desempeño. El cómo incorporaría detalles referidos a una segunda discusión de un texto diferente al aprobado en primera discusión; en el período en el que el sistema educacional se encuentra en receso. Pero, ¿qué sentido tiene debatir sobre el cómo, ni el fondo?, en la práctica no hay un sólo artículo de la Constitución que no sea interpretado de forma arbitraria. ¿Es que los académicos creen que el problema del Estado y de la nación se resuelve por la vía jurídica, con las mejores leyes del planeta, y minimizando hasta eliminar adicionalmente el carácter nulo absoluto en el origen de la autoridad usurpada?
Los académicos consideran relevante que se tome en cuenta a “todos los sectores del sociedad, con especial participación de los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de proponer sus lineamientos,……” “…y finalmente de los padres y representantes que tienen derecho a conocer y opinar sobre el fondo y forma de la educación que reciben sus hijos.”
Los académicos respaldan y legitiman la existencia del Poder Ejecutivo, que es al que corresponde la autoridad pública nacional sobre los temas de la educación, pero se olvidan tanto de las autonomías de los estados y municipios en cuanto a la responsabilidad pública en la educación, como a la de los ciudadanos, es decir el soberano, que es el que debe realmente determinar cuáles son los lineamientos que deben ser propuestos, porque el gobierno debe servir a la Nación como componente del Estado y no al revés, como lo pretenden los académicos, limitando el derecho del soberano, de los padres y representantes al “…..derecho a conocer el fondo y la forma de la educación que reciben sus hijos”.
Los académicos nos solicitan que aceptemos que el Estado, en nuestro caso adicionalmente el régimen usurpador de los poderes públicos, sea el que tome la iniciativa y luego oiga las opiniones de los interesados.
Los académicos pretenden hacernos creer, y al mundo, que el Estado de Derecho existe en Venezuela, y adicionalmente que tienen competencia los poderes públicos usurpados para adoptar y administrar, por ejemplo, las recomendaciones de la UNESCO. Así como hemos seguido las recomendaciones de la OEA, las Naciones Unidas-PNUD, la Comunidad Europea y el Centro Carter para respaldar y legitimar un Sistema Electoral para el fraude permanente y continuado con el que se destruyó la legitimidad del origen de todas las instituciones, antes de hablar del primer punto-violación del Estado de Derecho en cuanto al desempeño de tales “autoridades” de facto; como también hemos adoptado la organización y los esquemas importados de Cuba y de otros aliados del régimen. Siempre podremos aprender de otros expertos, pero ¿cómo adoptar otras recomendaciones mientras no aplicamos las nuestras que han sido adoptadas por diversas naciones, de expertos como: Simón Rodríguez, Andrés Bello, Luís Beltrán Prieto Figueroa, Arturo Uslar Pietri, Federico Rivero Palacios, Rafael Vegas Sánchez o Ernesto Mayz Vallenilla?, para mencionar algunos.
Los académicos nos repiten la referencia constitucional en sus artículos 102 y 103. ¡Qué se cumplan esos artículos, solicitan!, ¿a pesar de que se sigan violado los 348 restantes?, y todos los demás derechos humanos. Quizás los presidentes de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, el encargado de la de Ciencias Políticas o el de la de Ingeniería y el Hábitat, nos puedan explicar de forma simple esta incongruencia? Hacen referencia al ejercicio de la autonomía universitaria, otra institución que en Venezuela se encuentra secuestrada por autoridades y principios que promueven la “negociación” de las condiciones del financiamiento público para “salvarse”, aunque censuren los temas acordados y se declare, mintiendo, que persiguen la búsqueda de la verdad. El premio al mejor negociador es muy reñido pero de la habilidad de la Compañía de Jesús no podría dudarse, cuando promueve al “Ojo Electoral” miope y ciego, o cuando asegura el carácter vitalicio del rectorado de la UCAB del miembro “elevado” más recientemente a la Academia, y especialista en las “negociaciones” con el régimen y sus ministros de Educación. (Ver “Carta Abierta al Padre Luís Ugalde”. 5MARZO2007. R. Lares Sánchez. http://observatorioelectoralarticulos.blogspot.com/2009/03/marzo-5-07-carta-para-luis-ugalde.html)
Los académicos de nuevo insisten en el argumento según el cual la Constitución obliga a que los cambios de los principios en ella establecidos, “…requiere una amplia consulta….”, y sospechan que “se pretende la imposición de un pensamiento único”, conclusión a la que habrían llegado “…como se desprende de la apresurada y sigilosa manera de presentar la Ley…..”; de nuevo el síndrome exclusivo de la “alta sociedad” adobado con la práctica de resolución de conflictos familiares conocida como la “venta del sofá”. Pero, si esta es la visión de los académicos, ¿cómo explicarle al país y al mundo que las academias y los académicos no han percibido que desde 1999 esas han sido explícitamente las acciones del régimen, que esa ha sido la realidad establecida como norma de conducta permanente y continuada que ellos “descubren” en agosto de 2009, en una de las “n” leyes “aprobadas” y “aceptadas” por las academias.
Las mismas academias nacionales habían tomado posición pública sobre el denominado proyecto de Reforma Constitucional, argumentando bajo la misma pauta que: “…manifestaron su desacuerdo respecto al procedimiento “escogido” para debatir la propuesta, ya que los cambios profundos ameritan otro tipo de proceso”. En el anterior comunicado se aprecian las mismas desviaciones referidas en el presente comunicado, ya habían legitimado al usurpador de la Presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de las Fuerzas Armadas: “no está en discusión el liderazgo del Presidente, como ha ocurrido en los procesos electorales recientes, sino el concepto mismo de país, en un debate cuyo desenlace puede destruir numerosas conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porvenir la libertad y la seguridad de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, aquellos compatriotas que han ofrecido su respaldo y su voto al Presidente de la República.”, y adicionalmente legitiman tanto al templo del fraude permanente y continuado político-electoral, como a la denominada Asamblea Nacional. Afirmaban en esa oportunidad: “En cualquier evento electoral, es necesario que existan los requisitos mínimos para que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en torno al cambio del pacto social, el proceso de consulta ha de estar todavía más alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento”.
La traducción del párrafo anterior sería: si se trata de una elección de la autoridad municipal o estatal, pues sería una falta de menor gravedad que el sistema electoral carezca de los atributos señalados, sólo cuando se trate de cosas de mayor importancia, entonces sí es necesario que el mismo sistema electoral se despoje de sus vicios y perversiones. ¿Es esta la moralidad flexible que las academias estiman como aspiración máxima para el Poder Electoral ejercido desde el Consejo Nacional Electoral? De nuevo se aligera el problema de fondo por el de la forma, pero se mantiene la flexibilidad de aligerar también la forma cuando se trate del tema electoral. ¡Vaya elasticidad del principio académico!
Los académicos declaran: “Consideramos por tanto que los Ministerios con competencia en materia educativa están en la obligación de auspiciar una amplia discusión de los contenidos académicos del proyecto…..”, ¿de cuál proyecto señores académicos?, ustedes osan denominar esa farsa legislativa de “proyecto”? ¿De verdad ustedes creen que aunque eso se hiciera como ustedes lo solicitan, se resolvería el problema de la LOE y con ella se iniciaría el proceso de solución de los problemas de la Nación?, ¿es eso lo que ustedes creen? Los académicos legitiman una vez más a los usurpadores del Poder Ejecutivo y esperan la atención a sus recomendaciones porque afirman que no hacerlo “…es contrario a los principios establecidos en nuestra Constitución.”
Como conclusión, los académicos consideran que han satisfecho sus obligaciones legales y morales, y así lo declaran, al hacer públicas “estas justificadas preocupaciones,…”
Debo cumplir también con mis obligaciones legales y morales, señalando a los académicos y a las Academias, como considero que lo he hecho, las contradicciones escandalosas que contiene su muy desafortunado “Comunicado”.
A partir de 1999, al pasar del debate político a la “acción constituyente” del régimen, se han venido produciendo acciones perversas de los poderes públicos respaldadas con el silencio de las academias y universidades, y de los académicos y universitarios, silencio cómplice, vergonzoso y vergonzante, pero que no alcanza el grado superlativo de su “Comunicado”. Dichas acciones han venido progresivamente deslegitimando todos los poderes públicos del Estado, que ustedes en su “Comunicado” pretenden fortalecer, reconociéndolos una vez más.
Señores académicos. A partir de 1999, la violencia criminal en cuarteles, hospitales, universidades e institutos de educación en general, residencias, prisiones, plazas y calles pasó de 2447 asesinatos en 1998 a 14.600 en 2008, y se proyectan más de 19 mil este año. Es decir, más de 140 mil asesinados. La destrucción de las instituciones de la democracia, o del experimento democrático iniciado en 1961 es evidente, como lo es la del aparato industrial, agrícola y pecuario, o la propiedad privada rural y urbana, progresivamente todas las autoridades son ilegales e ilegítimas cuando proclamadas por el Consejo Nacional Electoral, sus decisiones son en consecuencia írritas y nulas, y la Constitución en la que ustedes centran todas las referencias de su “Comunicado”, nos ordenan con absoluta claridad, a ustedes también, desconocer tales autoridades usurpadas y a hacer lo que esté a su alcance para restablecer el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Señores académicos, las evidencias de la asociación y la promoción del crimen organizado transnacional desde el Estado venezolano, son públicas, notorias y comunicacionales; tales actividades incluirían la asociación con estados considerados forajidos por la comunidad internacional, la industria de la legitimación de capitales, el narcotráfico y la subversión regional e internacional, acciones financiadas mediante el saqueo de los recursos del Estado venezolano, para promover la expansión del crimen organizado en el continente y en el planeta mediante la fachada del denominado “Socialismo del Siglo XXI”, fachada patética-“ideológica” que académicos nacionales e internacionales, beneficiarios siempre de los favores del régimen, han contribuido y contribuyen a establecer y fortalecer.
Señores académicos, las obras de algunos de ustedes en sus respectivas especialidades son el producto de la disciplina y el esfuerzo de décadas. Adicionalmente, algunos han sido y son en lo personal, ciudadanos ejemplares muy estimados en sus comunidades y círculos sociales, nacionales e internacionales; algunos formaron familias que sirven de ejemplo para la promoción de los valores éticos y morales en sus comunidades, pero todos esos laureles ganados con años de sacrificios, en mi criterio, y de acuerdo con las evidencias documentadas durante esta década, no los eximirá de responsabilidad, es decir de la complicidad, por la que ustedes tendrán que defenderse, por su respaldo o indiferencia, por su acción o por su omisión, ante la violación de prácticamente todos los derechos humanos, cuya característica permanente y continuada los transforma en crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, y por los crímenes de guerra declarada y real, allí están los cadáveres, en Venezuela y también en otras naciones.
Señores académicos, los antecedentes están todos a la vista. La práctica de la segregación y persecución mediante el apartheid “criollo” están a la vista. Millones de venezolanos que ejercían sus derechos promoviendo referendos con el objeto de restablecer el Estado de Derecho, fueron incorporados a las vergüenzas nacionales de las listas “Tascón” y “Maisanta”, vara con la que se mide quienes tienen derecho a trabajo, contratos, o determina la velocidad o la negativa ante cualquier gestión de los servicios públicos, desde los registros y notarías hasta la relacionada con la identidad y los pasaportes, pasando por la asignación de divisas o los tratamientos fiscales y de aduanas.
Mientras el exilio y la prisión política son moneda de curso legal, los haberes de los despedidos son desconocidos y desaparecen, se bloquean sus activos locales y se desprecian los derechos y la propiedad privada, el sistema judicial promueve la impunidad cuando se documenta sólo alrededor del 8% de los casos de asesinato referidos, con un 5% de indiciados militares y policías, con escándalos de casos de “exterminio” en varios estados.
Al margen del caso de esta “ley”, se vienen aprobando a partir también del 4DIC2005 en una farsa de Asamblea Nacional o en un Poder Ejecutivo “habilitado”, otras leyes en los mismos términos de ilegalidad e ilegitimidad, tanto por el origen de las autoridades que las proponen y promueven, como por la forma y el fondo del instrumento “legal” propiamente dicho, pero esas, por no estar “estatutariamente relacionadas con las Academias”, no requieren de su comentario.
Señores académicos, ustedes no han cumplido ni cumplen con sus deberes legales ni morales. Ustedes, señores académicos son cómplices del régimen totalitario, militarista, ilegal e ilegítimo, que usurpa todos los poderes públicos y es responsable de los crímenes descritos, los cuales no tienen prescripción y su alcance es de jurisdicción planetaria.
Señores académicos, ¿cuánto de la confusión nacional e internacional sobre la verdadera naturaleza del régimen criminal venezolano se debe a su comportamiento personal y a los “Comunicados” de las academias?
Ustedes, señores académicos, deberían responderle al país, a la nación, por su comportamiento. ¿O es que ustedes, señores académicos, están convencidos de que en Venezuela seguirá imperando la impunidad y seguirá premiándose la indignidad? Ésta parece sería la verdadera conclusión del “Comunicado”.
Es oportuno recordar el “PARECER DEL DR. JESÚS LEOPOLDO SÁNCHEZ, Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentado en enero de 1974 , acerca de la condición legal y situación de hecho en las Academias Nacionales, en general, y de la mencionada en particular”. Concluye: “Primera: Las Academias nacionales venezolanas de ciencia o de letras y las artísticas que en el futuro pudieran crearse, son Corporaciones oficiales de Derecho Público y no institutos autónomos ni empresas del Estado. Tal es la condición legal de las que existen y tal es la que toda Academia tiene y debe tener en cualquier parte del mundo. Segunda: Es todo un haz de corruptelas el curioso, violento y depresivo “sistema” de relaciones de hecho que existe entre el Ministerio de Educación, de una parte, y dichas Corporaciones nacionales, de la otra, quedando por saberse – además- cómo anda, entre tantísimo quebranto, otra Ley nacional, la del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) que, por lo visto, se halla asimismo burlada. Tercera: Esta situación real y efectiva de dichas Corporaciones y de sus autoridades es algo muy opuesto al decoro patrio, reñido con el buen nombre del gentilicio nacional y nos exhibe mal ante el público culto extranjero que llegare a conocer semejante estado de cosas.
¡Ojalá que el Gobierno actual, cuyo primer magistrado es un prestigioso jurista y catedrático de dimensión continental, quiera poner altura y luz en el Palacio de las Academias!”
¿Habrá puesto algún gobierno nacional, a partir de 1974 “altura y luz en el Palacio de las Academias”? Sin duda que el régimen establecido a partir de 1999, que usurpa todos los poderes públicos, les cortó el suministro eléctrico y las envió a los sótanos.
1. http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=academias+nacionales&id=8aff9e2b6af1a0659845180176ff1d9b
2. Observatorio Venezolano de Violencia –OVV. Dr. Roberto Briceño L. y otros. Presentación Investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, Director, Profesor Eladio Hernández. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV. 2JUN2009.
3. http://www.msinfo.info/default/acienpol/bases/biblio/texto/bletin/1978/BolACPS_1978_37_72_73_23-.pdf
Rómulo Lares Sánchez. 15AGO2009
El “COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES. Una exhortación para iniciar un diálogo constructivo sobre la Ley Orgánica de Educación” (LOE), publicado en el diario “El Nacional” el 8AGO2009, suscrito por los presidentes y representantes de cada una de las 7 academias, nos permitiría concluir que existe el acuerdo de la mayoría de sus miembros.
El documento está conformado por ocho párrafos, que contendrían “…todas estas razones”, que adicionadas a “nuestras obligaciones legales y morales consideramos conveniente hacer públicas estas justificadas preocupaciones, con el fin de contribuir al establecimiento de un amplio diálogo democrático, sereno y respetuoso.”
Los académicos argumentan que “Por tratarse de una materia estatutaria relacionada con la esencia misma de las Academias Nacionales, resulta una obligación impostergable pronunciarse sobre la manera como se está llevando a cabo la formulación de una nueva Ley Orgánica de Educación.” Debería ser acogido con esperanza que las “Academias” se pronuncien, pero cualquier lector tendría que preguntarse si los estatutos de las academias consideran la obligación de pronunciarse cuando se viola de manera permanente y continuada el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, Artículo 2 de la Constitución de 1999, además de una larga lista de otros artículos, que asumimos por el contenido del documento que los académicos aceptan como vigente, pero que por alguna sabia razón les parece que otra ley de menor rango, discutida y aprobada en primera discusión por una institución írrita, ilegítima e ilegal en su origen, como lo es sin lugar a duda alguna, la farsa denominada Asamblea Nacional, que adicionalmente viola en la forma y el fondo el marco legal en su desempeño. El cómo incorporaría detalles referidos a una segunda discusión de un texto diferente al aprobado en primera discusión; en el período en el que el sistema educacional se encuentra en receso. Pero, ¿qué sentido tiene debatir sobre el cómo, ni el fondo?, en la práctica no hay un sólo artículo de la Constitución que no sea interpretado de forma arbitraria. ¿Es que los académicos creen que el problema del Estado y de la nación se resuelve por la vía jurídica, con las mejores leyes del planeta, y minimizando hasta eliminar adicionalmente el carácter nulo absoluto en el origen de la autoridad usurpada?
Los académicos consideran relevante que se tome en cuenta a “todos los sectores del sociedad, con especial participación de los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de proponer sus lineamientos,……” “…y finalmente de los padres y representantes que tienen derecho a conocer y opinar sobre el fondo y forma de la educación que reciben sus hijos.”
Los académicos respaldan y legitiman la existencia del Poder Ejecutivo, que es al que corresponde la autoridad pública nacional sobre los temas de la educación, pero se olvidan tanto de las autonomías de los estados y municipios en cuanto a la responsabilidad pública en la educación, como a la de los ciudadanos, es decir el soberano, que es el que debe realmente determinar cuáles son los lineamientos que deben ser propuestos, porque el gobierno debe servir a la Nación como componente del Estado y no al revés, como lo pretenden los académicos, limitando el derecho del soberano, de los padres y representantes al “…..derecho a conocer el fondo y la forma de la educación que reciben sus hijos”.
Los académicos nos solicitan que aceptemos que el Estado, en nuestro caso adicionalmente el régimen usurpador de los poderes públicos, sea el que tome la iniciativa y luego oiga las opiniones de los interesados.
Los académicos pretenden hacernos creer, y al mundo, que el Estado de Derecho existe en Venezuela, y adicionalmente que tienen competencia los poderes públicos usurpados para adoptar y administrar, por ejemplo, las recomendaciones de la UNESCO. Así como hemos seguido las recomendaciones de la OEA, las Naciones Unidas-PNUD, la Comunidad Europea y el Centro Carter para respaldar y legitimar un Sistema Electoral para el fraude permanente y continuado con el que se destruyó la legitimidad del origen de todas las instituciones, antes de hablar del primer punto-violación del Estado de Derecho en cuanto al desempeño de tales “autoridades” de facto; como también hemos adoptado la organización y los esquemas importados de Cuba y de otros aliados del régimen. Siempre podremos aprender de otros expertos, pero ¿cómo adoptar otras recomendaciones mientras no aplicamos las nuestras que han sido adoptadas por diversas naciones, de expertos como: Simón Rodríguez, Andrés Bello, Luís Beltrán Prieto Figueroa, Arturo Uslar Pietri, Federico Rivero Palacios, Rafael Vegas Sánchez o Ernesto Mayz Vallenilla?, para mencionar algunos.
Los académicos nos repiten la referencia constitucional en sus artículos 102 y 103. ¡Qué se cumplan esos artículos, solicitan!, ¿a pesar de que se sigan violado los 348 restantes?, y todos los demás derechos humanos. Quizás los presidentes de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, el encargado de la de Ciencias Políticas o el de la de Ingeniería y el Hábitat, nos puedan explicar de forma simple esta incongruencia? Hacen referencia al ejercicio de la autonomía universitaria, otra institución que en Venezuela se encuentra secuestrada por autoridades y principios que promueven la “negociación” de las condiciones del financiamiento público para “salvarse”, aunque censuren los temas acordados y se declare, mintiendo, que persiguen la búsqueda de la verdad. El premio al mejor negociador es muy reñido pero de la habilidad de la Compañía de Jesús no podría dudarse, cuando promueve al “Ojo Electoral” miope y ciego, o cuando asegura el carácter vitalicio del rectorado de la UCAB del miembro “elevado” más recientemente a la Academia, y especialista en las “negociaciones” con el régimen y sus ministros de Educación. (Ver “Carta Abierta al Padre Luís Ugalde”. 5MARZO2007. R. Lares Sánchez. http://observatorioelectoralarticulos.blogspot.com/2009/03/marzo-5-07-carta-para-luis-ugalde.html)
Los académicos de nuevo insisten en el argumento según el cual la Constitución obliga a que los cambios de los principios en ella establecidos, “…requiere una amplia consulta….”, y sospechan que “se pretende la imposición de un pensamiento único”, conclusión a la que habrían llegado “…como se desprende de la apresurada y sigilosa manera de presentar la Ley…..”; de nuevo el síndrome exclusivo de la “alta sociedad” adobado con la práctica de resolución de conflictos familiares conocida como la “venta del sofá”. Pero, si esta es la visión de los académicos, ¿cómo explicarle al país y al mundo que las academias y los académicos no han percibido que desde 1999 esas han sido explícitamente las acciones del régimen, que esa ha sido la realidad establecida como norma de conducta permanente y continuada que ellos “descubren” en agosto de 2009, en una de las “n” leyes “aprobadas” y “aceptadas” por las academias.
Las mismas academias nacionales habían tomado posición pública sobre el denominado proyecto de Reforma Constitucional, argumentando bajo la misma pauta que: “…manifestaron su desacuerdo respecto al procedimiento “escogido” para debatir la propuesta, ya que los cambios profundos ameritan otro tipo de proceso”. En el anterior comunicado se aprecian las mismas desviaciones referidas en el presente comunicado, ya habían legitimado al usurpador de la Presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de las Fuerzas Armadas: “no está en discusión el liderazgo del Presidente, como ha ocurrido en los procesos electorales recientes, sino el concepto mismo de país, en un debate cuyo desenlace puede destruir numerosas conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porvenir la libertad y la seguridad de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, aquellos compatriotas que han ofrecido su respaldo y su voto al Presidente de la República.”, y adicionalmente legitiman tanto al templo del fraude permanente y continuado político-electoral, como a la denominada Asamblea Nacional. Afirmaban en esa oportunidad: “En cualquier evento electoral, es necesario que existan los requisitos mínimos para que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en torno al cambio del pacto social, el proceso de consulta ha de estar todavía más alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento”.
La traducción del párrafo anterior sería: si se trata de una elección de la autoridad municipal o estatal, pues sería una falta de menor gravedad que el sistema electoral carezca de los atributos señalados, sólo cuando se trate de cosas de mayor importancia, entonces sí es necesario que el mismo sistema electoral se despoje de sus vicios y perversiones. ¿Es esta la moralidad flexible que las academias estiman como aspiración máxima para el Poder Electoral ejercido desde el Consejo Nacional Electoral? De nuevo se aligera el problema de fondo por el de la forma, pero se mantiene la flexibilidad de aligerar también la forma cuando se trate del tema electoral. ¡Vaya elasticidad del principio académico!
Los académicos declaran: “Consideramos por tanto que los Ministerios con competencia en materia educativa están en la obligación de auspiciar una amplia discusión de los contenidos académicos del proyecto…..”, ¿de cuál proyecto señores académicos?, ustedes osan denominar esa farsa legislativa de “proyecto”? ¿De verdad ustedes creen que aunque eso se hiciera como ustedes lo solicitan, se resolvería el problema de la LOE y con ella se iniciaría el proceso de solución de los problemas de la Nación?, ¿es eso lo que ustedes creen? Los académicos legitiman una vez más a los usurpadores del Poder Ejecutivo y esperan la atención a sus recomendaciones porque afirman que no hacerlo “…es contrario a los principios establecidos en nuestra Constitución.”
Como conclusión, los académicos consideran que han satisfecho sus obligaciones legales y morales, y así lo declaran, al hacer públicas “estas justificadas preocupaciones,…”
Debo cumplir también con mis obligaciones legales y morales, señalando a los académicos y a las Academias, como considero que lo he hecho, las contradicciones escandalosas que contiene su muy desafortunado “Comunicado”.
A partir de 1999, al pasar del debate político a la “acción constituyente” del régimen, se han venido produciendo acciones perversas de los poderes públicos respaldadas con el silencio de las academias y universidades, y de los académicos y universitarios, silencio cómplice, vergonzoso y vergonzante, pero que no alcanza el grado superlativo de su “Comunicado”. Dichas acciones han venido progresivamente deslegitimando todos los poderes públicos del Estado, que ustedes en su “Comunicado” pretenden fortalecer, reconociéndolos una vez más.
Señores académicos. A partir de 1999, la violencia criminal en cuarteles, hospitales, universidades e institutos de educación en general, residencias, prisiones, plazas y calles pasó de 2447 asesinatos en 1998 a 14.600 en 2008, y se proyectan más de 19 mil este año. Es decir, más de 140 mil asesinados. La destrucción de las instituciones de la democracia, o del experimento democrático iniciado en 1961 es evidente, como lo es la del aparato industrial, agrícola y pecuario, o la propiedad privada rural y urbana, progresivamente todas las autoridades son ilegales e ilegítimas cuando proclamadas por el Consejo Nacional Electoral, sus decisiones son en consecuencia írritas y nulas, y la Constitución en la que ustedes centran todas las referencias de su “Comunicado”, nos ordenan con absoluta claridad, a ustedes también, desconocer tales autoridades usurpadas y a hacer lo que esté a su alcance para restablecer el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Señores académicos, las evidencias de la asociación y la promoción del crimen organizado transnacional desde el Estado venezolano, son públicas, notorias y comunicacionales; tales actividades incluirían la asociación con estados considerados forajidos por la comunidad internacional, la industria de la legitimación de capitales, el narcotráfico y la subversión regional e internacional, acciones financiadas mediante el saqueo de los recursos del Estado venezolano, para promover la expansión del crimen organizado en el continente y en el planeta mediante la fachada del denominado “Socialismo del Siglo XXI”, fachada patética-“ideológica” que académicos nacionales e internacionales, beneficiarios siempre de los favores del régimen, han contribuido y contribuyen a establecer y fortalecer.
Señores académicos, las obras de algunos de ustedes en sus respectivas especialidades son el producto de la disciplina y el esfuerzo de décadas. Adicionalmente, algunos han sido y son en lo personal, ciudadanos ejemplares muy estimados en sus comunidades y círculos sociales, nacionales e internacionales; algunos formaron familias que sirven de ejemplo para la promoción de los valores éticos y morales en sus comunidades, pero todos esos laureles ganados con años de sacrificios, en mi criterio, y de acuerdo con las evidencias documentadas durante esta década, no los eximirá de responsabilidad, es decir de la complicidad, por la que ustedes tendrán que defenderse, por su respaldo o indiferencia, por su acción o por su omisión, ante la violación de prácticamente todos los derechos humanos, cuya característica permanente y continuada los transforma en crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, y por los crímenes de guerra declarada y real, allí están los cadáveres, en Venezuela y también en otras naciones.
Señores académicos, los antecedentes están todos a la vista. La práctica de la segregación y persecución mediante el apartheid “criollo” están a la vista. Millones de venezolanos que ejercían sus derechos promoviendo referendos con el objeto de restablecer el Estado de Derecho, fueron incorporados a las vergüenzas nacionales de las listas “Tascón” y “Maisanta”, vara con la que se mide quienes tienen derecho a trabajo, contratos, o determina la velocidad o la negativa ante cualquier gestión de los servicios públicos, desde los registros y notarías hasta la relacionada con la identidad y los pasaportes, pasando por la asignación de divisas o los tratamientos fiscales y de aduanas.
Mientras el exilio y la prisión política son moneda de curso legal, los haberes de los despedidos son desconocidos y desaparecen, se bloquean sus activos locales y se desprecian los derechos y la propiedad privada, el sistema judicial promueve la impunidad cuando se documenta sólo alrededor del 8% de los casos de asesinato referidos, con un 5% de indiciados militares y policías, con escándalos de casos de “exterminio” en varios estados.
Al margen del caso de esta “ley”, se vienen aprobando a partir también del 4DIC2005 en una farsa de Asamblea Nacional o en un Poder Ejecutivo “habilitado”, otras leyes en los mismos términos de ilegalidad e ilegitimidad, tanto por el origen de las autoridades que las proponen y promueven, como por la forma y el fondo del instrumento “legal” propiamente dicho, pero esas, por no estar “estatutariamente relacionadas con las Academias”, no requieren de su comentario.
Señores académicos, ustedes no han cumplido ni cumplen con sus deberes legales ni morales. Ustedes, señores académicos son cómplices del régimen totalitario, militarista, ilegal e ilegítimo, que usurpa todos los poderes públicos y es responsable de los crímenes descritos, los cuales no tienen prescripción y su alcance es de jurisdicción planetaria.
Señores académicos, ¿cuánto de la confusión nacional e internacional sobre la verdadera naturaleza del régimen criminal venezolano se debe a su comportamiento personal y a los “Comunicados” de las academias?
Ustedes, señores académicos, deberían responderle al país, a la nación, por su comportamiento. ¿O es que ustedes, señores académicos, están convencidos de que en Venezuela seguirá imperando la impunidad y seguirá premiándose la indignidad? Ésta parece sería la verdadera conclusión del “Comunicado”.
Es oportuno recordar el “PARECER DEL DR. JESÚS LEOPOLDO SÁNCHEZ, Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentado en enero de 1974 , acerca de la condición legal y situación de hecho en las Academias Nacionales, en general, y de la mencionada en particular”. Concluye: “Primera: Las Academias nacionales venezolanas de ciencia o de letras y las artísticas que en el futuro pudieran crearse, son Corporaciones oficiales de Derecho Público y no institutos autónomos ni empresas del Estado. Tal es la condición legal de las que existen y tal es la que toda Academia tiene y debe tener en cualquier parte del mundo. Segunda: Es todo un haz de corruptelas el curioso, violento y depresivo “sistema” de relaciones de hecho que existe entre el Ministerio de Educación, de una parte, y dichas Corporaciones nacionales, de la otra, quedando por saberse – además- cómo anda, entre tantísimo quebranto, otra Ley nacional, la del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) que, por lo visto, se halla asimismo burlada. Tercera: Esta situación real y efectiva de dichas Corporaciones y de sus autoridades es algo muy opuesto al decoro patrio, reñido con el buen nombre del gentilicio nacional y nos exhibe mal ante el público culto extranjero que llegare a conocer semejante estado de cosas.
¡Ojalá que el Gobierno actual, cuyo primer magistrado es un prestigioso jurista y catedrático de dimensión continental, quiera poner altura y luz en el Palacio de las Academias!”
¿Habrá puesto algún gobierno nacional, a partir de 1974 “altura y luz en el Palacio de las Academias”? Sin duda que el régimen establecido a partir de 1999, que usurpa todos los poderes públicos, les cortó el suministro eléctrico y las envió a los sótanos.
1. http://www.blogcatalog.com/search.frame.php?term=academias+nacionales&id=8aff9e2b6af1a0659845180176ff1d9b
2. Observatorio Venezolano de Violencia –OVV. Dr. Roberto Briceño L. y otros. Presentación Investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, Director, Profesor Eladio Hernández. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV. 2JUN2009.
3. http://www.msinfo.info/default/acienpol/bases/biblio/texto/bletin/1978/BolACPS_1978_37_72_73_23-.pdf
miércoles, 5 de agosto de 2009
BARACK H. OBAMA Y AMÉRICA LATINA. CASO VENEZUELA
POLÍTICA DE BARACK H. OBAMA PARA AMÉRICA LATINA. CASO VENEZUELA
Rómulo Lares Sánchez. 2AGOSTO2009
Según el prestigioso periódico norteamericano de influencia internacional “The Wall Street Journal” del pasado 26Julio, su editora para “The Americas”, Mary Anastasia O´Grady, presenta en una breve nota la lista reciente de los errores políticos que, en su criterio, habría cometido la administración de los Estados Unidos en sus relaciones con la América Latina. La responsabilidad directa de la asesoría del presidente Obama sobre el tema estaría a cargo de Gregory Craig. ( http://68.142.200.12/us.f313.mail.yahoo.com/ya/securedownload?clean=0&fid=Inb )
Coincidimos con la editora en calificar la posición de los Estados Unidos en el “Caso Honduras”, como el “momento que será recordado como de la definición de la política del gobierno del Señor Obama hacia América Latina”. (R. Lares. “La visión equivocada de la Embajada de los USA en Venezuela”. 13Junio2009 - http://www.observatorioelectoralarticulos.blogspot.com )
Esa definición, en mi criterio, estaría influenciada por la interpretación de la política de participación de los EEUU en invasiones y golpes de estado en América Latina . Dicha política en el hemisferio incluiría: Guatemala (1954); Cuba (intento 1961 - Base “Guantánamo” está en arrendamiento perpetuo desde 1903); Santo Domingo (1965); Chile (1973); Nicaragua (1980-1989); Grenada “Furia Urgente” (1983); Panamá “Causa Justa” (1989); Haití (1991) (Pacífica pero armada 2004, expatriando el presidente), y, según Chávez, Venezuela (11ABRIL2002), política reevaluada ante la opinión pública norteamericana y después de los sucesos en Nueva York y Washington de SEPT2001, también por el trauma de las intervenciones militares en Afganistán e Irak, las tensiones con los regímenes de Irán y Korea del Norte, medio oriente y la relacionada con los planes “Colombia” y “Puebla”, entre otros delicados problemas geopolíticos e internos.
La referencia que cada día causaría más sobresalto e insomnio, particularmente a los regímenes de Venezuela y de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-ALBA, dada las evidencias de sus vínculos hasta la asociación de la mayoría de sus miembros con el narcotráfico y la subversión, en particular del régimen venezolano, que debe también estar entre las opciones de los asesores del Presidente Obama, sería la “Causa Justa”. Por esta razón, los esfuerzos diplomáticos del ALBA se habrían centrado y avanzarían en aceptar el tutelaje político más o menos disimulado de los EEUU sobre el hemisferio.
¿Por qué contribuir con el presidente depuesto?, cuando según O´Grady, “El señor Zelaya tiene los medios, el motivo y la oportunidad para destruir las instituciones democráticas de la nación y se ha movido hacia ello”. “Si tiene éxito, habrá consolidado el poder, de la misma forma que Hugo Chávez en Venezuela, transformando el país en un estado policial”. “Si el Sr. Zelaya es restablecido, presentaría un Tío Sam promotor y arrogante desconectado de las realidades de la región”. “Desde que tomó posesión en enero, el presidente de América ha abrazado a los actores para posteriormente avergonzarse por las revelaciones de que sus nuevos amigos son en realidad enemigos de la libertad y de la paz”.
En el “Washington Times” del 1AGOSTO09, Jay Ambrose ( http://www.washingtontimes.com/news/2009/aug/01/why-does-obama-support-zelaya/print/ ) se pregunta: ¿Por qué Obama respalda a Zelaya?, cuando fue depuesto no por un golpe de Estado sino por una decisión unánime de la Corte Suprema y casi unánime del Congreso. “La respuesta cobarde habría sido para el Congreso y la Corte haberse escondido en los matorrales diciendo, bien, la ley no tiene gran importancia”; “…nosotros hemos siempre tenido especial interés en la cercana América Latina y sabemos que el mero hecho electoral no es símbolo del orden democrático”; “…¿podríamos argumentar que el “orden democrático” hubiese servido para que el presidente Nixon hubiese permanecido en la segunda presidencia luego de su triunfo abrumador……, sin importar nada más?
Para Ambrose, una explicación posible es que la administración norteamericana estaría compensando su respaldo estratégico para golpes de estado de gobiernos alineados a los soviéticos durante la Guerra Fría, “…pero, ¿qué esperanza hay para nuestros burócratas si no pueden distinguir entre entonces y ahora? También habría sido posible un error de apreciación sobre lo que ocurre – basados en aquellos tiempos…”. Pero, ¿ha sido la administración irreflexiva o imprudente ante algo de tanta importancia? El centro de su preocupación está en su duda por la simpatía que en el fondo tenga la administración Obama por las soluciones “socialistas”, tanto en los Estado Unidos como fuera, e interprete que Zelaya es lo que necesita Honduras. “probablemente esta sea una conclusión descabellada y completamente equivocada, Yo espero eso y también que la administración (Obama) demuestre que esta equivocada cambiando su posición”. (R. Lares. “LA OEA y LA ONU, ¿Socias del crimen organizado transnacional?”. 4Julio2009 - http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2009-06-01-archive.html )
Durante la administración de George Bush, en FEB1988, tribunales del Estado de La Florida recibieron cargos por narcotráfico contra el general Manuel Noriega, lo que habría sido el inicio de la alarma de que la seguridad y los intereses de los Estados Unidos fuesen amenazados, por lo que su gobierno decidió diversas acciones políticas progresivas hasta el bloqueo económico de Panamá. Posteriormente en MAY1989, se efectuaron elecciones que habrían sido manipuladas por el régimen. También se produjeron algunos intentos fallidos de derrocamiento con consecuencias mortales para los involucrados. Finalmente Noriega declararía a Panamá, en la práctica, en estado de guerra contra los Estados Unidos.
La invasión de Panamá se produjo en DIC1989, el objetivo habría sido destruir el crimen organizado del centro comercial del narcotráfico hacia los Estados Unidos deteniendo al líder-dictador, quien gobernaba de facto desde 1983, para conducirlo a territorio norteamericano donde sería enjuiciado por diversos delitos; encarcelado en Francia desde 2007 donde cumple condena por “lavado de dinero”. El centro de la justificación de la acción militar norteamericana y también el argumento central de la acusación judicial, habría sido la protección y la seguridad del Estado ante la agresión del narcotráfico. Aquella acción militar determinó su captura como “prisionero de guerra”, y dejó al “Tío Sam” una vez más, acusado de intromisión en los asuntos de otras naciones, con el agravante del escándalo de la acción sobre objetivos civiles considerada innecesaria, muriendo entre 3 y 5 mil personas, determinando el rechazo de la opinión pública a la “Causa Justa”.
El “Plan Colombia” y la incorporación de cuatro bases aéreas para la operación militar norteamericana, como consecuencia de la suspensión del acuerdo similar con el Ecuador-ALBA, representa conjuntamente con la posición ante Honduras, la imagen de la nueva política hemisférica. Por un lado, intensifica las relaciones con el aliado militar colombiano, pero por el otro desconoce la soberanía hondureña, desconoce sus instituciones públicas y mantiene una posición contraria al Estado de Derecho y a la soberanía de esa nación. Es este aspecto sobre el que estarían incidiendo tanto los fantasmas de Panamá como los de la política de la Guerra Fría. La estrategia equivaldría a “entregar” Honduras manteniendo la Base “Palmerola-Soto Cano” ¿como otra Guantánamo?
Desde 1988, se han desarrollado y practicado acciones pacíficas novedosas de las justicias e instituciones nacionales, hemisféricas e internacionales, tales como las de la Audiencia Nacional de España (1998-Juez Garzón) y la Corte Inglesa (1999) en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), relacionadas con las violaciones de los derechos humanos y con la sistematización de tales crímenes hasta elevarlos a la categoría de lesa humanidad y lesa patria, así como en el caso del presidente de Sudán, Omar Al Bashir, primero en ejercicio a quien se le habría dictado medida de detención internacional por la Corte Penal Internacional (MARZO2009) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, amigo e invitado por el régimen para visitar Venezuela.
El restablecimiento del estado de derecho del Perú en 2000 lo ofrecieron sus ciudadanos organizándose y mediante la denuncia de fraude electoral y la amenaza del retiro del candidato presidencial de la oposición Alejandro Toledo, quien había solicitado el voto nulo en la segunda vuelta, acción firme, aunque no se concretó, que incrementaría la crisis política y determinaría el apoyo de la Organización de Estados Americanos-OEA y la huída de Alberto Fujimori al Japón y su renuncia ¡mediante un fax!, situación que determinaría la aprobación casi unánime de la “Carta Democrática Interamericana” de la OEA precisamente en Lima (el mismo 11SEP2001), no firmada por Cuba, que ha sido invocada dos veces, en el caso de la solicitud del Alto Mando Militar de la renuncia de Chávez, responsabilizándolo por la masacre en Caracas el 11ABRIL2002 y en el reciente caso de la remoción de Zelaya.
Si bien la responsabilidad mayor para el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela, es decir, el fin de la tiranía, es de los venezolanos, se trata de organizarnos para marchar hacia su verdadero restablecimiento, pero es causa de legítima alarma la política de “no intervención interviniendo” puesta en práctica por los Estados Unidos y la de la OEA, que se traduce en el fortalecimiento del crimen organizado transnacional promovido y operado con los recursos producto del saqueo de la nación, el narcotráfico y la legitimación de capitales.
El ex canciller mexicano Jorge Castañeda en artículo “Moviéndose hacia adelante en Honduras” de Newsweek, con fecha del 17AGO2009 ( http://www.newsweek.com/id/2009950/output/print ), coincidiría con la “lista de errores norteamericanos” y presenta su recomendación de debatir el tema durante la gran oportunidad para corregir tal política, en la reunión anual que los jefes de Estado, Calderón de México, Obama de EEUU y Harper de Canadá, sostendrán el próximo 9AGOSTO. Mientras el señor Castañeda muestra claridad en diversos aspectos de su escrito, demuestra confusión e ignorancia escandalosas sobre realidad venezolana, sobre las causas al origen de la condición totalitaria del régimen, excluyendo y “olvidando” el desempeño de lesa patria y lesa humanidad, cuando solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por el caso del Alcalde de Caracas proclamado en 2009, como si su “elección” tuviese legalidad y legitimidad diferentes a la de los usurpadores proclamados por el fraudulento CNE: Chávez en los referendos consultivo, revocatorio y “ratificatorio” (2FEB2003-SEP2003-15AGO2004); los gobernadores y alcaldes (31OCT2004); las autoridades municipales y parroquiales (7AGO2005); los diputados a la Asamblea Nacional (4DIC2005); Chávez presidencial (3DIC2006); Referéndum Constitucional (2DIC2007); nuevo ciclo de gobernadores y alcaldes (23NOV2008) y referéndum aprobatorio enmienda constitucional (15FEB2009). (R. Lares. “OEA Y EL FRAUDE ELECTORAL Y POLÍTICO VENEZOLANO”. 29Julio2009; y, “LA OEA OBSTACULIZA EL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA”. 14Junio2009 - http://www.observatorielectoralarticulos.blogspot.com/ )
Comparto el enfoque del profesor Luís Marín cuando afirma en “DEMOCRACIA CUBANA”, 20Julio2009 (http://www.frentepatriotico.com/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=1070Itemid=1) : “El régimen cubano se ha ido desplazando perceptiblemente de una dictadura militar auto definida como “comunista y antiimperialista”, a una dictadura militar latinoamericana clásica, con prescindencia absoluta de principios, tutelada por los EEUU.” Estrategia que explicaría el “acomodo” de la política norteamericana hacia Venezuela y el ALBA. “En la actualidad, EEUU vuelve a privilegiar por encima de cualquier otra consideración la preservación de la estabilidad e inevitablemente se ve arrastrado a apoyar una dictadura militar peor que la de Machado o Batista y a terminar siendo el objeto del odio popular, mientras se sostenga la dictadura y con tanto más razón cuando caiga.” “….La única novedad es que ahora el Departamento de Estado no considera al comunismo como amenaza, por lo que cree que los puede dejar actuar sin mayor riesgo. “El Washington Post se atreve a editorializar diciendo que EEUU “no tiene enemigos en el hemisferio”. Se puede dudar de si eso es arrogancia, excesivo optimismo o simple ignorancia, pero no de que sea una falsedad completamente obvia.”
En cuanto a Venezuela, pues se trata de un aliado comercial que asegura adicionalmente hoy los intereses energéticos norteamericanos y sigue la línea política interna de más elecciones, en las que la participación del pueblo sería cada vez mayor. La ceguera de los “demócratas” venezolanos, ejerciendo funciones de oposiciones complementarias y colaboracionistas está en que su complicidad, porque no puede ser calificada de otra manera, quizás sólo de asociación, que simplemente contribuye con la “estabilidad” del régimen, que conduce a que encajemos perfectamente dentro de la política hemisférica para otorgarle la mayor longevidad, que insisto, es confundido tras el disfraz de “comunista y antiimperialista”, pero que en realidad es el verdadero holding del crimen organizado transnacional, la subversión y el narcotráfico en el hemisferio.
Mientras tanto, los medios de comunicación locales en proceso de desmantelamiento permanente, respaldan la contradicción de las denominadas oposiciones de organizar la lucha contra semejante enemigo en el plano del debate, falso e inexistente, dando la prioridad de la denuncia a lo económico y social, que lo sentimos y padecemos cotidianamente, en vez “del error de dar la prioridad a lo político y electoral”, para preparar al país, “aprovechando que no hay elecciones este año (suspendidas arbitrariamente, como toda acción del CNE a partir de Agosto 2003), para vencer al régimen en las elecciones de 2010 y 2012”. ¡Insólito! Por partida triple, porque adicionalmente el objetivo verdadero es electorero con el CNE, y siguen apostando a que el colectivo no percibe la traición.
La unidad necesaria, indispensable, para conducirnos hacia el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, exigiría primero, como condición fundamental, la comprensión de la verdadera naturaleza del régimen, primer paso hacia el proceso de restablecimiento de autoridades legítimas mediante la convocatoria de elecciones libres y transparentes, imposibles con el CNE actual, para programar la sustitución de los usurpadores de los cargos públicos, complementarios y colaboradores del régimen, representados en la administración central-poderes públicos nacionales, de los estados, municipios y parroquias. Tales elecciones deben ser organizadas con la participación general del colectivo, construyendo un nuevo CNE; mediante la total transparencia de tal objetivo podría neutralizarse la polarización y la confusión nacional, para controlar al crimen organizado transnacional y restablecer la convivencia en el territorio.
Si hubiese verdaderos demócratas ocupando cargos públicos, que desearen ser considerados como tales, deben ser consecuentes con su discurso y tomar la iniciativa de reconocer su error, aun argumentando que sus postulaciones fueron consideradas sus únicas opciones frente a la violencia del régimen, aceptando que usurpan esos cargos públicos de la misma forma que lo hace y equiparándose con Chávez, por haber participado y promovido la participación del colectivo en los actos fraudulentos organizados por el CNE, absolutamente ilegales e ilegítimos, por lo tanto írritos y nulos, que han sido y siguen siendo la mejor coartada del régimen totalitario. No hacerlo equivale a seguir el ejemplo “Zelaya”, la osadía de tomarlo como referencia equivalente en sus pretensiones de reconocimiento de la legitimidad de origen, olvidando las tragedias de los desempeños violatorios escandalosos del Estado de Derecho, como base de las peticiones a la OEA de alcaldes, gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional, organización cómplice del secuestro de las instituciones y de la tiranía venezolana, acciones que sólo confunden al colectivo nacional y a la comunidad internacional, como habría quedado demostrado con claridad. (“OEA NON GRATA EN VENEZUELA” - http://www.frentepatriotico.com/inicio/index.php?options=com-content&task=view&id=1069&Itemid=1 )
El primer paso para resolver un problema requiere de la percepción más aproximada de la realidad. Venezuela, su sociedad civil y militar se encuentran realmente sometidas por el crimen organizado transnacional, encubierto por una fachada de nación cuyas instituciones son todas usurpadas, que adicionalmente son respaldadas por la complicidad de la comunidad política y económica nacional e internacional, que participan del festín del saqueo de la Nación. El visitante más reciente fue el representante-canciller del Reino de España, acompañado de veinte presidentes de corporaciones españolas. La Revista “Zeta” No. 1717 del 31.07.09 lo reseñó: “El “ofertón” de Chávez a Moratinos”, que habría incluido en la agenda los casos de “expropiaciones”-asaltos de inmigrantes españoles. Según la nota, “…sectores opositores en España calificaron la visita como “fortalecimiento a Chávez””. El diario “El País” habría sido criticado “duramente” por el ex Fiscal venezolano, ahora embajador designado ante el Reino, por la publicación de un informe de la DEA que calificaba a Venezuela como una especie de “narcoestado”.
Especialistas señalan que durante el período 1999-2009 pasamos de 2.447 asesinatos en 1990 a 14.600 en 2008, y proyectan más de 19 mil en 2009, para acumular alrededor de 125 mil asesinados por la violencia en las calles, plazas, dentro de residencias, universidades, hospitales, prisiones y cuarteles. Una proporción de los asesinatos se relaciona con los denominados “grupos de exterminio” e involucrarían un 5% de funcionarios policiales y militares, hechos todos protegidos con la mayor impunidad existente hoy en el planeta, cuando menos del 8% se traducirían en expedientes de la Fiscalía o juicios ante los tribunales penales. A otro componente de la política de represión se deben agregar centenares de miles de despedidos, perseguidos, exiliados y encarcelados políticos, que incluyen periodistas y militares, administrada mediante las listas “Tascón” y “Maisanta”, que contienen alrededor de 5 millones de ciudadanos que habrían promovido a partir de 2003 los referendos contra Chávez y contra algunos gobernadores y alcaldes, reguladoras adicionalmente de los privilegios y exclusiones de los programas sociales, empleos públicos, contratos y trámites diversos de la administración pública, desde la administración fiscal, de las divisas, de identificación y extranjería, entre otros.
Se trataría entonces de enfrentar esta trágica realidad con seriedad, comprendiendo que se encuentra disfrazada de régimen del “Socialismo del Siglo XXI”, que es responsable por el terror que se respira en el territorio, cuyo objetivo es la destrucción de nuestros valores e instituciones. La lucha no es denunciando la incompetencia del régimen, ni invitando a participar en la “fiesta cívica” del fraude electoral para convalidarlo, para hacernos a todos cómplices del crimen organizado transnacional y condenarnos a la violencia dentro de una gran prisión: Venezuela.
Rómulo Lares Sánchez. 2AGOSTO2009
Según el prestigioso periódico norteamericano de influencia internacional “The Wall Street Journal” del pasado 26Julio, su editora para “The Americas”, Mary Anastasia O´Grady, presenta en una breve nota la lista reciente de los errores políticos que, en su criterio, habría cometido la administración de los Estados Unidos en sus relaciones con la América Latina. La responsabilidad directa de la asesoría del presidente Obama sobre el tema estaría a cargo de Gregory Craig. ( http://68.142.200.12/us.f313.mail.yahoo.com/ya/securedownload?clean=0&fid=Inb )
Coincidimos con la editora en calificar la posición de los Estados Unidos en el “Caso Honduras”, como el “momento que será recordado como de la definición de la política del gobierno del Señor Obama hacia América Latina”. (R. Lares. “La visión equivocada de la Embajada de los USA en Venezuela”. 13Junio2009 - http://www.observatorioelectoralarticulos.blogspot.com )
Esa definición, en mi criterio, estaría influenciada por la interpretación de la política de participación de los EEUU en invasiones y golpes de estado en América Latina . Dicha política en el hemisferio incluiría: Guatemala (1954); Cuba (intento 1961 - Base “Guantánamo” está en arrendamiento perpetuo desde 1903); Santo Domingo (1965); Chile (1973); Nicaragua (1980-1989); Grenada “Furia Urgente” (1983); Panamá “Causa Justa” (1989); Haití (1991) (Pacífica pero armada 2004, expatriando el presidente), y, según Chávez, Venezuela (11ABRIL2002), política reevaluada ante la opinión pública norteamericana y después de los sucesos en Nueva York y Washington de SEPT2001, también por el trauma de las intervenciones militares en Afganistán e Irak, las tensiones con los regímenes de Irán y Korea del Norte, medio oriente y la relacionada con los planes “Colombia” y “Puebla”, entre otros delicados problemas geopolíticos e internos.
La referencia que cada día causaría más sobresalto e insomnio, particularmente a los regímenes de Venezuela y de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-ALBA, dada las evidencias de sus vínculos hasta la asociación de la mayoría de sus miembros con el narcotráfico y la subversión, en particular del régimen venezolano, que debe también estar entre las opciones de los asesores del Presidente Obama, sería la “Causa Justa”. Por esta razón, los esfuerzos diplomáticos del ALBA se habrían centrado y avanzarían en aceptar el tutelaje político más o menos disimulado de los EEUU sobre el hemisferio.
¿Por qué contribuir con el presidente depuesto?, cuando según O´Grady, “El señor Zelaya tiene los medios, el motivo y la oportunidad para destruir las instituciones democráticas de la nación y se ha movido hacia ello”. “Si tiene éxito, habrá consolidado el poder, de la misma forma que Hugo Chávez en Venezuela, transformando el país en un estado policial”. “Si el Sr. Zelaya es restablecido, presentaría un Tío Sam promotor y arrogante desconectado de las realidades de la región”. “Desde que tomó posesión en enero, el presidente de América ha abrazado a los actores para posteriormente avergonzarse por las revelaciones de que sus nuevos amigos son en realidad enemigos de la libertad y de la paz”.
En el “Washington Times” del 1AGOSTO09, Jay Ambrose ( http://www.washingtontimes.com/news/2009/aug/01/why-does-obama-support-zelaya/print/ ) se pregunta: ¿Por qué Obama respalda a Zelaya?, cuando fue depuesto no por un golpe de Estado sino por una decisión unánime de la Corte Suprema y casi unánime del Congreso. “La respuesta cobarde habría sido para el Congreso y la Corte haberse escondido en los matorrales diciendo, bien, la ley no tiene gran importancia”; “…nosotros hemos siempre tenido especial interés en la cercana América Latina y sabemos que el mero hecho electoral no es símbolo del orden democrático”; “…¿podríamos argumentar que el “orden democrático” hubiese servido para que el presidente Nixon hubiese permanecido en la segunda presidencia luego de su triunfo abrumador……, sin importar nada más?
Para Ambrose, una explicación posible es que la administración norteamericana estaría compensando su respaldo estratégico para golpes de estado de gobiernos alineados a los soviéticos durante la Guerra Fría, “…pero, ¿qué esperanza hay para nuestros burócratas si no pueden distinguir entre entonces y ahora? También habría sido posible un error de apreciación sobre lo que ocurre – basados en aquellos tiempos…”. Pero, ¿ha sido la administración irreflexiva o imprudente ante algo de tanta importancia? El centro de su preocupación está en su duda por la simpatía que en el fondo tenga la administración Obama por las soluciones “socialistas”, tanto en los Estado Unidos como fuera, e interprete que Zelaya es lo que necesita Honduras. “probablemente esta sea una conclusión descabellada y completamente equivocada, Yo espero eso y también que la administración (Obama) demuestre que esta equivocada cambiando su posición”. (R. Lares. “LA OEA y LA ONU, ¿Socias del crimen organizado transnacional?”. 4Julio2009 - http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2009-06-01-archive.html )
Durante la administración de George Bush, en FEB1988, tribunales del Estado de La Florida recibieron cargos por narcotráfico contra el general Manuel Noriega, lo que habría sido el inicio de la alarma de que la seguridad y los intereses de los Estados Unidos fuesen amenazados, por lo que su gobierno decidió diversas acciones políticas progresivas hasta el bloqueo económico de Panamá. Posteriormente en MAY1989, se efectuaron elecciones que habrían sido manipuladas por el régimen. También se produjeron algunos intentos fallidos de derrocamiento con consecuencias mortales para los involucrados. Finalmente Noriega declararía a Panamá, en la práctica, en estado de guerra contra los Estados Unidos.
La invasión de Panamá se produjo en DIC1989, el objetivo habría sido destruir el crimen organizado del centro comercial del narcotráfico hacia los Estados Unidos deteniendo al líder-dictador, quien gobernaba de facto desde 1983, para conducirlo a territorio norteamericano donde sería enjuiciado por diversos delitos; encarcelado en Francia desde 2007 donde cumple condena por “lavado de dinero”. El centro de la justificación de la acción militar norteamericana y también el argumento central de la acusación judicial, habría sido la protección y la seguridad del Estado ante la agresión del narcotráfico. Aquella acción militar determinó su captura como “prisionero de guerra”, y dejó al “Tío Sam” una vez más, acusado de intromisión en los asuntos de otras naciones, con el agravante del escándalo de la acción sobre objetivos civiles considerada innecesaria, muriendo entre 3 y 5 mil personas, determinando el rechazo de la opinión pública a la “Causa Justa”.
El “Plan Colombia” y la incorporación de cuatro bases aéreas para la operación militar norteamericana, como consecuencia de la suspensión del acuerdo similar con el Ecuador-ALBA, representa conjuntamente con la posición ante Honduras, la imagen de la nueva política hemisférica. Por un lado, intensifica las relaciones con el aliado militar colombiano, pero por el otro desconoce la soberanía hondureña, desconoce sus instituciones públicas y mantiene una posición contraria al Estado de Derecho y a la soberanía de esa nación. Es este aspecto sobre el que estarían incidiendo tanto los fantasmas de Panamá como los de la política de la Guerra Fría. La estrategia equivaldría a “entregar” Honduras manteniendo la Base “Palmerola-Soto Cano” ¿como otra Guantánamo?
Desde 1988, se han desarrollado y practicado acciones pacíficas novedosas de las justicias e instituciones nacionales, hemisféricas e internacionales, tales como las de la Audiencia Nacional de España (1998-Juez Garzón) y la Corte Inglesa (1999) en el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), relacionadas con las violaciones de los derechos humanos y con la sistematización de tales crímenes hasta elevarlos a la categoría de lesa humanidad y lesa patria, así como en el caso del presidente de Sudán, Omar Al Bashir, primero en ejercicio a quien se le habría dictado medida de detención internacional por la Corte Penal Internacional (MARZO2009) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, amigo e invitado por el régimen para visitar Venezuela.
El restablecimiento del estado de derecho del Perú en 2000 lo ofrecieron sus ciudadanos organizándose y mediante la denuncia de fraude electoral y la amenaza del retiro del candidato presidencial de la oposición Alejandro Toledo, quien había solicitado el voto nulo en la segunda vuelta, acción firme, aunque no se concretó, que incrementaría la crisis política y determinaría el apoyo de la Organización de Estados Americanos-OEA y la huída de Alberto Fujimori al Japón y su renuncia ¡mediante un fax!, situación que determinaría la aprobación casi unánime de la “Carta Democrática Interamericana” de la OEA precisamente en Lima (el mismo 11SEP2001), no firmada por Cuba, que ha sido invocada dos veces, en el caso de la solicitud del Alto Mando Militar de la renuncia de Chávez, responsabilizándolo por la masacre en Caracas el 11ABRIL2002 y en el reciente caso de la remoción de Zelaya.
Si bien la responsabilidad mayor para el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela, es decir, el fin de la tiranía, es de los venezolanos, se trata de organizarnos para marchar hacia su verdadero restablecimiento, pero es causa de legítima alarma la política de “no intervención interviniendo” puesta en práctica por los Estados Unidos y la de la OEA, que se traduce en el fortalecimiento del crimen organizado transnacional promovido y operado con los recursos producto del saqueo de la nación, el narcotráfico y la legitimación de capitales.
El ex canciller mexicano Jorge Castañeda en artículo “Moviéndose hacia adelante en Honduras” de Newsweek, con fecha del 17AGO2009 ( http://www.newsweek.com/id/2009950/output/print ), coincidiría con la “lista de errores norteamericanos” y presenta su recomendación de debatir el tema durante la gran oportunidad para corregir tal política, en la reunión anual que los jefes de Estado, Calderón de México, Obama de EEUU y Harper de Canadá, sostendrán el próximo 9AGOSTO. Mientras el señor Castañeda muestra claridad en diversos aspectos de su escrito, demuestra confusión e ignorancia escandalosas sobre realidad venezolana, sobre las causas al origen de la condición totalitaria del régimen, excluyendo y “olvidando” el desempeño de lesa patria y lesa humanidad, cuando solicita la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por el caso del Alcalde de Caracas proclamado en 2009, como si su “elección” tuviese legalidad y legitimidad diferentes a la de los usurpadores proclamados por el fraudulento CNE: Chávez en los referendos consultivo, revocatorio y “ratificatorio” (2FEB2003-SEP2003-15AGO2004); los gobernadores y alcaldes (31OCT2004); las autoridades municipales y parroquiales (7AGO2005); los diputados a la Asamblea Nacional (4DIC2005); Chávez presidencial (3DIC2006); Referéndum Constitucional (2DIC2007); nuevo ciclo de gobernadores y alcaldes (23NOV2008) y referéndum aprobatorio enmienda constitucional (15FEB2009). (R. Lares. “OEA Y EL FRAUDE ELECTORAL Y POLÍTICO VENEZOLANO”. 29Julio2009; y, “LA OEA OBSTACULIZA EL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA”. 14Junio2009 - http://www.observatorielectoralarticulos.blogspot.com/ )
Comparto el enfoque del profesor Luís Marín cuando afirma en “DEMOCRACIA CUBANA”, 20Julio2009 (http://www.frentepatriotico.com/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=1070Itemid=1) : “El régimen cubano se ha ido desplazando perceptiblemente de una dictadura militar auto definida como “comunista y antiimperialista”, a una dictadura militar latinoamericana clásica, con prescindencia absoluta de principios, tutelada por los EEUU.” Estrategia que explicaría el “acomodo” de la política norteamericana hacia Venezuela y el ALBA. “En la actualidad, EEUU vuelve a privilegiar por encima de cualquier otra consideración la preservación de la estabilidad e inevitablemente se ve arrastrado a apoyar una dictadura militar peor que la de Machado o Batista y a terminar siendo el objeto del odio popular, mientras se sostenga la dictadura y con tanto más razón cuando caiga.” “….La única novedad es que ahora el Departamento de Estado no considera al comunismo como amenaza, por lo que cree que los puede dejar actuar sin mayor riesgo. “El Washington Post se atreve a editorializar diciendo que EEUU “no tiene enemigos en el hemisferio”. Se puede dudar de si eso es arrogancia, excesivo optimismo o simple ignorancia, pero no de que sea una falsedad completamente obvia.”
En cuanto a Venezuela, pues se trata de un aliado comercial que asegura adicionalmente hoy los intereses energéticos norteamericanos y sigue la línea política interna de más elecciones, en las que la participación del pueblo sería cada vez mayor. La ceguera de los “demócratas” venezolanos, ejerciendo funciones de oposiciones complementarias y colaboracionistas está en que su complicidad, porque no puede ser calificada de otra manera, quizás sólo de asociación, que simplemente contribuye con la “estabilidad” del régimen, que conduce a que encajemos perfectamente dentro de la política hemisférica para otorgarle la mayor longevidad, que insisto, es confundido tras el disfraz de “comunista y antiimperialista”, pero que en realidad es el verdadero holding del crimen organizado transnacional, la subversión y el narcotráfico en el hemisferio.
Mientras tanto, los medios de comunicación locales en proceso de desmantelamiento permanente, respaldan la contradicción de las denominadas oposiciones de organizar la lucha contra semejante enemigo en el plano del debate, falso e inexistente, dando la prioridad de la denuncia a lo económico y social, que lo sentimos y padecemos cotidianamente, en vez “del error de dar la prioridad a lo político y electoral”, para preparar al país, “aprovechando que no hay elecciones este año (suspendidas arbitrariamente, como toda acción del CNE a partir de Agosto 2003), para vencer al régimen en las elecciones de 2010 y 2012”. ¡Insólito! Por partida triple, porque adicionalmente el objetivo verdadero es electorero con el CNE, y siguen apostando a que el colectivo no percibe la traición.
La unidad necesaria, indispensable, para conducirnos hacia el restablecimiento del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, exigiría primero, como condición fundamental, la comprensión de la verdadera naturaleza del régimen, primer paso hacia el proceso de restablecimiento de autoridades legítimas mediante la convocatoria de elecciones libres y transparentes, imposibles con el CNE actual, para programar la sustitución de los usurpadores de los cargos públicos, complementarios y colaboradores del régimen, representados en la administración central-poderes públicos nacionales, de los estados, municipios y parroquias. Tales elecciones deben ser organizadas con la participación general del colectivo, construyendo un nuevo CNE; mediante la total transparencia de tal objetivo podría neutralizarse la polarización y la confusión nacional, para controlar al crimen organizado transnacional y restablecer la convivencia en el territorio.
Si hubiese verdaderos demócratas ocupando cargos públicos, que desearen ser considerados como tales, deben ser consecuentes con su discurso y tomar la iniciativa de reconocer su error, aun argumentando que sus postulaciones fueron consideradas sus únicas opciones frente a la violencia del régimen, aceptando que usurpan esos cargos públicos de la misma forma que lo hace y equiparándose con Chávez, por haber participado y promovido la participación del colectivo en los actos fraudulentos organizados por el CNE, absolutamente ilegales e ilegítimos, por lo tanto írritos y nulos, que han sido y siguen siendo la mejor coartada del régimen totalitario. No hacerlo equivale a seguir el ejemplo “Zelaya”, la osadía de tomarlo como referencia equivalente en sus pretensiones de reconocimiento de la legitimidad de origen, olvidando las tragedias de los desempeños violatorios escandalosos del Estado de Derecho, como base de las peticiones a la OEA de alcaldes, gobernadores y diputados a la Asamblea Nacional, organización cómplice del secuestro de las instituciones y de la tiranía venezolana, acciones que sólo confunden al colectivo nacional y a la comunidad internacional, como habría quedado demostrado con claridad. (“OEA NON GRATA EN VENEZUELA” - http://www.frentepatriotico.com/inicio/index.php?options=com-content&task=view&id=1069&Itemid=1 )
El primer paso para resolver un problema requiere de la percepción más aproximada de la realidad. Venezuela, su sociedad civil y militar se encuentran realmente sometidas por el crimen organizado transnacional, encubierto por una fachada de nación cuyas instituciones son todas usurpadas, que adicionalmente son respaldadas por la complicidad de la comunidad política y económica nacional e internacional, que participan del festín del saqueo de la Nación. El visitante más reciente fue el representante-canciller del Reino de España, acompañado de veinte presidentes de corporaciones españolas. La Revista “Zeta” No. 1717 del 31.07.09 lo reseñó: “El “ofertón” de Chávez a Moratinos”, que habría incluido en la agenda los casos de “expropiaciones”-asaltos de inmigrantes españoles. Según la nota, “…sectores opositores en España calificaron la visita como “fortalecimiento a Chávez””. El diario “El País” habría sido criticado “duramente” por el ex Fiscal venezolano, ahora embajador designado ante el Reino, por la publicación de un informe de la DEA que calificaba a Venezuela como una especie de “narcoestado”.
Especialistas señalan que durante el período 1999-2009 pasamos de 2.447 asesinatos en 1990 a 14.600 en 2008, y proyectan más de 19 mil en 2009, para acumular alrededor de 125 mil asesinados por la violencia en las calles, plazas, dentro de residencias, universidades, hospitales, prisiones y cuarteles. Una proporción de los asesinatos se relaciona con los denominados “grupos de exterminio” e involucrarían un 5% de funcionarios policiales y militares, hechos todos protegidos con la mayor impunidad existente hoy en el planeta, cuando menos del 8% se traducirían en expedientes de la Fiscalía o juicios ante los tribunales penales. A otro componente de la política de represión se deben agregar centenares de miles de despedidos, perseguidos, exiliados y encarcelados políticos, que incluyen periodistas y militares, administrada mediante las listas “Tascón” y “Maisanta”, que contienen alrededor de 5 millones de ciudadanos que habrían promovido a partir de 2003 los referendos contra Chávez y contra algunos gobernadores y alcaldes, reguladoras adicionalmente de los privilegios y exclusiones de los programas sociales, empleos públicos, contratos y trámites diversos de la administración pública, desde la administración fiscal, de las divisas, de identificación y extranjería, entre otros.
Se trataría entonces de enfrentar esta trágica realidad con seriedad, comprendiendo que se encuentra disfrazada de régimen del “Socialismo del Siglo XXI”, que es responsable por el terror que se respira en el territorio, cuyo objetivo es la destrucción de nuestros valores e instituciones. La lucha no es denunciando la incompetencia del régimen, ni invitando a participar en la “fiesta cívica” del fraude electoral para convalidarlo, para hacernos a todos cómplices del crimen organizado transnacional y condenarnos a la violencia dentro de una gran prisión: Venezuela.
viernes, 31 de julio de 2009
OEA Y EL FRAUDE ELECTORAL Y POLÍTICO VENEZOLANO
Rómulo Lares Sánchez
Miembro del Poder Electoral designado el 4JUNIO2000 por la Comisión Legislativa Nacional-“Congresillo” del Régimen de Transición de los Poderes Públicos, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada el 15DIC1EMBRE1999.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Con relación a la solicitud que ha formulado en esta fecha el Movimiento Demócrata Liberal-MDL, invitando a la representación en Caracas de la Organización de Estados Americanos-OEA para que abandone voluntariamente el territorio venezolano:
Considero que razones similares también aplican a las delegaciones de las Naciones Unidas, que por intermedio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (Jefe de la Misión, Antonio Molpeceres), conjuntamente con el Centro Carter (Jefe de la Misión Francisco Diez, con la participación en diversas oportunidades del ex presidente de los Estados Unidos Señor James E. Carter) estuvieron a cargo de la asistencia técnica, siendo los principales responsables con el ex presidente de Colombia Señor César Gaviria, Secretario General de la OEA, tanto de la legitimación de una “Mesa de Negociación y Acuerdo” entre el gobierno y las oposiciones representadas por la “Coordinadora Democrática”, así como del desconocimiento del acuerdo suscrito el 29 de Mayo de 2003, ninguno de cuyos 19 numerales ha sido honrado, tampoco el establecimiento y la operación de la “Comisión de Seguimiento”, en particular los puntos # 17, relativo
“A la fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios ya solicitados, así como aquellos que puedan llegar a solicitarse….”, y el punto # 13, relacionado con la designación del CNE “……a ser designado en la forma prevista en la Constitución…”, relacionados ambos con las facultades del Poder Electoral, por lo que me corresponde velar por su cumplimiento, para que condujera a asegurar la legitimación de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela mediante el sufragio, mientras que con el aval de todos los firmantes y de todas estas organizaciones se violó flagrantemente la Constitución de la República, se usurparon las autonomías de los poderes públicos Legislativo, de la Asamblea Nacional-AN y del Electoral, del CNE, designándose arbitrariamente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ a las autoridades y funcionarios subalternos del CNE, acciones todas que se ejecutaron violentando el
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2. CRBV99), verdadera inhabilitación del pueblo de Venezuela, que se había pronunciado con diáfana claridad solicitando mediante 3,4 millones de firmas debidamente verificadas por el CNE bajo nuestra responsabilidad, entre otras, la convocatoria del Referéndum Revocatorio del para entonces Presidente Hugo Chávez, programado en el mes de septiembre de 2003 y efectuando, mediante la burla del soberano y la organización del mayor fraude de la historia nacional, un Referéndum “Ratificatorio”, inexistente en la ley, el 15AGOSTO2004, en el que habría perdido toda legitimidad de origen y a partir de tal fecha usurpa Hugo Chávez la representación del Estado, la Presidencia y la jefatura de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Testimonios de todas estas violaciones a los derechos humanos, de alcance general a todos los venezolanos, de carácter imprescriptible y de jurisdicción planetaria, pueden también ser solicitados a cada uno de los otros miembros del CNE: Alfredo Avella Guevara y José Manuel Zerpa Guerra. (Rómulo Rangel Ruíz +)
También considero que copia de estas iniciativas deben ser consignadas tanto a las representaciones diplomáticas del denominado “Grupo de Apoyo” de países amigos, quienes suscribieron como garantes el cumplimiento de los referidos acuerdos: Estados Unidos de Norte América, Portugal, Brasil, Chile, México y España, así como a los representantes de la Coordinadora Democrática y otras instituciones que lo suscribieron: Rafael Alfonso Hernández, Alejandro Armas (+), Manuel Cova, Eduardo Lapi, Timoteo Zambrano y el asesor Juan Manuel Raffalli.
La sociedad civil venezolana (Art. 296. CRBV99), el colectivo, han expresado, en nuestro criterio, con claridad a partir de 2002 y de diversas formas, su rechazo a las iniciativas totalitarias del régimen, que fueron enfrentadas mediante manifestaciones públicas de diverso orden, huelgas, paros, acciones de calle, remitidos, acuerdos de instituciones, academias, gremios y sindicatos, y, a pesar de su desconfianza en el Sistema Electoral accedieron a la invitación de las diversas organizaciones políticas de hacerse cómplices y delinquir al participar votando, a pesar de que legitimarían el Sistema Electoral fraudulento y convalidarían los resultados de los fraudes electorales, mediante los records de participación en eventos electorales, bien “votando” (15AGO2004-Referéndum ”Ratificatorio” Presidencial) y adicionalmente, “no votando” (4DIC2005-Elecciones Parlamentarias); el primero ante la oferta-engaño de que se demostraría y
denunciaría el fraude que conduciría al desconocimiento del régimen y el segundo, como mecanismo para desconocer al propio Sistema Electoral y al régimen, mediante la disposición para la abstención masiva que superó el 85% a pesar de la coacción sobre los beneficiarios de programas o empleados del Estado, como presión del colectivo, que obligó a los partidos de las oposiciones a retirar sus candidatos, para como era previsible, traicionarlos al día siguiente, estableciendo el régimen y las oposiciones los acuerdos y las negociaciones para la debida distribución del presupuesto entre gobernaciones y alcaldías que ya compartían, desde los fraudes del 31OCTUBRE2004-Elecciones Regionales y 7AGOSTO2005-Elecciones Municipales y Parroquiales.
La sociedad civil, el colectivo, primero que los candidatos y las organizaciones políticas, son los que verdaderamente han sido progresivamente inhabilitados por el régimen y por las oposiciones complementarias mediante la legitimación del fraude electoral permanente y continuado durante los eventos referidos, y adicionalmente: 3DIC2006-Presidencial; 2DIC2007-Referéndum Constitucional; 23NOV2008-Elecciones Regionales; 15FEB2009-Referéndum Aprobatorio Enmienda Constitucional, desapareciendo progresivamente de forma absoluta la legalidad y la autonomía de todos los poderes públicos, hasta arribar al régimen totalitario, militarista que usurpa todos los poderes públicos, afiliado y promotor de la subversión regional, el narcotráfico, la legitimación de capitales, asociado con naciones consideradas forajidas por la comunidad internacional, violando en permanencia los derechos humanos, irrespetando de forma absoluta el Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia, que usurpa la representación del Estado y tiraniza a la Nación, interfiere en los asuntos internos de diversas naciones mediante acciones arbitrarias, tales como el envío de recursos financieros, personal civil, militar, pertrechos y armas, hasta el anuncio del despacho de unidades militares operativas, acciones que corresponden más bien a la organización del crimen organizado transnacional, que a acciones imperiales o de carácter ideológico alguno, como pretende argumentar el Movimiento Demócrata Liberal-MDL al señalar que semejantes violaciones podrían ser catalogadas como “socialistas”.
En Caracas, a los 29 días del mes de julio de 2009
Miembro del Poder Electoral designado el 4JUNIO2000 por la Comisión Legislativa Nacional-“Congresillo” del Régimen de Transición de los Poderes Públicos, a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada el 15DIC1EMBRE1999.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Con relación a la solicitud que ha formulado en esta fecha el Movimiento Demócrata Liberal-MDL, invitando a la representación en Caracas de la Organización de Estados Americanos-OEA para que abandone voluntariamente el territorio venezolano:
Considero que razones similares también aplican a las delegaciones de las Naciones Unidas, que por intermedio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD (Jefe de la Misión, Antonio Molpeceres), conjuntamente con el Centro Carter (Jefe de la Misión Francisco Diez, con la participación en diversas oportunidades del ex presidente de los Estados Unidos Señor James E. Carter) estuvieron a cargo de la asistencia técnica, siendo los principales responsables con el ex presidente de Colombia Señor César Gaviria, Secretario General de la OEA, tanto de la legitimación de una “Mesa de Negociación y Acuerdo” entre el gobierno y las oposiciones representadas por la “Coordinadora Democrática”, así como del desconocimiento del acuerdo suscrito el 29 de Mayo de 2003, ninguno de cuyos 19 numerales ha sido honrado, tampoco el establecimiento y la operación de la “Comisión de Seguimiento”, en particular los puntos # 17, relativo
“A la fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios ya solicitados, así como aquellos que puedan llegar a solicitarse….”, y el punto # 13, relacionado con la designación del CNE “……a ser designado en la forma prevista en la Constitución…”, relacionados ambos con las facultades del Poder Electoral, por lo que me corresponde velar por su cumplimiento, para que condujera a asegurar la legitimación de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela mediante el sufragio, mientras que con el aval de todos los firmantes y de todas estas organizaciones se violó flagrantemente la Constitución de la República, se usurparon las autonomías de los poderes públicos Legislativo, de la Asamblea Nacional-AN y del Electoral, del CNE, designándose arbitrariamente en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ a las autoridades y funcionarios subalternos del CNE, acciones todas que se ejecutaron violentando el
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia (Art. 2. CRBV99), verdadera inhabilitación del pueblo de Venezuela, que se había pronunciado con diáfana claridad solicitando mediante 3,4 millones de firmas debidamente verificadas por el CNE bajo nuestra responsabilidad, entre otras, la convocatoria del Referéndum Revocatorio del para entonces Presidente Hugo Chávez, programado en el mes de septiembre de 2003 y efectuando, mediante la burla del soberano y la organización del mayor fraude de la historia nacional, un Referéndum “Ratificatorio”, inexistente en la ley, el 15AGOSTO2004, en el que habría perdido toda legitimidad de origen y a partir de tal fecha usurpa Hugo Chávez la representación del Estado, la Presidencia y la jefatura de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Testimonios de todas estas violaciones a los derechos humanos, de alcance general a todos los venezolanos, de carácter imprescriptible y de jurisdicción planetaria, pueden también ser solicitados a cada uno de los otros miembros del CNE: Alfredo Avella Guevara y José Manuel Zerpa Guerra. (Rómulo Rangel Ruíz +)
También considero que copia de estas iniciativas deben ser consignadas tanto a las representaciones diplomáticas del denominado “Grupo de Apoyo” de países amigos, quienes suscribieron como garantes el cumplimiento de los referidos acuerdos: Estados Unidos de Norte América, Portugal, Brasil, Chile, México y España, así como a los representantes de la Coordinadora Democrática y otras instituciones que lo suscribieron: Rafael Alfonso Hernández, Alejandro Armas (+), Manuel Cova, Eduardo Lapi, Timoteo Zambrano y el asesor Juan Manuel Raffalli.
La sociedad civil venezolana (Art. 296. CRBV99), el colectivo, han expresado, en nuestro criterio, con claridad a partir de 2002 y de diversas formas, su rechazo a las iniciativas totalitarias del régimen, que fueron enfrentadas mediante manifestaciones públicas de diverso orden, huelgas, paros, acciones de calle, remitidos, acuerdos de instituciones, academias, gremios y sindicatos, y, a pesar de su desconfianza en el Sistema Electoral accedieron a la invitación de las diversas organizaciones políticas de hacerse cómplices y delinquir al participar votando, a pesar de que legitimarían el Sistema Electoral fraudulento y convalidarían los resultados de los fraudes electorales, mediante los records de participación en eventos electorales, bien “votando” (15AGO2004-Referéndum ”Ratificatorio” Presidencial) y adicionalmente, “no votando” (4DIC2005-Elecciones Parlamentarias); el primero ante la oferta-engaño de que se demostraría y
denunciaría el fraude que conduciría al desconocimiento del régimen y el segundo, como mecanismo para desconocer al propio Sistema Electoral y al régimen, mediante la disposición para la abstención masiva que superó el 85% a pesar de la coacción sobre los beneficiarios de programas o empleados del Estado, como presión del colectivo, que obligó a los partidos de las oposiciones a retirar sus candidatos, para como era previsible, traicionarlos al día siguiente, estableciendo el régimen y las oposiciones los acuerdos y las negociaciones para la debida distribución del presupuesto entre gobernaciones y alcaldías que ya compartían, desde los fraudes del 31OCTUBRE2004-Elecciones Regionales y 7AGOSTO2005-Elecciones Municipales y Parroquiales.
La sociedad civil, el colectivo, primero que los candidatos y las organizaciones políticas, son los que verdaderamente han sido progresivamente inhabilitados por el régimen y por las oposiciones complementarias mediante la legitimación del fraude electoral permanente y continuado durante los eventos referidos, y adicionalmente: 3DIC2006-Presidencial; 2DIC2007-Referéndum Constitucional; 23NOV2008-Elecciones Regionales; 15FEB2009-Referéndum Aprobatorio Enmienda Constitucional, desapareciendo progresivamente de forma absoluta la legalidad y la autonomía de todos los poderes públicos, hasta arribar al régimen totalitario, militarista que usurpa todos los poderes públicos, afiliado y promotor de la subversión regional, el narcotráfico, la legitimación de capitales, asociado con naciones consideradas forajidas por la comunidad internacional, violando en permanencia los derechos humanos, irrespetando de forma absoluta el Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia, que usurpa la representación del Estado y tiraniza a la Nación, interfiere en los asuntos internos de diversas naciones mediante acciones arbitrarias, tales como el envío de recursos financieros, personal civil, militar, pertrechos y armas, hasta el anuncio del despacho de unidades militares operativas, acciones que corresponden más bien a la organización del crimen organizado transnacional, que a acciones imperiales o de carácter ideológico alguno, como pretende argumentar el Movimiento Demócrata Liberal-MDL al señalar que semejantes violaciones podrían ser catalogadas como “socialistas”.
En Caracas, a los 29 días del mes de julio de 2009
miércoles, 8 de julio de 2009
HONDURAS Y VENEZUELA
LA OEA Y LA ONU, ¿SOCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL?
Rómulo Lares Sánchez. 4JULIO2009
Después de diez años de violaciones ininterrumpidas del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y de los derechos humanos a los residentes en Venezuela, Hugo Chávez y asociados habrían consolidado una imagen falsa ante la opinión internacional, fachada de la verdadera organización criminal transnacional que representan y promueven, usurpando personalmente la representación del Estado y las jefaturas del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Armada, y de forma indirecta los demás poderes públicos nacionales, afiliada a la subversión regional y mundial, al narcotráfico y a la legitimación de capitales, que interfiere en los asuntos internos de numerosas naciones, asociada a países considerados forajidos por la comunidad internacional. Sin embargo, habría sido reconocida por la mayoría de naciones como un actor legítimo y legal en los escenarios internacionales, pretendiendo ahora, en el “escenario” de Honduras, la consagración de los valores del crimen organizado como principios de la concepción y acción del Estado denominado “Socialismo del Siglo XXI”.
Es necesaria una explicación de la velocidad y la unanimidad con las que las organizaciones regionales y mundiales de naciones: ALBA, SICA, OEA, ONU, UE, CAN, UNASUR, MERCOSUR, desconocieron los actos de los poderes públicos legítimos de una nación independiente, democrática y soberana, calificaron sus acciones como retroceso a las épocas primitivas en las que los militares decidían los conflictos civiles y pretendieron ordenar la reversión de tales acciones para restituir al delincuente removido, también por lo incoherente de sus argumentos, así como porque jamás solicitaron ni tomaron en consideración las opiniones de los poderes públicos del estado de Honduras.
Desde el punto de vista jurídico habría sido establecido con claridad que la República de Honduras no ha violado ningún tratado internacional, ni ha agredido a alguna otra nación soberana u organización internacional; tampoco ha sido incoherente en la aplicación de los principios jurídicos universales ni los de su legislación interna. Esto permitiría explicar porqué la comunidad internacional concentró la crítica en la “forma” como fue detenido y tratado el indiciado por el órgano auxiliar de la Justicia designado para su captura, en este caso la Fuerza Armada y al extraditarlo de su territorio; un funcionario público-presidente que según los demás poderes públicos establecidos con la misma legitimidad que la del capturado, se había colocado por encima de la ley hasta acumular 18 causas judiciales en su contra, entre ellas, el abuso de poder, el persistente desconocimiento y desacato de la autoridad de los otros poderes públicos, pero cuya causa fundamental habría sido la violación de los derechos humanos, la grave pretensión de la manipulación del contenido de la Constitución, de forma clandestina y mediante la asociación, participación y complicidad con otras naciones, y también de los procedimientos electorales hasta la acción flagrante para asumir atribuciones de la autoridad electoral.
La tesis del Profesor Enrique Tejera París, de la Fuerza Armada como “Policía Constitucional” ha sido demostrada y ejecutada en Honduras. La captura, para el enjuiciamiento del “Más Buscado de Venezuela”, primer paso para restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, corresponderá a sus compañeros de armas del “Ejército Forjador de Libertades”, acto que, sin embargo, no será jamás suficiente para rescatar la dignidad de la Fuerzas Armadas Nacionales, perdida ya dentro de la letrina que ha sido su actuación institucional a partir de 1999.
Desde el punto de vista político, también habría quedado establecido que el Gobierno de Honduras resolvió el rompimiento persistente de la constitucionalidad, de la violación de los derechos humanos y de diversas acciones calificadas como de traición a la patria promovidas por el Jefe del Estado, de una manera constitucional, simple y eficaz, con pleno control de la estabilidad política de la nación y sin derramamiento de sangre.
El “Caso Honduras”, nos permitiría observar la presencia de un cambio “revolucionario” del paradigma ético para el Estado y el gobierno de la era de la globalización, que tendría un impacto definitivo en el futuro del planeta, en todos los órdenes, mostrándose primero en la aprobación y la tolerancia de la comunidad internacional de la organización del Estado al margen del Estado de Derecho y en el ejercicio totalitario del control sobre la sociedad y sobre el individuo, como es el caso de Venezuela, condiciones que son las que deberían alarmarnos, porque sí son las que en realidad representarían un verdadero retroceso a los períodos más oscuros del Siglo XX.
Los reacomodos planetarios después del colapso del Muro de Berlín, de la culminación de la guerra fría por una parte, y por la otra, la entrada acelerada en la era de la globalización, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, parecían fortalecer la evolución de la legislación internacional para comprometer a los Estados y a la comunidad internacional con la protección y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como la persecución de los infractores por la vía jurisdiccional global y sin prescripción. ¿Pudiera haberse trastocado esta tendencia por el trauma de los eventos de Nueva York y Washington del 11SEPTIEMBRE2001?
Para asombro de muchos, la visión institucional externa nos muestra descarnadamente el verdadero retroceso hacia la locura más profunda del género humano, representada por el respaldo al ejercicio del poder y del gobierno por el crimen organizado transnacional, proclamando las libertades y la democracia pero practicando adicionalmente la cultura del fascismo, el nacional socialismo o el estalinismo concentrados todos en el modelo cubano. No se trataría entonces del retorno a los regímenes totalitarios considerados “típicos” de la América Latina, sino de otro de carácter mucho más grave y de consecuencias hemisféricas y planetarias. Podríamos entonces explicar los discursos de Hugo Chávez y de Raúl Castro exigiendo democracia, “orden constitucional”, la intervención y el bloqueo de una nación, pero no la reacción cómplice de la comunidad internacional.
Este debate ya se había hecho necesario a partir del arribo legítimo al poder, mediante la formalidad electoral, de la “ideología revolucionario del Socialismo del Siglo XXI” y de sus prácticas del crimen organizado transnacional en el desempeño de sus atribuciones, para alarma de cualquier observador verdaderamente interesado por la paz y la estabilidad del hemisferio y del planeta.
La elección del Señor Barack H. Obama a la Presidencia de USA, habría sido una expresión y una esperanza de la decisión creciente de los colectivos nacionales de respaldar gobiernos éticos, es decir, que fortalezcan las instituciones de los Estados para respetar y proteger al hombre, sus libertades y también el medio ambiente, es decir los derechos humanos y la paz. Estimo que así quedó reflejado en la opinión pública norteamericana.
El “Caso Honduras” no puede ser extraído del contexto de la geopolítica regional y mundial, y debemos observar el interés particular para los USA, mostrado por los antecedentes políticos, su base de operaciones militares aéreas en la región, el “Plan Colombia” y la evolución de la gran industria del narcotráfico y de la subversión regional, pero debe también entenderse la importancia para el “Socialismo del Siglo XXI” y en consecuencia para toda la región. ¿Qué grado de veracidad tendría la información según la cual, habría intervenido el embajador norteamericano en Tegucigalpa recomendando al Congreso que no destituyera al Presidente, que los militares habrían decidido no atender, y lo detuvieron y extraditaron?
Otro elementos estarían representados por la sospecha del avance de las negociaciones para el acercamiento entre Cuba y USA, en un contexto que muestra el rompimiento del embargo, que se debilita por una creciente importación de alimentos de procedencia norteamericana que se oculta, a pesar de que habría alcanzado los US$ 720 millones en 2008; por la disminución creciente de la capacidad de cooperación, intercambio y de negocios “fáciles” con Venezuela, hasta el levantamiento de la sanción que excluía a Cuba de la OEA en 1962, con la unanimidad de los países miembros reunidos en Honduras recientemente (7JUNIO2009).
El debate que representa el “Caso Honduras” estaría entre 1) el rescate de los valores éticos de la democracia consagrados en Occidente o, 2) la consolidación de los anti-valores del ejercicio de totalitarismos con fachada de democracia del “Socialismo del Siglo XXI”, de la violación planificada y permanente del Estado de Derecho en el desempeño de una magistratura, encubriendo tal crimen con el supuesto origen legítimo electoral, dejando al descubierto dos contradicciones: 1) que el origen legítimo del funcionario se afecta, destruye y desaparece, de acuerdo con la gravedad del irrespeto de las reglas que estuvieron en el fundamento de la aceptación de su cargo y, 2) que la pérdida de la legitimidad de uno de los poderes públicos no arrastra, en razón del diseño de la separación y la autonomía, el colapso de los demás poderes.
La comunidad internacional ha fundamentado el desconocimiento de las acciones de las autoridades legítimas de Honduras, sólo considerando una supuesta primacía de la legitimidad del origen del Poder Ejecutivo y del mandatario depuesto, como si ese fuese un atributo jurídico superior al de la legitimidad del ejercicio de la autoridad. La usurpación de la jefatura del Estado por el “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela mediante el fraude electoral del Referéndum “Ratificatorio”, condujo inequívocamente a la pérdida de su legitimidad y de su legalidad electoral, de origen, autónoma y distinta de las también perdidas por el ejercicio criminal de las funciones usurpadas. El mismo hecho de colocarse al margen del Estado de Derecho lo habría despojado de la legitimidad y legalidad de su mandato, si es que las hubiese tenido alguna vez.
Un hecho demostrado en Venezuela a partir del 4DIC2005, en el fraude de la elección de una farsa de “Asamblea Nacional”, es que el régimen aplicó la censura absoluta primero, al razonable cuestionamiento y desconocimiento de la legalidad del origen de su autoridad, por la ilegalidad y la ilegitimidad de todos los diputados proclamados por el escandaloso fraude interno del Sistema Electoral, también porque sólo participaron los candidatos del régimen ante el retiro de los candidatos de las oposiciones, como acto de denuncia y de protesta, presentándose ante las urnas sólo un aproximado 15% de los electores supuestamente inscritos, porque tampoco fueron publicados los resultados definitivos ni el Registro de Electores, así como también aplicó la censura en segundo término a la denuncia y desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, la institución legitimadora responsable del sistema electoral, que posee rango de Poder Público Nacional.
La comunidad internacional representada por la OEA, el PNUD y con la participación del Centro Carter, no han dicho nada después de 10 años sobre la transformación del régimen democrático venezolano en un régimen del crimen organizado transnacional, a pesar de que durante 2003 y 2004, como actores-mediadores de una mesa de negociación política, contribuyeron durante ocho (8) meses con la consolidación del fraude electoral que transformó a Hugo Chávez en usurpador de la presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de la Fuerza Armada Nacional. Estas instituciones no sólo respaldaron la toma del control del Estado por el crimen organizado, sino que han venido encubriendo la larga lista de crímenes de lesa patria y lesa humanidad acumulados desde 1999 y la escalada interminable de violaciones del Estado de Derecho, promovida y estimulada por la impunidad que se le garantizaba.
La comunidad internacional también convalidó y legitimó el Sistema Electoral para el fraude continuado y permanente del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se fueron eligiendo fraudulentamente todas las demás autoridades.
Allí está la genialidad perversa y pervertida que ha contado con el respaldo-complicidad de las oposiciones complementarias venezolanas al régimen, que han sido, junto a los medios de comunicación social, la columna vertebral para su legitimación. Se empeñaron en corromperse arrastrando a las mayorías democráticas hacia la participación en el fraude electoral, con pleno conocimiento y muy bien remuneradas, convalidando un Sistema Electoral diseñado para la creación y generación de resultados virtuales, engañando al país y al mundo, a cambio de unos resultados concedidos por el régimen para que se desencadenara una celebración absurda proclamando la existencia del voto y de la democracia, para la promoción de la vía electoral como única alternativa de acción constitucional.
He sostenido que la forma de restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, sería mediante el reconocimiento de los hechos y de los errores, por lo tanto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los principios universales del derecho y los particulares establecidos en la Constitución, se debe desconocer la autoridad del tirano y adicionalmente el mecanismo electoral fraudulento y criminal para la legitimación de autoridades, así es como se debería actuar para alcanzar su restablecimiento.
Las ausencias de visión y de valores de las oposiciones complementarias se demostrarían adicionalmente hoy con la contradicción escandalosa de sus demandas ante la OEA en Caracas, al actuar con desprecio del colectivo venezolano mientras argumentan que lo hacen en su nombre y procurando el respeto de la voluntad popular expresada mediante el sufragio del CNE, solicitando la atención y el mismo esfuerzo para el restablecimiento del “orden constitucional” tanto en Honduras como en Venezuela, aunque esto significara la relegitimación de los regímenes del crimen organizado transnacional.
El “Caso Honduras” no ha sido fortuito, en su preparación han participado ciudadanos e instituciones miembros de la “pandilla del socialismo del Siglo XXI”, que han acaparado la atención de las organizaciones multilaterales para que declaren el carácter no negociable de la legitimidad de origen de un Jefe de Estado, desconociendo la idéntica legitimidad de los demás poderes públicos nacionales constituidos pero apegadas al Estado de Derecho. Esta es una similitud relativa con el Caso Venezuela, de allí la trascendencia para el régimen de sostener la legitimidad de Hugo Chávez, perdida el 15AGOSTO2004 en el fraude del Referéndum “Ratificatorio”.
La importancia para Venezuela de este debate estaría en que conduciría al desconocimiento universal del régimen y a su enjuiciamiento por crímenes de lesa patria y lesa humanidad, al desnudar en escala global la ilegalidad e ilegitimidad tanto de Hugo Chávez como las de todas las demás autoridades usurpadas e ilegales. Adicionalmente, con el restablecimiento de la legalidad se cortaría la fuente de recursos para las operaciones internacionales del “crimen organizado del socialismo del Siglo XXI”, generadas tanto por el saqueo de los recursos nacionales, como por su asociación con el narcotráfico y la legitimación de capitales, sin dudas una muy buena noticia para el mundo y para los venezolanos.
La complejidad de nuestra crisis es mayor que la proporción de los tamaños de las dos naciones, por la entronización del régimen durante un período de 10 años, la destrucción de todas las instituciones públicas y privadas, la persecución y discriminación de ciudadanos, la promoción del miedo y el terror, estimulados con la promoción de la delincuencia y la operación de las milicias armadas hasta la capacidad de represión ilimitada, y también por la existencia de cuantiosos recursos para calmar todas las conciencias, además de la falta de legitimidad y la complicidad de todas las instituciones y autoridades públicas, con el respaldo de las denominadas oposiciones complementarias; por todo esto, la solución requerirá de mayores sacrificios para la sociedad democrática, porque enfrentamos adicionalmente la dificultad del reconocimiento de la condición ilegal del resto de las autoridades “elegidas”, de sus acciones contradictorias y de su complicidad con el régimen.
Se requiere de la unidad de la nación alrededor de principios éticos y de un plan coherente, como ha sido la expresión también coherente del colectivo desde 2003, con autonomía de todas las organizaciones y de los partidos políticos, más bien traicionadas con persistencia por éstos, para que se consolide mediante la unión y la participación de las mayorías, y para que a partir de la construcción conjunta de un verdadero Sistema Electoral marchemos por la vía firme hacia el retorno al Estado democrático y social de de Derecho y de Justicia.
La oportunidad que nos ofrece el actual debate, estaría en la posibilidad de que se convirtiera en una trampa-jaula para los representantes y promotores de la pandilla del “Socialismo del Siglo XXI”, particularmente para los de Venezuela, aunque podrían tener cabida todos los del continente. ¿Será ésta la estrategia de la comunidad internacional, que se habría reflejado en la velocidad y la unanimidad con la que se calificó el “Caso Honduras”?
Se impone hoy entonces la tesis simple y directa de la ilegalidad e ilegitimidad del origen de la autoridad de Hugo Chávez, que he sostenido como miembro del Consejo Nacional Electoral designado por la Comisión Legislativa Nacional en 2000 y en el “exilio” a partir de 2003, como consecuencia de la violación de múltiples aspectos críticos en la preparación de todos los actos electorales, transformándolos en fraudes electorales, en particular para este caso, del Referéndum Consultivo del 2FEBRERO2003, del Referéndum Revocatorio de SEPTIEMBRE2003 y del Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004. Este último fraude ha sido demostrado íntegramente desde esa fecha, tanto por las violaciones escandalosas de diversos componentes fundamentales previos al día de las votaciones, así como por la serie de estudios forenses que también lo confirman de manera irrefutable.
Esta semana se hizo público en Nueva York un hecho relevante, para presionar la confirmación por parte de los USA y de la comunidad internacional, en relación con la ilegitimidad del origen electoral de Hugo Chávez, debido al reconocimiento del error en el que habría incurrido uno de los expertos integrante del panel de especialistas electorales del Centro Carter en 2004, el Profesor Henry Brady, quien hasta ahora no había aceptado que los números reportados por el Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004 fueran anómalos, criterio en el que se habrían basado también los informes aprobatorios de las misiones de la OEA y del PNUD para declarar la limpieza y validez del fraude electoral que “deslegitimó” al usurpador de la Presidencia. Esto se produjo como consecuencia de la actualización de la investigación de los Profesores venezolanos L. Perichi y D. Torres sobre este caso, en proceso de publicación en el “Statistical Science”, que se habría convertido en la fórmula infalible, de aplicación universal, obligatoria y única para confirmar la manipulación humana fraudulenta de la data electoral, y para orgullo de los venezolanos.
Adicionalmente, se encuentra en proceso de publicación en el mismo templo académico mundial de la estadística, otra investigación realizada por los profesores venezolanos R. Prado y B. Sansó, que confirma las discrepancias entre dos encuestas a boca de urna y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en el mismo Referéndum “Ratificatorio”.
(1) Teódulo López Meléndez. Las honduras de las ironías. El Liberal Venezolano. Junio 30, 2009
(2) Baldomero Vásquez Soto, El analfabetismo económico de Fidel Castro. La ñapa. PETROLEUMWORLD.com. 25MARZO2009.
(3) “The Devil´s Excrements” por Miguel Octavio. The Wall Street Journal-WSJ. Julio 2, 2009.
(4) L. Perichi y D. Torres (2009), Quick anomaly detection by the Newcomb-Benford Law, with applications to electoral processes data; from the USA and Venezuela.< http://www.imstat.org/sts/future papers.html >
(5) R. Prado y B. Sansó (2009) The 2004 Venezuelan presidencial recall referéndum: discrepancias between two exit polls and oficial results, < http://www.instat.org/sts/future papers.html >
Rómulo Lares Sánchez. 4JULIO2009
Después de diez años de violaciones ininterrumpidas del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y de los derechos humanos a los residentes en Venezuela, Hugo Chávez y asociados habrían consolidado una imagen falsa ante la opinión internacional, fachada de la verdadera organización criminal transnacional que representan y promueven, usurpando personalmente la representación del Estado y las jefaturas del Poder Ejecutivo y de la Fuerza Armada, y de forma indirecta los demás poderes públicos nacionales, afiliada a la subversión regional y mundial, al narcotráfico y a la legitimación de capitales, que interfiere en los asuntos internos de numerosas naciones, asociada a países considerados forajidos por la comunidad internacional. Sin embargo, habría sido reconocida por la mayoría de naciones como un actor legítimo y legal en los escenarios internacionales, pretendiendo ahora, en el “escenario” de Honduras, la consagración de los valores del crimen organizado como principios de la concepción y acción del Estado denominado “Socialismo del Siglo XXI”.
Es necesaria una explicación de la velocidad y la unanimidad con las que las organizaciones regionales y mundiales de naciones: ALBA, SICA, OEA, ONU, UE, CAN, UNASUR, MERCOSUR, desconocieron los actos de los poderes públicos legítimos de una nación independiente, democrática y soberana, calificaron sus acciones como retroceso a las épocas primitivas en las que los militares decidían los conflictos civiles y pretendieron ordenar la reversión de tales acciones para restituir al delincuente removido, también por lo incoherente de sus argumentos, así como porque jamás solicitaron ni tomaron en consideración las opiniones de los poderes públicos del estado de Honduras.
Desde el punto de vista jurídico habría sido establecido con claridad que la República de Honduras no ha violado ningún tratado internacional, ni ha agredido a alguna otra nación soberana u organización internacional; tampoco ha sido incoherente en la aplicación de los principios jurídicos universales ni los de su legislación interna. Esto permitiría explicar porqué la comunidad internacional concentró la crítica en la “forma” como fue detenido y tratado el indiciado por el órgano auxiliar de la Justicia designado para su captura, en este caso la Fuerza Armada y al extraditarlo de su territorio; un funcionario público-presidente que según los demás poderes públicos establecidos con la misma legitimidad que la del capturado, se había colocado por encima de la ley hasta acumular 18 causas judiciales en su contra, entre ellas, el abuso de poder, el persistente desconocimiento y desacato de la autoridad de los otros poderes públicos, pero cuya causa fundamental habría sido la violación de los derechos humanos, la grave pretensión de la manipulación del contenido de la Constitución, de forma clandestina y mediante la asociación, participación y complicidad con otras naciones, y también de los procedimientos electorales hasta la acción flagrante para asumir atribuciones de la autoridad electoral.
La tesis del Profesor Enrique Tejera París, de la Fuerza Armada como “Policía Constitucional” ha sido demostrada y ejecutada en Honduras. La captura, para el enjuiciamiento del “Más Buscado de Venezuela”, primer paso para restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, corresponderá a sus compañeros de armas del “Ejército Forjador de Libertades”, acto que, sin embargo, no será jamás suficiente para rescatar la dignidad de la Fuerzas Armadas Nacionales, perdida ya dentro de la letrina que ha sido su actuación institucional a partir de 1999.
Desde el punto de vista político, también habría quedado establecido que el Gobierno de Honduras resolvió el rompimiento persistente de la constitucionalidad, de la violación de los derechos humanos y de diversas acciones calificadas como de traición a la patria promovidas por el Jefe del Estado, de una manera constitucional, simple y eficaz, con pleno control de la estabilidad política de la nación y sin derramamiento de sangre.
El “Caso Honduras”, nos permitiría observar la presencia de un cambio “revolucionario” del paradigma ético para el Estado y el gobierno de la era de la globalización, que tendría un impacto definitivo en el futuro del planeta, en todos los órdenes, mostrándose primero en la aprobación y la tolerancia de la comunidad internacional de la organización del Estado al margen del Estado de Derecho y en el ejercicio totalitario del control sobre la sociedad y sobre el individuo, como es el caso de Venezuela, condiciones que son las que deberían alarmarnos, porque sí son las que en realidad representarían un verdadero retroceso a los períodos más oscuros del Siglo XX.
Los reacomodos planetarios después del colapso del Muro de Berlín, de la culminación de la guerra fría por una parte, y por la otra, la entrada acelerada en la era de la globalización, de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, parecían fortalecer la evolución de la legislación internacional para comprometer a los Estados y a la comunidad internacional con la protección y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como la persecución de los infractores por la vía jurisdiccional global y sin prescripción. ¿Pudiera haberse trastocado esta tendencia por el trauma de los eventos de Nueva York y Washington del 11SEPTIEMBRE2001?
Para asombro de muchos, la visión institucional externa nos muestra descarnadamente el verdadero retroceso hacia la locura más profunda del género humano, representada por el respaldo al ejercicio del poder y del gobierno por el crimen organizado transnacional, proclamando las libertades y la democracia pero practicando adicionalmente la cultura del fascismo, el nacional socialismo o el estalinismo concentrados todos en el modelo cubano. No se trataría entonces del retorno a los regímenes totalitarios considerados “típicos” de la América Latina, sino de otro de carácter mucho más grave y de consecuencias hemisféricas y planetarias. Podríamos entonces explicar los discursos de Hugo Chávez y de Raúl Castro exigiendo democracia, “orden constitucional”, la intervención y el bloqueo de una nación, pero no la reacción cómplice de la comunidad internacional.
Este debate ya se había hecho necesario a partir del arribo legítimo al poder, mediante la formalidad electoral, de la “ideología revolucionario del Socialismo del Siglo XXI” y de sus prácticas del crimen organizado transnacional en el desempeño de sus atribuciones, para alarma de cualquier observador verdaderamente interesado por la paz y la estabilidad del hemisferio y del planeta.
La elección del Señor Barack H. Obama a la Presidencia de USA, habría sido una expresión y una esperanza de la decisión creciente de los colectivos nacionales de respaldar gobiernos éticos, es decir, que fortalezcan las instituciones de los Estados para respetar y proteger al hombre, sus libertades y también el medio ambiente, es decir los derechos humanos y la paz. Estimo que así quedó reflejado en la opinión pública norteamericana.
El “Caso Honduras” no puede ser extraído del contexto de la geopolítica regional y mundial, y debemos observar el interés particular para los USA, mostrado por los antecedentes políticos, su base de operaciones militares aéreas en la región, el “Plan Colombia” y la evolución de la gran industria del narcotráfico y de la subversión regional, pero debe también entenderse la importancia para el “Socialismo del Siglo XXI” y en consecuencia para toda la región. ¿Qué grado de veracidad tendría la información según la cual, habría intervenido el embajador norteamericano en Tegucigalpa recomendando al Congreso que no destituyera al Presidente, que los militares habrían decidido no atender, y lo detuvieron y extraditaron?
Otro elementos estarían representados por la sospecha del avance de las negociaciones para el acercamiento entre Cuba y USA, en un contexto que muestra el rompimiento del embargo, que se debilita por una creciente importación de alimentos de procedencia norteamericana que se oculta, a pesar de que habría alcanzado los US$ 720 millones en 2008; por la disminución creciente de la capacidad de cooperación, intercambio y de negocios “fáciles” con Venezuela, hasta el levantamiento de la sanción que excluía a Cuba de la OEA en 1962, con la unanimidad de los países miembros reunidos en Honduras recientemente (7JUNIO2009).
El debate que representa el “Caso Honduras” estaría entre 1) el rescate de los valores éticos de la democracia consagrados en Occidente o, 2) la consolidación de los anti-valores del ejercicio de totalitarismos con fachada de democracia del “Socialismo del Siglo XXI”, de la violación planificada y permanente del Estado de Derecho en el desempeño de una magistratura, encubriendo tal crimen con el supuesto origen legítimo electoral, dejando al descubierto dos contradicciones: 1) que el origen legítimo del funcionario se afecta, destruye y desaparece, de acuerdo con la gravedad del irrespeto de las reglas que estuvieron en el fundamento de la aceptación de su cargo y, 2) que la pérdida de la legitimidad de uno de los poderes públicos no arrastra, en razón del diseño de la separación y la autonomía, el colapso de los demás poderes.
La comunidad internacional ha fundamentado el desconocimiento de las acciones de las autoridades legítimas de Honduras, sólo considerando una supuesta primacía de la legitimidad del origen del Poder Ejecutivo y del mandatario depuesto, como si ese fuese un atributo jurídico superior al de la legitimidad del ejercicio de la autoridad. La usurpación de la jefatura del Estado por el “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela mediante el fraude electoral del Referéndum “Ratificatorio”, condujo inequívocamente a la pérdida de su legitimidad y de su legalidad electoral, de origen, autónoma y distinta de las también perdidas por el ejercicio criminal de las funciones usurpadas. El mismo hecho de colocarse al margen del Estado de Derecho lo habría despojado de la legitimidad y legalidad de su mandato, si es que las hubiese tenido alguna vez.
Un hecho demostrado en Venezuela a partir del 4DIC2005, en el fraude de la elección de una farsa de “Asamblea Nacional”, es que el régimen aplicó la censura absoluta primero, al razonable cuestionamiento y desconocimiento de la legalidad del origen de su autoridad, por la ilegalidad y la ilegitimidad de todos los diputados proclamados por el escandaloso fraude interno del Sistema Electoral, también porque sólo participaron los candidatos del régimen ante el retiro de los candidatos de las oposiciones, como acto de denuncia y de protesta, presentándose ante las urnas sólo un aproximado 15% de los electores supuestamente inscritos, porque tampoco fueron publicados los resultados definitivos ni el Registro de Electores, así como también aplicó la censura en segundo término a la denuncia y desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, la institución legitimadora responsable del sistema electoral, que posee rango de Poder Público Nacional.
La comunidad internacional representada por la OEA, el PNUD y con la participación del Centro Carter, no han dicho nada después de 10 años sobre la transformación del régimen democrático venezolano en un régimen del crimen organizado transnacional, a pesar de que durante 2003 y 2004, como actores-mediadores de una mesa de negociación política, contribuyeron durante ocho (8) meses con la consolidación del fraude electoral que transformó a Hugo Chávez en usurpador de la presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de la Fuerza Armada Nacional. Estas instituciones no sólo respaldaron la toma del control del Estado por el crimen organizado, sino que han venido encubriendo la larga lista de crímenes de lesa patria y lesa humanidad acumulados desde 1999 y la escalada interminable de violaciones del Estado de Derecho, promovida y estimulada por la impunidad que se le garantizaba.
La comunidad internacional también convalidó y legitimó el Sistema Electoral para el fraude continuado y permanente del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se fueron eligiendo fraudulentamente todas las demás autoridades.
Allí está la genialidad perversa y pervertida que ha contado con el respaldo-complicidad de las oposiciones complementarias venezolanas al régimen, que han sido, junto a los medios de comunicación social, la columna vertebral para su legitimación. Se empeñaron en corromperse arrastrando a las mayorías democráticas hacia la participación en el fraude electoral, con pleno conocimiento y muy bien remuneradas, convalidando un Sistema Electoral diseñado para la creación y generación de resultados virtuales, engañando al país y al mundo, a cambio de unos resultados concedidos por el régimen para que se desencadenara una celebración absurda proclamando la existencia del voto y de la democracia, para la promoción de la vía electoral como única alternativa de acción constitucional.
He sostenido que la forma de restablecer el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, sería mediante el reconocimiento de los hechos y de los errores, por lo tanto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno y los principios universales del derecho y los particulares establecidos en la Constitución, se debe desconocer la autoridad del tirano y adicionalmente el mecanismo electoral fraudulento y criminal para la legitimación de autoridades, así es como se debería actuar para alcanzar su restablecimiento.
Las ausencias de visión y de valores de las oposiciones complementarias se demostrarían adicionalmente hoy con la contradicción escandalosa de sus demandas ante la OEA en Caracas, al actuar con desprecio del colectivo venezolano mientras argumentan que lo hacen en su nombre y procurando el respeto de la voluntad popular expresada mediante el sufragio del CNE, solicitando la atención y el mismo esfuerzo para el restablecimiento del “orden constitucional” tanto en Honduras como en Venezuela, aunque esto significara la relegitimación de los regímenes del crimen organizado transnacional.
El “Caso Honduras” no ha sido fortuito, en su preparación han participado ciudadanos e instituciones miembros de la “pandilla del socialismo del Siglo XXI”, que han acaparado la atención de las organizaciones multilaterales para que declaren el carácter no negociable de la legitimidad de origen de un Jefe de Estado, desconociendo la idéntica legitimidad de los demás poderes públicos nacionales constituidos pero apegadas al Estado de Derecho. Esta es una similitud relativa con el Caso Venezuela, de allí la trascendencia para el régimen de sostener la legitimidad de Hugo Chávez, perdida el 15AGOSTO2004 en el fraude del Referéndum “Ratificatorio”.
La importancia para Venezuela de este debate estaría en que conduciría al desconocimiento universal del régimen y a su enjuiciamiento por crímenes de lesa patria y lesa humanidad, al desnudar en escala global la ilegalidad e ilegitimidad tanto de Hugo Chávez como las de todas las demás autoridades usurpadas e ilegales. Adicionalmente, con el restablecimiento de la legalidad se cortaría la fuente de recursos para las operaciones internacionales del “crimen organizado del socialismo del Siglo XXI”, generadas tanto por el saqueo de los recursos nacionales, como por su asociación con el narcotráfico y la legitimación de capitales, sin dudas una muy buena noticia para el mundo y para los venezolanos.
La complejidad de nuestra crisis es mayor que la proporción de los tamaños de las dos naciones, por la entronización del régimen durante un período de 10 años, la destrucción de todas las instituciones públicas y privadas, la persecución y discriminación de ciudadanos, la promoción del miedo y el terror, estimulados con la promoción de la delincuencia y la operación de las milicias armadas hasta la capacidad de represión ilimitada, y también por la existencia de cuantiosos recursos para calmar todas las conciencias, además de la falta de legitimidad y la complicidad de todas las instituciones y autoridades públicas, con el respaldo de las denominadas oposiciones complementarias; por todo esto, la solución requerirá de mayores sacrificios para la sociedad democrática, porque enfrentamos adicionalmente la dificultad del reconocimiento de la condición ilegal del resto de las autoridades “elegidas”, de sus acciones contradictorias y de su complicidad con el régimen.
Se requiere de la unidad de la nación alrededor de principios éticos y de un plan coherente, como ha sido la expresión también coherente del colectivo desde 2003, con autonomía de todas las organizaciones y de los partidos políticos, más bien traicionadas con persistencia por éstos, para que se consolide mediante la unión y la participación de las mayorías, y para que a partir de la construcción conjunta de un verdadero Sistema Electoral marchemos por la vía firme hacia el retorno al Estado democrático y social de de Derecho y de Justicia.
La oportunidad que nos ofrece el actual debate, estaría en la posibilidad de que se convirtiera en una trampa-jaula para los representantes y promotores de la pandilla del “Socialismo del Siglo XXI”, particularmente para los de Venezuela, aunque podrían tener cabida todos los del continente. ¿Será ésta la estrategia de la comunidad internacional, que se habría reflejado en la velocidad y la unanimidad con la que se calificó el “Caso Honduras”?
Se impone hoy entonces la tesis simple y directa de la ilegalidad e ilegitimidad del origen de la autoridad de Hugo Chávez, que he sostenido como miembro del Consejo Nacional Electoral designado por la Comisión Legislativa Nacional en 2000 y en el “exilio” a partir de 2003, como consecuencia de la violación de múltiples aspectos críticos en la preparación de todos los actos electorales, transformándolos en fraudes electorales, en particular para este caso, del Referéndum Consultivo del 2FEBRERO2003, del Referéndum Revocatorio de SEPTIEMBRE2003 y del Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004. Este último fraude ha sido demostrado íntegramente desde esa fecha, tanto por las violaciones escandalosas de diversos componentes fundamentales previos al día de las votaciones, así como por la serie de estudios forenses que también lo confirman de manera irrefutable.
Esta semana se hizo público en Nueva York un hecho relevante, para presionar la confirmación por parte de los USA y de la comunidad internacional, en relación con la ilegitimidad del origen electoral de Hugo Chávez, debido al reconocimiento del error en el que habría incurrido uno de los expertos integrante del panel de especialistas electorales del Centro Carter en 2004, el Profesor Henry Brady, quien hasta ahora no había aceptado que los números reportados por el Referéndum “Ratificatorio” del 15AGOSTO2004 fueran anómalos, criterio en el que se habrían basado también los informes aprobatorios de las misiones de la OEA y del PNUD para declarar la limpieza y validez del fraude electoral que “deslegitimó” al usurpador de la Presidencia. Esto se produjo como consecuencia de la actualización de la investigación de los Profesores venezolanos L. Perichi y D. Torres sobre este caso, en proceso de publicación en el “Statistical Science”, que se habría convertido en la fórmula infalible, de aplicación universal, obligatoria y única para confirmar la manipulación humana fraudulenta de la data electoral, y para orgullo de los venezolanos.
Adicionalmente, se encuentra en proceso de publicación en el mismo templo académico mundial de la estadística, otra investigación realizada por los profesores venezolanos R. Prado y B. Sansó, que confirma las discrepancias entre dos encuestas a boca de urna y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en el mismo Referéndum “Ratificatorio”.
(1) Teódulo López Meléndez. Las honduras de las ironías. El Liberal Venezolano. Junio 30, 2009
(2) Baldomero Vásquez Soto, El analfabetismo económico de Fidel Castro. La ñapa. PETROLEUMWORLD.com. 25MARZO2009.
(3) “The Devil´s Excrements” por Miguel Octavio. The Wall Street Journal-WSJ. Julio 2, 2009.
(4) L. Perichi y D. Torres (2009), Quick anomaly detection by the Newcomb-Benford Law, with applications to electoral processes data; from the USA and Venezuela.< http://www.imstat.org/sts/future papers.html >
(5) R. Prado y B. Sansó (2009) The 2004 Venezuelan presidencial recall referéndum: discrepancias between two exit polls and oficial results, < http://www.instat.org/sts/future papers.html >
domingo, 14 de junio de 2009
LA OEA OBSTACULIZA EL ESTADO DE DERECHO
LA OEA OBSTACULIZA EL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA
Rómulo Lares Sánchez. 14JUNIO2009
La complicidad y la asociación de la Organización de Estados Americanos-OEA con la desaparición del Estado democrático y social de derecho y de Justicia en Venezuela, y por consiguiente con la violación de los derechos humanos, no puede disimularse. Sin embargo, persisten las iniciativas con ese propósito. Tal es el caso de la coordinación, entre el Consejo Nacional Electoral-CNE y la OEA, de un espectáculo bautizado “II Encuentro de Expertos en Órganos Comiciales”, que se celebró durante dos días, el 11-12 de junio en Caracas.
La invitación a este evento habría estado restringida a los designados por los órganos electorales de países miembros de la OEA y a “expertos” seleccionados exclusivamente por el CNE, dentro de los cuadros de los simpatizantes nacionales e internacionales del régimen, si partimos de la denuncia que presentaron ante la Sede de la OEA, en Caracas, los miembros de la denominada “Mesa de la Unidad”.
Con el propósito de conocer sobre el evento y disponer de información sobre los participantes, el contenido de las diversas sesiones y mesas de trabajo, visité la antesala de los salones del encuentro, donde fui informado muy cortésmente de que sin credenciales no podría permanecer en esos espacios, ni me sería posible obtener información sobre los contenidos ni sobre la lista de los participantes nacionales y extranjeros.
Según el Diario “El Carabobeño” del 10JUNIO, en nota suscrita por la Lic. Danybeth Alvarado, la lista de los denunciantes ante la OEA, que debemos presumir no tuvieron representación alguna en el evento referido, habría estado conformada por los representantes de: UNT, Causa R, AD, Primero Justicia, COPEI, MAS, Podemos, Proyecto Venezuela, ABP, Bandera Roja, Vanguardia Popular, Movimiento Republicano y Fuerza Liberal. Los denunciantes, según la nota de prensa “…alertan que, de ser aprobada en los términos actuales la Ley de Procesos Electorales, constituiría un grave retroceso en materia de legislación electoral, porque afectará la garantía de pluralidad y la representación proporcional en la composición de los cargos de elección popular”. Para un miembro prominente de la autodenominada “oposición democrática” representada en su “Mesa de la Unidad”, “el Poder Electoral pretende con este evento internacional darle un manto de legalidad y de imagen democrático a esta ley”.
Para el “Diario Gramma”, desde La Habana el 11JUNIO, “El rector principal del Poder Electoral venezolano, Vicente Díaz, informó que el encuentro busca establecer un marco común de procedimientos para la gestión y el control de procesos comiciales”. Adicionalmente, el rector Díaz habría explicado detalles sobre las actividades de las cinco mesas de trabajo sobre Registro Electoral, Sistema de Gestión de Centro de Votación, Postulación y Producción de Boletas, Financiamiento Electoral y Motivación de la participación. A pesar de que la fuente de la información es el “Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba”, diera la impresión de que con sólo entrevistarse con el rector principal Díaz, los partidos políticos miembros de la “Mesa de la Unidad”, que se insiste estarían representados por él en el CNE, hubiesen aclarado ampliamente sus preocupaciones y en consecuencia habérselas aclarado a sus electores.
Además, el “Diario Gramma” también destacó que “La capital venezolana sirvió de sede el pasado año a un Seminario sobre Modernización y Uso de las Tecnologías Electorales en el Hemisferio”; sin duda, ¡la capital mundial de la ciencia y de la práctica electoral! ¿Habrán asistido expertos cubanos a los dos encuentros?
Mientras tanto, otro grupo de expertos electorales reunidos en el “Foro: POR UNAS ELECCIONES LIMPIAS, LIBRES Y JUSTAS ¿ES ESTE EL PROYECTO DE LEY ELECTORAL QUE NECESITAMOS?”, se concentraron en estudiar la nueva “Ley Electoral”. Según la nota del Lic. Eugenio Martínez en “El Universal.COM” del 13JUNIO, participaron SÚMATE, ESDATA, el ex rector CSE y CNE Iván Esquerre; Juan Carlos Apitz, ex magistrado de la Corte Primera Contencioso Administrativo y el abogado Carlos Vecchio.
En la nota del Lic. Martínez se reflejan las angustias que la ley despierta en los participantes en el Foro: “Será imposible auditar los sorteos de miembros de mesa”; “no existen parámetros para auditar al sistema de votación, escrutinio y totalización”; “permite que los rectores constituyan circunscripciones electorales discrecionalmente para cambiar los grupos de votantes…”; “La LOPE definirá el rumbo político del país, al condicionar la composición de la Asamblea Nacional, por esta razón la califica como: la ley más importante de todas las que se puedan aprobar”; “…hay que rescatar esa elaboración (de reglamentos) con un mecanismo que permita oír a los partidos”; “cuestiona muchos de los principios que internacionalmente son aceptados como elementos para la transparencia electoral”.
La pregunta que se hace una porción muy vasta de los ciudadanos, con total razón, reflejada en algunas encuestas en más del 50% de los inscritos en el Registro de Electores, quienes han quedado sin representación de los partidos políticos, de los otros expertos electorales referidos, ni en los medios de comunicación social, que han expresado con clara contundencia y persistencia su rechazo al voto del sistema electoral del CNE, a pesar de la aparente contradicción de imponer los récords nacionales de mayor participación y de mayor abstención militante, sería: ¿por qué se distrae al país analizando iniciativas legislativas, electorales y electoreras, si es claro que no existe en Venezuela Estado de Derecho alguno?
En consecuencia, ¿cómo pueden considerarse legítimas de entrada, es decir dignas de consideración, las acciones de autoridades usurpadas, como es el caso concreto de la Asamblea Nacional, o las de la institución estandarte del régimen que usurpa todos los poderes públicos, el CNE, cuyas actuaciones adicionalmente se encuentran todas al margen del Estado de Derecho?
¿Es que acaso el problema de la desaparición absoluta del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela podría resolverse con nuevas leyes? ¡Por favor, un poco de sindéresis! El colectivo venezolano merece respeto y consideración.
Insisten en repetir la historia que nos ha conducido al profundo precipicio donde nos encontramos, en una danza macabra con el fantasma de una guerra civil. El “salto atrás” que refería el desaparecido Jorge Olavarría. Mientras la nación prácticamente se diluye en un estado ocupado, subyugado y saqueado en favor de los intereses del crimen organizado transnacional, disfrazado con un debate ideológico patético, con el que contribuyen para nuestra desgracia todos los expertos mencionados, respaldando el objetivo del régimen, de centrar el debate en el “hecho electoral”, como símbolo único de la “democracia”, que los “expertos” rescatan y ofrecen esperanzas de su uso como instrumento posible para restablecer el Estado de Derecho, el mismo fraude permanente y continuado en el que hemos estado inmersos desde el proceso administrativo constituyente iniciado en 1999.
La declaración final del “II Encuentro de Expertos y Representantes de Órganos Comiciales de los Estados de la OEA”, que titula el Lic. Martínez en “El Universal-COM”: “OEA pide campañas equilibradas”, resume apropiadamente la bendición que ofrece la OEA al Sistema Electoral-CNE.
Pero la bendición que debe perturbarnos mucho más, es la contenida en las expresiones de los expertos electorales referidos, que se traduce en: “continuemos el camino electoral del VOTO del CNE”, como lo han dispuesto el régimen y las oposiciones complementarias, con el respaldo exclusivo de los medios de comunicación social “públicos”, “amigos” y “privados”, a pesar de que el país se ha manifestado con claridad y con coherencia a partir de 2002-2003 y, continúa hoy en la misma línea por la defensa de los principios éticos, por el fin de la promoción de los fraudes políticos-administrativos-electorales y el saqueo de la nación, en favor del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, pero continua sometido también por el aislamiento y la dispersión generados por la vergüenza de la censura y de la autocensura de los medios de comunicación social que es aplicada rigurosamente a todos los defensores de esta postura.
En contra de la expresión clara del colectivo, el régimen y los partidos políticos complementarios agrupados en la “Mesa de la Unidad”, debaten y negocian una vez más las condiciones en las que serían reanudadas las farsas electorales de facto suspendidas. La lucha electorera por “los espacios” continuará como si aquí no estuviese pasando nada. El colectivo, la verdadera sociedad democrática seguirán siendo despreciados.
¡Es hora de reaccionar!
Rómulo Lares Sánchez. 14JUNIO2009
La complicidad y la asociación de la Organización de Estados Americanos-OEA con la desaparición del Estado democrático y social de derecho y de Justicia en Venezuela, y por consiguiente con la violación de los derechos humanos, no puede disimularse. Sin embargo, persisten las iniciativas con ese propósito. Tal es el caso de la coordinación, entre el Consejo Nacional Electoral-CNE y la OEA, de un espectáculo bautizado “II Encuentro de Expertos en Órganos Comiciales”, que se celebró durante dos días, el 11-12 de junio en Caracas.
La invitación a este evento habría estado restringida a los designados por los órganos electorales de países miembros de la OEA y a “expertos” seleccionados exclusivamente por el CNE, dentro de los cuadros de los simpatizantes nacionales e internacionales del régimen, si partimos de la denuncia que presentaron ante la Sede de la OEA, en Caracas, los miembros de la denominada “Mesa de la Unidad”.
Con el propósito de conocer sobre el evento y disponer de información sobre los participantes, el contenido de las diversas sesiones y mesas de trabajo, visité la antesala de los salones del encuentro, donde fui informado muy cortésmente de que sin credenciales no podría permanecer en esos espacios, ni me sería posible obtener información sobre los contenidos ni sobre la lista de los participantes nacionales y extranjeros.
Según el Diario “El Carabobeño” del 10JUNIO, en nota suscrita por la Lic. Danybeth Alvarado, la lista de los denunciantes ante la OEA, que debemos presumir no tuvieron representación alguna en el evento referido, habría estado conformada por los representantes de: UNT, Causa R, AD, Primero Justicia, COPEI, MAS, Podemos, Proyecto Venezuela, ABP, Bandera Roja, Vanguardia Popular, Movimiento Republicano y Fuerza Liberal. Los denunciantes, según la nota de prensa “…alertan que, de ser aprobada en los términos actuales la Ley de Procesos Electorales, constituiría un grave retroceso en materia de legislación electoral, porque afectará la garantía de pluralidad y la representación proporcional en la composición de los cargos de elección popular”. Para un miembro prominente de la autodenominada “oposición democrática” representada en su “Mesa de la Unidad”, “el Poder Electoral pretende con este evento internacional darle un manto de legalidad y de imagen democrático a esta ley”.
Para el “Diario Gramma”, desde La Habana el 11JUNIO, “El rector principal del Poder Electoral venezolano, Vicente Díaz, informó que el encuentro busca establecer un marco común de procedimientos para la gestión y el control de procesos comiciales”. Adicionalmente, el rector Díaz habría explicado detalles sobre las actividades de las cinco mesas de trabajo sobre Registro Electoral, Sistema de Gestión de Centro de Votación, Postulación y Producción de Boletas, Financiamiento Electoral y Motivación de la participación. A pesar de que la fuente de la información es el “Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba”, diera la impresión de que con sólo entrevistarse con el rector principal Díaz, los partidos políticos miembros de la “Mesa de la Unidad”, que se insiste estarían representados por él en el CNE, hubiesen aclarado ampliamente sus preocupaciones y en consecuencia habérselas aclarado a sus electores.
Además, el “Diario Gramma” también destacó que “La capital venezolana sirvió de sede el pasado año a un Seminario sobre Modernización y Uso de las Tecnologías Electorales en el Hemisferio”; sin duda, ¡la capital mundial de la ciencia y de la práctica electoral! ¿Habrán asistido expertos cubanos a los dos encuentros?
Mientras tanto, otro grupo de expertos electorales reunidos en el “Foro: POR UNAS ELECCIONES LIMPIAS, LIBRES Y JUSTAS ¿ES ESTE EL PROYECTO DE LEY ELECTORAL QUE NECESITAMOS?”, se concentraron en estudiar la nueva “Ley Electoral”. Según la nota del Lic. Eugenio Martínez en “El Universal.COM” del 13JUNIO, participaron SÚMATE, ESDATA, el ex rector CSE y CNE Iván Esquerre; Juan Carlos Apitz, ex magistrado de la Corte Primera Contencioso Administrativo y el abogado Carlos Vecchio.
En la nota del Lic. Martínez se reflejan las angustias que la ley despierta en los participantes en el Foro: “Será imposible auditar los sorteos de miembros de mesa”; “no existen parámetros para auditar al sistema de votación, escrutinio y totalización”; “permite que los rectores constituyan circunscripciones electorales discrecionalmente para cambiar los grupos de votantes…”; “La LOPE definirá el rumbo político del país, al condicionar la composición de la Asamblea Nacional, por esta razón la califica como: la ley más importante de todas las que se puedan aprobar”; “…hay que rescatar esa elaboración (de reglamentos) con un mecanismo que permita oír a los partidos”; “cuestiona muchos de los principios que internacionalmente son aceptados como elementos para la transparencia electoral”.
La pregunta que se hace una porción muy vasta de los ciudadanos, con total razón, reflejada en algunas encuestas en más del 50% de los inscritos en el Registro de Electores, quienes han quedado sin representación de los partidos políticos, de los otros expertos electorales referidos, ni en los medios de comunicación social, que han expresado con clara contundencia y persistencia su rechazo al voto del sistema electoral del CNE, a pesar de la aparente contradicción de imponer los récords nacionales de mayor participación y de mayor abstención militante, sería: ¿por qué se distrae al país analizando iniciativas legislativas, electorales y electoreras, si es claro que no existe en Venezuela Estado de Derecho alguno?
En consecuencia, ¿cómo pueden considerarse legítimas de entrada, es decir dignas de consideración, las acciones de autoridades usurpadas, como es el caso concreto de la Asamblea Nacional, o las de la institución estandarte del régimen que usurpa todos los poderes públicos, el CNE, cuyas actuaciones adicionalmente se encuentran todas al margen del Estado de Derecho?
¿Es que acaso el problema de la desaparición absoluta del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en Venezuela podría resolverse con nuevas leyes? ¡Por favor, un poco de sindéresis! El colectivo venezolano merece respeto y consideración.
Insisten en repetir la historia que nos ha conducido al profundo precipicio donde nos encontramos, en una danza macabra con el fantasma de una guerra civil. El “salto atrás” que refería el desaparecido Jorge Olavarría. Mientras la nación prácticamente se diluye en un estado ocupado, subyugado y saqueado en favor de los intereses del crimen organizado transnacional, disfrazado con un debate ideológico patético, con el que contribuyen para nuestra desgracia todos los expertos mencionados, respaldando el objetivo del régimen, de centrar el debate en el “hecho electoral”, como símbolo único de la “democracia”, que los “expertos” rescatan y ofrecen esperanzas de su uso como instrumento posible para restablecer el Estado de Derecho, el mismo fraude permanente y continuado en el que hemos estado inmersos desde el proceso administrativo constituyente iniciado en 1999.
La declaración final del “II Encuentro de Expertos y Representantes de Órganos Comiciales de los Estados de la OEA”, que titula el Lic. Martínez en “El Universal-COM”: “OEA pide campañas equilibradas”, resume apropiadamente la bendición que ofrece la OEA al Sistema Electoral-CNE.
Pero la bendición que debe perturbarnos mucho más, es la contenida en las expresiones de los expertos electorales referidos, que se traduce en: “continuemos el camino electoral del VOTO del CNE”, como lo han dispuesto el régimen y las oposiciones complementarias, con el respaldo exclusivo de los medios de comunicación social “públicos”, “amigos” y “privados”, a pesar de que el país se ha manifestado con claridad y con coherencia a partir de 2002-2003 y, continúa hoy en la misma línea por la defensa de los principios éticos, por el fin de la promoción de los fraudes políticos-administrativos-electorales y el saqueo de la nación, en favor del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, pero continua sometido también por el aislamiento y la dispersión generados por la vergüenza de la censura y de la autocensura de los medios de comunicación social que es aplicada rigurosamente a todos los defensores de esta postura.
En contra de la expresión clara del colectivo, el régimen y los partidos políticos complementarios agrupados en la “Mesa de la Unidad”, debaten y negocian una vez más las condiciones en las que serían reanudadas las farsas electorales de facto suspendidas. La lucha electorera por “los espacios” continuará como si aquí no estuviese pasando nada. El colectivo, la verdadera sociedad democrática seguirán siendo despreciados.
¡Es hora de reaccionar!
sábado, 13 de junio de 2009
DE LA EMBAJADA DE LOS USA EN CARACAS
LA VISIÓN EQUIVOCADA DE LA EMBAJADA DE LOS USA EN CARACAS
Rómulo Lares Sánchez. 13JUNIO2009
En el “Informe sobre la promoción de la libertad y la democracia, 2007-VENEZUELA” de la Embajada de los Estados Unidos, conformado por cuatro (4) partes, se resume la “Parte 1” en los siguientes términos: “Venezuela es una democracia constitucional. En diciembre de 2007 el gobierno sometió a referendo un paquete de reformas constitucionales en el cual los electores rechazaron, por un escaso margen, los cambios propuestos en unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias. Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: ajusticiamientos; desapariciones en las que se encuentran involucradas fuerzas de seguridad; torturas y otros abusos de detenidos; condiciones carcelarias graves, arresto y detenciones arbitrarias; corrupción, ineficiencia y politización del sistema judicial; registro de residencias privadas; intimidación y ataques oficiales a los medios de comunicación independientes; corrupción extendida en todos los niveles de gobierno; violencia contra mujeres; el tráfico de personas; y restricciones de derechos sindicales”.
He considerado necesario denunciar públicamente y ante la oficina del Presidente de los Estados Unidos, Señor Barack H. Obama, la escandalosa contradicción y la manipulación de la realidad venezolana, que ha sido transmitida oficialmente al gobierno y al Estado norteamericano por los responsables de sus oficinas diplomáticas en Caracas. Se habría ya hecho evidente que tal falseamiento de la realidad persiste en la nueva administración, a partir de las declaraciones del Señor Presidente Obama a CNN en Español el 17ABRIL2009, en ocasión de su participación en la Reunión de la Organización de Estados Americanos en la República de Trinidad y Tobago, que ha sido informado de forma errada, al extremo de calificarla de engaño, con relación a la crisis extrema que vive Venezuela.
En primer lugar, ha sido demostrado más allá de duda alguna por diversos informes nacionales y extranjeros, y a pesar de la intervención directa del ex Presidente de los Estados Unidos Señor James E. Carter, que en Venezuela desapareció el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia a partir de 2003, por lo tanto, desde esa fecha, no es admisible desde ningún punto de vista lógico ni ético, denominar nuestro régimen de gobierno “democracia constitucional”.
Una segunda afirmación escandalosa por falsa, un cínico disparate, es calificar las violaciones del Estado de Derecho en cuanto al fondo y a la forma del mecanismo para legitimar la farsa denominada “Referendo Consultivo” de diciembre de 2007, en realidad una manipulación escandalosa de la Constitución, por dos razones formales: primera, porque no es posible, por ser contradictorio con lo establecido en la propia Constitución vigente, someter a consulta popular un proyecto que la contradice abiertamente, y en segundo lugar, por el aspecto estrictamente de la forma de la consulta, porque no cumplía con ninguna de las características indispensables de un “Referéndum”; es decir, violentaba todas las más de cien (100) actividades que deben ser garantizadas para convocar una consulta electoral, cuando la violación de tan sólo una de las etapas, de forma aislada, invalidaría por completo la realización de tal consulta.
La materia electoral es la especialidad a la que me he dedicado a partir de 2000, como miembro del Directorio del CNE designado en el proceso Constituyente por la Comisión Legislativa Nacional, órgano legislativo de transición, removido de manera ilegal e ilegítima por el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ el 23AGO2003, ante el que ha sido litigada tal circunstancia, por lo que me considero miembro legítimo del Poder Público Electoral en la condición particular de “exiliado nacional”.
Desde esta perspectiva puedo afirmar, asistido por el respaldo irrefutable de una extensa investigación nacional e internacional disponible, suscrita por profesionales e instituciones de altísimo prestigio académico y técnico también de los Estados Unidos, que la calificación que formula la Embajada en Caracas no se corresponde con la verdad, y está tan alejada de la evidencia disponible para el público que no es sostenible en ningún espacio.
Es necesario preguntarse: ¿Cómo es posible que funcionarios profesionales del servicio exterior norteamericano, adscritos tanto del Departamento de Estado como al Departamento de Defensa de los USA, puedan producir y suscribir informes absolutamente contrarios a la realidad? Esa es una denuncia que corresponde investigar al Estado norteamericano. La preocupación nuestra, es el gran impacto que tales informes han tenido en el reconocimiento y la definición de las políticas de los USA hacia el régimen terrorista, fascista, totalitario, militarista, promotor de la subversión regional y mundial, asociado al narcotráfico, a la legitimación de capitales y a los estados considerados forajidos por la comunidad internacional, que lidera en desprecio el Estado de Derecho y viola permanentemente los derechos humanos, que adicionalmente usurpa los poderes públicos en razón de su origen fraudulento.
Asumiendo la “inocencia” de los funcionarios de los departamentos de Estado y de Defensa de los USA designados en Caracas que prepararon tal informe, en relación con los escándalos políticos, electorales y de violación de los derechos humanos visibles para cualquier residente extranjero en Venezuela, es necesario que las autoridades norteamericanas se pregunten: ¿Cómo es posible, en qué racionalidad podría tener cabida, la contradicción entre la opinión que certifica el supuesto ejercicio democrático venezolano, ante la larga lista, por cierto muy incompleta, de las violaciones de los derechos humanos, de las que sólo podrían ser responsables las autoridades que, repetimos, usurpan todos los poderes públicos en Venezuela?
¿Cómo puede la oficina diplomática de los USA en Caracas, ante tal lista comprobada de violaciones al Estado de Derecho y los derechos humanos, calificar: “… unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias”.
¿Será posible que los asesores directos del Presidente Barack H. Obama preparen un informe que como mínimo se aproxime y refleje nuestra verdadera realidad, para que las autoridades norteamericanas detengan la política de colaboración con el régimen que usurpa todos los poderes públicos en Venezuela, y de esta manera disminuyan y se neutralicen los obstáculos creados y financiados por el régimen, para que se incrementen consistentemente los efectos de los esfuerzos de nuestra sociedad democrática para avanzar hacia el restablecimiento del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia?
Rómulo Lares Sánchez. 13JUNIO2009
En el “Informe sobre la promoción de la libertad y la democracia, 2007-VENEZUELA” de la Embajada de los Estados Unidos, conformado por cuatro (4) partes, se resume la “Parte 1” en los siguientes términos: “Venezuela es una democracia constitucional. En diciembre de 2007 el gobierno sometió a referendo un paquete de reformas constitucionales en el cual los electores rechazaron, por un escaso margen, los cambios propuestos en unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias. Se reportaron los siguientes problemas de derechos humanos: ajusticiamientos; desapariciones en las que se encuentran involucradas fuerzas de seguridad; torturas y otros abusos de detenidos; condiciones carcelarias graves, arresto y detenciones arbitrarias; corrupción, ineficiencia y politización del sistema judicial; registro de residencias privadas; intimidación y ataques oficiales a los medios de comunicación independientes; corrupción extendida en todos los niveles de gobierno; violencia contra mujeres; el tráfico de personas; y restricciones de derechos sindicales”.
He considerado necesario denunciar públicamente y ante la oficina del Presidente de los Estados Unidos, Señor Barack H. Obama, la escandalosa contradicción y la manipulación de la realidad venezolana, que ha sido transmitida oficialmente al gobierno y al Estado norteamericano por los responsables de sus oficinas diplomáticas en Caracas. Se habría ya hecho evidente que tal falseamiento de la realidad persiste en la nueva administración, a partir de las declaraciones del Señor Presidente Obama a CNN en Español el 17ABRIL2009, en ocasión de su participación en la Reunión de la Organización de Estados Americanos en la República de Trinidad y Tobago, que ha sido informado de forma errada, al extremo de calificarla de engaño, con relación a la crisis extrema que vive Venezuela.
En primer lugar, ha sido demostrado más allá de duda alguna por diversos informes nacionales y extranjeros, y a pesar de la intervención directa del ex Presidente de los Estados Unidos Señor James E. Carter, que en Venezuela desapareció el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia a partir de 2003, por lo tanto, desde esa fecha, no es admisible desde ningún punto de vista lógico ni ético, denominar nuestro régimen de gobierno “democracia constitucional”.
Una segunda afirmación escandalosa por falsa, un cínico disparate, es calificar las violaciones del Estado de Derecho en cuanto al fondo y a la forma del mecanismo para legitimar la farsa denominada “Referendo Consultivo” de diciembre de 2007, en realidad una manipulación escandalosa de la Constitución, por dos razones formales: primera, porque no es posible, por ser contradictorio con lo establecido en la propia Constitución vigente, someter a consulta popular un proyecto que la contradice abiertamente, y en segundo lugar, por el aspecto estrictamente de la forma de la consulta, porque no cumplía con ninguna de las características indispensables de un “Referéndum”; es decir, violentaba todas las más de cien (100) actividades que deben ser garantizadas para convocar una consulta electoral, cuando la violación de tan sólo una de las etapas, de forma aislada, invalidaría por completo la realización de tal consulta.
La materia electoral es la especialidad a la que me he dedicado a partir de 2000, como miembro del Directorio del CNE designado en el proceso Constituyente por la Comisión Legislativa Nacional, órgano legislativo de transición, removido de manera ilegal e ilegítima por el Tribunal Supremo de Justicia-TSJ el 23AGO2003, ante el que ha sido litigada tal circunstancia, por lo que me considero miembro legítimo del Poder Público Electoral en la condición particular de “exiliado nacional”.
Desde esta perspectiva puedo afirmar, asistido por el respaldo irrefutable de una extensa investigación nacional e internacional disponible, suscrita por profesionales e instituciones de altísimo prestigio académico y técnico también de los Estados Unidos, que la calificación que formula la Embajada en Caracas no se corresponde con la verdad, y está tan alejada de la evidencia disponible para el público que no es sostenible en ningún espacio.
Es necesario preguntarse: ¿Cómo es posible que funcionarios profesionales del servicio exterior norteamericano, adscritos tanto del Departamento de Estado como al Departamento de Defensa de los USA, puedan producir y suscribir informes absolutamente contrarios a la realidad? Esa es una denuncia que corresponde investigar al Estado norteamericano. La preocupación nuestra, es el gran impacto que tales informes han tenido en el reconocimiento y la definición de las políticas de los USA hacia el régimen terrorista, fascista, totalitario, militarista, promotor de la subversión regional y mundial, asociado al narcotráfico, a la legitimación de capitales y a los estados considerados forajidos por la comunidad internacional, que lidera en desprecio el Estado de Derecho y viola permanentemente los derechos humanos, que adicionalmente usurpa los poderes públicos en razón de su origen fraudulento.
Asumiendo la “inocencia” de los funcionarios de los departamentos de Estado y de Defensa de los USA designados en Caracas que prepararon tal informe, en relación con los escándalos políticos, electorales y de violación de los derechos humanos visibles para cualquier residente extranjero en Venezuela, es necesario que las autoridades norteamericanas se pregunten: ¿Cómo es posible, en qué racionalidad podría tener cabida, la contradicción entre la opinión que certifica el supuesto ejercicio democrático venezolano, ante la larga lista, por cierto muy incompleta, de las violaciones de los derechos humanos, de las que sólo podrían ser responsables las autoridades que, repetimos, usurpan todos los poderes públicos en Venezuela?
¿Cómo puede la oficina diplomática de los USA en Caracas, ante tal lista comprobada de violaciones al Estado de Derecho y los derechos humanos, calificar: “… unas votaciones, catalogadas en general como libres y limpias”.
¿Será posible que los asesores directos del Presidente Barack H. Obama preparen un informe que como mínimo se aproxime y refleje nuestra verdadera realidad, para que las autoridades norteamericanas detengan la política de colaboración con el régimen que usurpa todos los poderes públicos en Venezuela, y de esta manera disminuyan y se neutralicen los obstáculos creados y financiados por el régimen, para que se incrementen consistentemente los efectos de los esfuerzos de nuestra sociedad democrática para avanzar hacia el restablecimiento del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia?
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