domingo, 1 de enero de 2023

 Mensaje del

Consejo Nacional Electoral-CNE en exilio  

1° de enero de 2023

 

Ante la solicitud pública reiterada estacionalmente por diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales a partir del año 2003, con el propósito de promover la convocatoria con objeto del establecimiento de un GOBIERNO nacional para la transición de Venezuela hacia un Estado de DERECHO en DEMOCRACIA, reclamando a la Comunidad Internacional su reconocimiento mientras persiste el Régimen de Ocupación Extranjero del crimen organizado transnacional conformado progresivamente a partir de 1999 por diferentes gobiernos y organizaciones criminales mediante el colaboracionismo, la complicidad y la traición de diversos sectores nacionales simuladores de la existencia de Estado, Derecho y libertades personales y profesionales para la actividad política, administrativa, institucional, religiosa, académica, empresarial, comercial, sindical, municipal y parroquial, como por organizaciones-farsas disfrazadas de oposiciones, de autoridades públicas, privadas y de medios de comunicación nacionales e internacionales, sostenidos todos a su vez mediante la complicidad escandalosa de funcionarios de diversas instituciones políticas como las Naciones Unidas-ONU, la Unión Europea-UE y la Organización de Estados Americanos-OEA y sus instituciones relacionadas, así como adicionalmente por foros corporativos multinacionales y Estados-Naciones que más que promover sus intereses nacionales atenderían los propios de sus asociados y personales de sus burócratas en cuanto al “Caso Venezuela”, mediante la promoción y apoyo de denominadas “Mesas de Diálogo” del Régimen con sus “oposiciones”.

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE en exilio) albacea de la continuidad del Poder Público Nacional-Electoral a partir del 23AGOSTO2003, cuando habría sido designado otro CNE  “paralelo” mediante decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ que desconocería a los miembros legítimos, incorporados hasta esa fecha, de entre los designados por la unanimidad (un (1) voto salvado) de los diputados de la Asamblea Nacional-AN de transición-“Congresillo”, durante la sesión convocada con único punto de la Agenda del 4JUNIO2000, en razón de la urgencia ante la incertidumbre-vacío nacional e internacional ocasionados por la suspensión intempestiva de las denominadas “MEGAELECCIONES” del 28MAYO2000 mediante otra sentencia de la SC del TSJ y su Declaración de Emergencia Nacional, en virtud de la imposibilidad de que fuese proclamado en aquella única jornada electoral suspendida alguno de los miles de funcionarios, desde el Presidente de la República, de los estados, municipios, parroquias y diputados a los Parlamentos Latinoamericano y Andino, presentados en las listas de decenas de miles de candidatos, ocasionada por el caos administrativo generalizado interno en el CNE y la previa intervención in situ de la Contraloría y la Fiscalía General de la República y las Policías Judicial y Política para la seguridad del Estado.

 

El CNE habría sido designado el 4JUNIO2000 a partir de la lista de veinte y seis (26) seleccionados entre los cuatrocientos (400) ciudadanos candidatos postulados, verificados y presentados públicamente por el Comité de Postulaciones Electorales-CPE conformado por todas la fuerzas políticas y presidido por el 2do. Vice-Presidente del “Congresillo”, Diputado Elías Jaua Milano, conformando la última Mesa de Diálogo legítima que operase en Venezuela (28MAYO-4JUNIO2000) hasta hoy, asegurando la plena transparencia de sus deliberaciones mediante la participación abierta a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de la más vasta representación de la Sociedad Civil y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales.

 

Un CNE originado mediante la participación más amplia de la sociedad venezolana, respaldado por el acuerdo transparente de sus representantes políticos, sindicales, académicos, empresariales, religiosos y de la Sociedad Civil, que permitiría a su vez garantizar en el futuro que la voluntad de los ciudadanos se expresase de manera pulcra y transparente, completamente auditable, mediante una dirección y administración reconocida del procedimiento electoral que ofreciese plenas garantías para recuperar la salud de nuestra democracia, a su inicio, fundamentalmente, para resolver sobre la gravedad e incertidumbre adicional originaria generada por la perturbadora, contaminada e inaceptable imposición de otra Constitución (CRBV1999), que aún sin debatir sobre su carácter violatorio del Estado de Derecho (Decreto Presidencial No 3. 2FEB1999), sin ninguna duda posible y adicionalmente de manera pública, notoria y comunicacional escandalosamente fraudulenta en todas las etapas relacionadas con los procesos electorales arbitrariamente efectuados durante 1999 relacionados con el “Proceso Constituyente”: 1) Referéndum Consultivo para Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente-ANC-25ABRIL1999; 2) Elección polarizada de 131 Diputados ANC (65/35% votos determinaría 125/6 representantes)-25JULIO1999; 3) Referéndum Aprobatorio CRBV1999 (Catástrofe Vargas)-15DIC1999.

 

Resultaba imperativo ofrecer un espacio administrativo y político autónomo constitucionalmente y neutral adecuado, que permitiese legitimar progresivamente las diversas instancias nacionales, de los estados, municipios, sindicatos y gremios mediante la identificación y elección legítima de sus miembros y representantes, así como contribuir a retomar el debate Constitucional y político para eventualmente, arribar a la convocatoria de la ciudadanía para decidir de manera libre y democrática mediante un Sistema Electoral intachable, sobre la legitimidad o la nulidad de la CRBV1999 y/o la vigencia o extinción de la Constitución de 1961. 

 

Dicho CNE en exilio, se habría materializado como consecuencia de su condición de legítimo Poder Público Electoral, dados su impoluto y transparente origen así como por la flagrante ilegalidad de la designación referida de otro CNE “paralelo” por parte del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ-SC, tanto por el propio contenido contradictorio e ilegal de su sentencia como por haber usurpado olímpicamente sus propias facultades como Poder Publico Judicial Nacional como de los Poderes Legislativo-AN y Electoral-CNE.  

 

Aquella Agenda Legislativa (4JUNIO2000) habría sido también la última designación legítima del Poder Electoral-CNE, competencia exclusivamente asignada al Poder Legislativo-AN y posteriormente, cuando lo habría hecho éste, tampoco habría dispuesto de legitimidad ni legalidad, además de las múltiples violaciones flagrantes tanto en la conformación de los Comités de Postulaciones-Electorales-CPE como en sus procedimientos internos y en los propios de la AN, entre ellos el fraudulento origen electoral de sus miembros.

 

Tan sólo promover consultas electorales a partir de 2003, mediante la participación del CNE o sin él, constituye y conforma un engaño de carácter penal, es decir, por fraudes en sí mismas y adicionalmente por sus consecuencias, todas ellas públicas, notorias y “comunicacionales” mientras existió libertad de prensa y medios de comunicación, no fachadas de ellos, progresivamente demostradas con el desmantelamiento de las instituciones del Estado y la desaparición del Derecho, la creación e instalación de un “Apartheid Criollo”, luego el establecimiento de un genocidio para conformar el HOLOCAUSTO de los venezolanos en el siglo XXI, todas acciones catastróficas enmarcadas dentro de la política de un Estado forajido terrorista que, adicionalmente, financia y exporta todos estos servicios subversivos-criminales a diversos países de las Américas, Asia y Europa, mediante la complicidad de burócratas locales así como de los Estados e instituciones referidas.

 

Promover una institucionalidad que no existe determina, en tales condiciones, más que la complicidad con los crímenes de todo orden que se ejecutarían como política del Estado ocupado, dentro y fuera del territorio nacional, la co-responsabilidad con sus consecuencias, la más grave la ejecución sistemática, permanente y continuada de crímenes contra la Humanidad como políticas públicas que sin embargo, recibe como denunciamos el apoyo de naciones e instituciones multinacionales para mantenerse, fortalecerse y para la destrucción de las instituciones y sociedades libres de otras naciones así como el control, la persecución y neutralización de la vida y expresión libre de una diáspora que sobrepasa el 20% de la ciudadanía venezolana.

 

¿Tendría algún sentido reconocer alguna farsa de institucionalidad interna o promover “elecciones” en semejantes circunstancias? Aparte de encubrir el HOLOCAUSTO de los venezolanos promoviendo la especie según la cual existirían Estado, Derecho, libertades y sería posible practicar la Política en Venezuela como ejecutar un procedimiento, administrativo, legislativo, judicial o electoral legítimo. Nada más claro por el contrario que un inmenso crimen empapado de la sangre, acoso, sufrimiento, secuestro, desplazamiento, exilio, terror, muerte y exterminio, además de la ruina nacional e individual de nuestros conciudadanos.

 

Adicionalmente, si enfocásemos nuestro análisis hacia alguno de los sub sistemas que conforman los elementos de cualesquiera de los Poderes Públicos del Estado, en particular del Electoral, que mencionaremos más adelante, no existiría duda alguna de que aún en condiciones de la recuperación de la soberanía de la Nación y de plenas libertades individuales de sus nacionales y de medios de comunicación en general, después del retiro o la expulsión de la ocupación extranjera del crimen organizado y sus diversas bandas así como retomado el control del territorio y de nuestras instituciones, sería un contrasentido y un fraude promover elecciones hasta que no fuesen restablecidos de manera legítima y transparente todo contenido de los sub sistemas claves que lo conforman, algunos bajo el control de los demás poderes públicos nacionales, de los estados y de los municipios y parroquias.

 

Mientras la programación de un acto electoral determinaría la ejecución progresiva de alrededor de 100 actividades, cuya pérdida de control en tan sólo algunas de ellas determinaría la ilegitimidad de todo el acto electoral y en consecuencia decretaría la ilegalidad de la proclamación de sus resultados y su correspondiente nulidad y, siendo la base de todo sistema electoral la data de la nacionalidad e identidad de sus ciudadanos y/o residentes dentro y fuera del territorio nacional, sería imposible tan solo imaginar elecciones aunque se pretendiese que fuesen “aproximadas”, como no lo serían tampoco la gestación de las “hembras medio preñadas”, cuando sólo las actividades primera (1ra.) y segunda (2da.) relacionadas con el Registro Civil (RC) y con el Registro Electoral (RE) serían imposibles de auditar ni convalidar a partir del año 2002-3, cuando una empresa “privada” de “tecnología cubana” habría iniciado sus actividades de manipulación del Registro Civil-RC de los venezolanos.

 

Sólo sería entonces posible hablar de “elecciones medio preñadas” viviendo cotidianamente en miedo y terror, sin medios de comunicación verdaderos, abiertos, equilibrados y libres, sin instituciones de todo tipo y con el territorio ocupado, así como el resto de las instituciones usurpadas por el crimen organizado transnacional.

 

El argumento más que ridículo, insensato, falaz, criminal, porqué además de fraudulento por sus terribles consecuencias a partir de 2003, como sería el mantenimiento de los referidos apartheid, genocidio y HOLOCAUSTO de los venezolanos, según el cual no apoyar los “programas electorales” o sus fraudulentas instituciones proclamadas equivaldría a abandonar la lucha, los “espacios” necesarios para el restablecimiento del Derecho en el territorio, mientras que como habría sido comprobado a partir de 1999 contribuiría más bien a revertir lo andado durante nuestra historia republicana, alejando y anulando los anhelos de la vida del ciudadano y de la Sociedad Civil en libertades, en democracia, en Derecho, contribuyendo específicamente a sedimentar aún más el control del territorio por el crimen organizado mediante la paralización al permanecer en la práctica todo habitante secuestrado en el interior de sus espacios, tanto dentro del territorio como en aquellos dónde residiese la diáspora, porque tales actos “electoralistas” después de más de veinte (20) años de demostraciones evidentes de que serían repetidas farsas y fraudes criminales que proveen, adicionalmente, los argumentos para la grotesca justificación, la complicidad y co-responsabilidad tanto de organizaciones políticas disfrazadas de “oposiciones” como de instituciones de todo orden, nacionales e internacionales ya referidas.

 

De manera inmadura e histérica contribuyen muchos a encubrir el absurdo de promover el “hacer algo”, “cualquier cosa”, sin considerar ni comprender su incoherencia o insensatez, acciones que muchas veces representan un franco retroceso, las más de las veces cayendo en la celada del “Comando de la Ocupación”, sus bandas organizadas y autorizadas, así como sus cómplices internos y externos,  promoviendo aún en contra de la voluntad clara de las mayorías el absurdo espejismo según el cual, ¡existiría a partir de 1999 mediante elecciones o actos administrativos, legislativos o judiciales falsos, la posibilidad de expulsar la ocupación criminal y pervertida de nuestras instituciones para restablecer Estado y Derecho en Venezuela!

 

Tales condiciones socio-culturales trágicas relacionadas con la ingenuidad, inmadurez y desquiciamiento colectivos habrían contribuido determinantemente para que los venezolanos fuésemos víctimas fáciles de una conspiración nacional e internacional, instrumentada progresivamente mediante la complicidad y la traición de nuestros propios compatriotas, también de nuestros valores históricos así como los de Occidente, que habría determinado que a partir de 2003 el CNE en exilio hubiese procedido a DECLARAR la EMERGENCIA de los VENEZOLANOS.

 

Habrían sido muy atinadas las portadas especiales anuales del año 2015 de las revistas Newsweek y TIME editadas en español, relacionadas con “Los 100 personajes más influyentes del año: Venezolano clase media. El pendejo del año” (Abril 16), así como “El más buscado” (Presidente de la AN, Junio 2), respectivamente.

 

Consideramos una obligación ciudadana, ética e institucional que al inicio de este año 2023 ratificásemos esta declaración, con el propósito de contribuir presentar y aclarar la verdad tanto a nuestros conciudadanos como al mundo, a pesar de la sordera, indiferencia y evasión generalizadas, ante la recurrente promoción de fraudulentos escenarios institucionales internos y externos que sólo seguirían conduciendo a la Nación venezolana y sus ciudadanos a la esclavitud, el destierro y la eventual desaparición de nuestro gentilicio.   

 

 

Por el CNE en exilio,

 

Rómulo Lares Sánchez   

CIV-2.136.135

 

www.cneenexilio.blogspot.com

01/01/2023

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