Mensaje del
Consejo
Nacional Electoral-CNE en exilio
1° de enero de 2023
Ante la solicitud pública
reiterada estacionalmente por diversas organizaciones e instituciones
nacionales e internacionales a partir del año 2003, con el propósito de promover la convocatoria con objeto del establecimiento
de un GOBIERNO nacional para la transición de
Venezuela hacia un Estado de DERECHO
en DEMOCRACIA, reclamando a la
Comunidad Internacional su reconocimiento mientras persiste el Régimen de
Ocupación Extranjero del crimen organizado transnacional conformado progresivamente
a partir de 1999 por diferentes gobiernos y organizaciones criminales mediante
el colaboracionismo, la complicidad y la traición de diversos sectores
nacionales simuladores de la existencia de Estado, Derecho y libertades
personales y profesionales para la actividad política, administrativa, institucional,
religiosa, académica, empresarial, comercial, sindical, municipal y parroquial,
como por organizaciones-farsas disfrazadas de oposiciones, de autoridades
públicas, privadas y de medios de comunicación nacionales e internacionales,
sostenidos todos a su vez mediante la complicidad escandalosa de funcionarios de
diversas instituciones políticas como las Naciones Unidas-ONU, la Unión Europea-UE
y la Organización de Estados Americanos-OEA y sus instituciones relacionadas,
así como adicionalmente por foros corporativos multinacionales y Estados-Naciones
que más que promover sus intereses nacionales atenderían los propios de sus
asociados y personales de sus burócratas en cuanto al “Caso Venezuela”, mediante
la promoción y apoyo de denominadas “Mesas de Diálogo” del Régimen con sus “oposiciones”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE
en exilio) albacea de la continuidad del Poder Público Nacional-Electoral a
partir del 23AGOSTO2003, cuando habría sido designado otro CNE “paralelo” mediante decisión de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ que desconocería a
los miembros legítimos, incorporados hasta esa fecha, de entre los designados
por la unanimidad (un (1) voto salvado) de los diputados de la Asamblea
Nacional-AN de transición-“Congresillo”, durante la sesión convocada con único
punto de la Agenda del 4JUNIO2000, en razón de la urgencia ante la incertidumbre-vacío
nacional e internacional ocasionados por la suspensión intempestiva de las
denominadas “MEGAELECCIONES” del 28MAYO2000 mediante otra sentencia de la SC
del TSJ y su Declaración de
Emergencia Nacional, en virtud de la imposibilidad de que fuese proclamado en
aquella única jornada electoral suspendida alguno de los miles de funcionarios,
desde el Presidente de la República, de los estados, municipios, parroquias y
diputados a los Parlamentos Latinoamericano y Andino, presentados en las listas
de decenas de miles de candidatos, ocasionada por el caos administrativo generalizado
interno en el CNE y la previa intervención in situ de la Contraloría y la
Fiscalía General de la República y las Policías Judicial y Política para la
seguridad del Estado.
El CNE habría sido designado el 4JUNIO2000 a partir de la lista de veinte
y seis (26) seleccionados entre los cuatrocientos (400) ciudadanos candidatos postulados,
verificados y presentados públicamente por el Comité de Postulaciones
Electorales-CPE conformado por todas la fuerzas políticas y presidido por el
2do. Vice-Presidente del “Congresillo”, Diputado Elías Jaua Milano, conformando
la última Mesa de Diálogo legítima
que operase en Venezuela (28MAYO-4JUNIO2000) hasta hoy, asegurando la plena transparencia
de sus deliberaciones mediante la participación abierta a todos los medios de
comunicación nacionales e internacionales, así como de la más vasta representación
de la Sociedad Civil y de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de
las universidades nacionales.
Un CNE originado mediante la participación más amplia de la sociedad
venezolana, respaldado por el acuerdo transparente de sus representantes
políticos, sindicales, académicos, empresariales, religiosos y de la Sociedad
Civil, que permitiría a su vez garantizar en el futuro que la voluntad de los
ciudadanos se expresase de manera pulcra y transparente, completamente
auditable, mediante una dirección y administración reconocida del procedimiento
electoral que ofreciese plenas garantías para recuperar la salud de nuestra
democracia, a su inicio, fundamentalmente, para resolver sobre la gravedad e
incertidumbre adicional originaria generada por la perturbadora, contaminada e
inaceptable imposición de otra Constitución (CRBV1999), que aún sin debatir
sobre su carácter violatorio del Estado de Derecho (Decreto Presidencial No 3.
2FEB1999), sin ninguna duda posible y adicionalmente de manera pública, notoria
y comunicacional escandalosamente fraudulenta en todas las etapas relacionadas
con los procesos electorales arbitrariamente efectuados durante 1999 relacionados
con el “Proceso Constituyente”: 1) Referéndum Consultivo para Convocatoria
Asamblea Nacional Constituyente-ANC-25ABRIL1999; 2) Elección polarizada de 131 Diputados
ANC (65/35% votos determinaría 125/6 representantes)-25JULIO1999; 3) Referéndum
Aprobatorio CRBV1999 (Catástrofe Vargas)-15DIC1999.
Resultaba imperativo ofrecer un
espacio administrativo y político autónomo constitucionalmente y neutral adecuado,
que permitiese legitimar progresivamente las diversas instancias nacionales, de
los estados, municipios, sindicatos y gremios mediante la identificación y
elección legítima de sus miembros y representantes, así como contribuir a retomar
el debate Constitucional y político para eventualmente, arribar a la convocatoria
de la ciudadanía para decidir de manera libre y democrática mediante un Sistema
Electoral intachable, sobre la legitimidad o la nulidad de la CRBV1999 y/o la
vigencia o extinción de la Constitución de 1961.
Dicho CNE en exilio, se habría materializado como consecuencia de su
condición de legítimo Poder Público Electoral, dados su impoluto y transparente
origen así como por la flagrante ilegalidad de la designación referida de otro
CNE “paralelo” por parte del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ-SC, tanto por el propio
contenido contradictorio e ilegal de su sentencia como por haber usurpado
olímpicamente sus propias facultades como Poder Publico Judicial Nacional como
de los Poderes Legislativo-AN y Electoral-CNE.
Aquella Agenda Legislativa (4JUNIO2000)
habría sido también la última designación legítima del Poder Electoral-CNE, competencia exclusivamente asignada
al Poder Legislativo-AN y posteriormente, cuando lo habría hecho éste, tampoco
habría dispuesto de legitimidad ni legalidad, además de las múltiples
violaciones flagrantes tanto en la conformación de los Comités de
Postulaciones-Electorales-CPE como en sus procedimientos internos y en los
propios de la AN, entre ellos el fraudulento origen electoral de sus
miembros.
Tan sólo promover consultas
electorales a partir de 2003, mediante la participación del CNE o sin él, constituye y conforma un
engaño de carácter penal, es decir, por fraudes en sí mismas y adicionalmente
por sus consecuencias, todas ellas públicas, notorias y “comunicacionales”
mientras existió libertad de prensa y medios de comunicación, no fachadas de
ellos, progresivamente demostradas con el desmantelamiento de las instituciones
del Estado y la desaparición del Derecho, la creación e instalación de un “Apartheid
Criollo”, luego el establecimiento de un genocidio para conformar el HOLOCAUSTO
de los venezolanos en el siglo XXI, todas acciones catastróficas enmarcadas
dentro de la política de un Estado forajido terrorista que, adicionalmente,
financia y exporta todos estos servicios subversivos-criminales a diversos
países de las Américas, Asia y Europa, mediante la complicidad de burócratas locales
así como de los Estados e instituciones referidas.
Promover una institucionalidad
que no existe determina, en tales condiciones, más que la complicidad con los
crímenes de todo orden que se ejecutarían como política del Estado ocupado,
dentro y fuera del territorio nacional, la co-responsabilidad con sus
consecuencias, la más grave la ejecución sistemática, permanente y continuada
de crímenes contra la Humanidad como políticas públicas que sin embargo, recibe
como denunciamos el apoyo de naciones e instituciones multinacionales para
mantenerse, fortalecerse y para la destrucción de las instituciones y
sociedades libres de otras naciones así como el control, la persecución y
neutralización de la vida y expresión libre de una diáspora que sobrepasa el
20% de la ciudadanía venezolana.
¿Tendría algún sentido reconocer
alguna farsa de institucionalidad interna o promover “elecciones” en semejantes
circunstancias? Aparte de encubrir el HOLOCAUSTO de los venezolanos promoviendo
la especie según la cual existirían Estado, Derecho, libertades y sería posible
practicar la Política en Venezuela como ejecutar un procedimiento,
administrativo, legislativo, judicial o electoral legítimo. Nada más claro por
el contrario que un inmenso crimen empapado de la sangre, acoso, sufrimiento, secuestro,
desplazamiento, exilio, terror, muerte y exterminio, además de la ruina
nacional e individual de nuestros conciudadanos.
Adicionalmente, si enfocásemos
nuestro análisis hacia alguno de los sub sistemas que conforman los elementos
de cualesquiera de los Poderes Públicos del Estado, en particular del Electoral,
que mencionaremos más adelante, no existiría duda alguna de que aún en
condiciones de la recuperación de la soberanía de la Nación y de plenas
libertades individuales de sus nacionales y de medios de comunicación en general,
después del retiro o la expulsión de la ocupación extranjera del crimen
organizado y sus diversas bandas así como retomado el control del territorio y de
nuestras instituciones, sería un contrasentido y un fraude promover elecciones
hasta que no fuesen restablecidos de manera legítima y transparente todo
contenido de los sub sistemas claves que lo conforman, algunos bajo el control
de los demás poderes públicos nacionales, de los estados y de los municipios y parroquias.
Mientras la programación de un
acto electoral determinaría la ejecución progresiva de alrededor de 100
actividades, cuya pérdida de control en tan sólo algunas de ellas determinaría
la ilegitimidad de todo el acto electoral y en consecuencia decretaría la
ilegalidad de la proclamación de sus resultados y su correspondiente nulidad y,
siendo la base de todo sistema electoral la data de la nacionalidad e identidad
de sus ciudadanos y/o residentes dentro y fuera del territorio nacional, sería
imposible tan solo imaginar elecciones aunque se pretendiese que fuesen
“aproximadas”, como no lo serían tampoco la gestación de las “hembras medio
preñadas”, cuando sólo las actividades primera (1ra.) y segunda (2da.)
relacionadas con el Registro Civil (RC) y con el Registro Electoral (RE) serían
imposibles de auditar ni convalidar a partir del año 2002-3, cuando una empresa
“privada” de “tecnología cubana” habría iniciado sus actividades de
manipulación del Registro Civil-RC de los venezolanos.
Sólo sería entonces posible hablar
de “elecciones medio preñadas” viviendo cotidianamente en miedo y terror, sin
medios de comunicación verdaderos, abiertos, equilibrados y libres, sin instituciones
de todo tipo y con el territorio ocupado, así como el resto de las
instituciones usurpadas por el crimen organizado transnacional.
El argumento más que ridículo,
insensato, falaz, criminal, porqué además de fraudulento por sus terribles consecuencias
a partir de 2003, como sería el mantenimiento de los referidos apartheid, genocidio
y HOLOCAUSTO de los venezolanos, según el cual no apoyar los “programas electorales”
o sus fraudulentas instituciones proclamadas equivaldría a abandonar la lucha,
los “espacios” necesarios para el restablecimiento del Derecho en el
territorio, mientras que como habría sido comprobado a partir de 1999 contribuiría
más bien a revertir lo andado durante nuestra historia republicana, alejando y anulando
los anhelos de la vida del ciudadano y de la Sociedad Civil en libertades, en
democracia, en Derecho, contribuyendo específicamente a sedimentar aún más el
control del territorio por el crimen organizado mediante la paralización al permanecer
en la práctica todo habitante secuestrado en el interior de sus espacios, tanto
dentro del territorio como en aquellos dónde residiese la diáspora, porque tales
actos “electoralistas” después de más de veinte (20) años de demostraciones
evidentes de que serían repetidas farsas y fraudes criminales que proveen, adicionalmente,
los argumentos para la grotesca justificación, la complicidad y co-responsabilidad
tanto de organizaciones políticas disfrazadas de “oposiciones” como de instituciones
de todo orden, nacionales e internacionales ya referidas.
De manera inmadura e histérica
contribuyen muchos a encubrir el absurdo de promover el “hacer algo”, “cualquier
cosa”, sin considerar ni comprender su incoherencia o insensatez, acciones que muchas
veces representan un franco retroceso, las más de las veces cayendo en la
celada del “Comando de la Ocupación”, sus bandas organizadas y autorizadas, así
como sus cómplices internos y externos, promoviendo aún en contra de la voluntad clara
de las mayorías el absurdo espejismo según el cual, ¡existiría a partir de
1999 mediante elecciones o actos administrativos, legislativos o judiciales
falsos, la posibilidad de expulsar la ocupación criminal y pervertida de nuestras
instituciones para restablecer Estado y Derecho en Venezuela!
Tales condiciones socio-culturales
trágicas relacionadas con la ingenuidad, inmadurez y desquiciamiento colectivos
habrían contribuido determinantemente para que los venezolanos fuésemos
víctimas fáciles de una conspiración nacional e internacional, instrumentada
progresivamente mediante la complicidad y la traición de nuestros propios
compatriotas, también de nuestros valores históricos así como los de Occidente,
que habría determinado que a partir de 2003 el CNE en exilio hubiese
procedido a DECLARAR la EMERGENCIA de
los VENEZOLANOS.
Habrían sido muy atinadas las
portadas especiales anuales del año 2015 de las revistas Newsweek y TIME editadas
en español, relacionadas con “Los 100 personajes más influyentes del año: Venezolano
clase media. El pendejo del año” (Abril 16), así como “El más buscado”
(Presidente de la AN, Junio 2), respectivamente.
Consideramos una obligación ciudadana,
ética e institucional que al inicio de este año 2023 ratificásemos esta
declaración, con el propósito de contribuir presentar y aclarar la verdad tanto
a nuestros conciudadanos como al mundo, a pesar de la sordera, indiferencia y
evasión generalizadas, ante la recurrente promoción de fraudulentos escenarios
institucionales internos y externos que sólo seguirían conduciendo a la Nación
venezolana y sus ciudadanos a la esclavitud, el destierro y la eventual
desaparición de nuestro gentilicio.
Por el CNE en exilio,
Rómulo Lares Sánchez
CIV-2.136.135
01/01/2023
