sábado, 1 de diciembre de 2018

CNEe (exilio), FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA-TSJ Y LA FISCALÍA GENERAL LEGÍTIMOS


EL CNEe (exilio), FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA-TSJ Y LA FISCALÍA GENERAL LEGÍTIMOS DE VENEZUELA.
Rómulo Lares Sánchez. 09NOV2018

La destrucción de la institucionalidad y de la nación venezolana mediante la ocupación del crimen organizado transnacional administrada por Cuba, conjuntamente con Rusia, China, Irán, Siria, FARC, ELN, HEZBOLLAH, ETA, entre otros, y la complicidad de personas e instituciones nacionales e internacionales sería incontrovertible. En términos jurídicos conformaría un hecho público, notorio y comunicacional.

Las consecuencias referidas determinan la corresponsabilidad directa de funcionarios públicos así como representantes de instituciones nacionales e internacionales, también notoria y comunicacional en: el desarrollo sistemático y progresivo como política del Estado usurpado a partir de 1999, de un “apartheid” de ciudadanos y residentes también en el extranjero, evolucionando dentro del territorio nacional hacia un genocidio y hasta un HOLOCAUSTO en el siglo XXI.

Está clara la línea de la evidencia que compromete a los responsables de las instituciones referidas con crímenes contra la humanidad, de lesa patria y lesa humanidad, en la práctica reos in fraganti para la Corte Penal Internacional, quienes calificarían como miembros prominentes del crimen organizado transnacional y tendrían adicionalmente las puertas abiertas en la jurisdicción “Palermo”, ambas planetarias y sin prescripción.

Los criminales implacables de la ocupación de Venezuela y del exterminio de los venezolanos serían enemigos de la Humanidad, sin embargo, paradójicamente, habrían recibido el respaldo de Estados democráticos, como los EEUU de Barack Hussein Obama, la Alemania de Ángela Merkel, la Colombia de Juan Manuel Santos y el Brasil del Foro de Sao Paulo de Lula y VIlma, de Estados confesionales, como el mencionado Irán o como el Vaticano de Francisco Papa, así como de la Compañía de Jesús de Arturo Sosa.

El CNE pasó al exilio a partir de agosto de 2003, en razón de la designación bochornosa de otro CNE por las Salas Electoral y Constitucional del TSJ, absolutamente al margen de la ley e invadiendo y usurpando competencias de los poderes públicos Legislativo y Electoral, es decir, un descarado golpe de Estado para desconocer anulando primero la Convocatoria el 2FEBRERO2003 a Referéndum Consultivo y luego a Referéndum Revocatorio en SEPTIEMBRE sobre/del entonces Presidente Chávez, solicitada, respectivamente, por más de 2,3 y 2,7 millones de ciudadanos. De allí en adelante, como entre 1999-4JUNIO2000, no habría una sola convocatoria electoral que reflejase la voluntad del colectivo, o que no hubiese sido manipulada intensivamente en todas sus etapas y proclamaciones.

El CNE agotaría la jurisdicción nacional en el mismo TSJ para recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, denunciando ante la OEA y todos sus estados miembros así como la Audiencia Nacional del Reino de España y otras instituciones internacionales, cumpliendo sus miembros con las responsabilidades tanto individuales de ciudadanos como del órgano garante de la legalidad, en condición de administradores legítimos del Poder Público Electoral en funciones primero y luego en el exilio.

Mientras tanto y durante todos estos años, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia habrían establecido como rutina para la administración del fondo de sus competencias, el desprecio olímpico por el Estado y el Derecho. Adicionalmente, en cuanto a la forma, habrían convalidado la ilegitimidad e ilegalidad del origen de sus miembros, cuando habrían sido designados por intermedio de un CNE criminal, proclamando a su vez funcionarios falsos: diputados para la Asamblea Nacional, quienes designarían Magistrados, Fiscal, Contralor General y Defensor-Poder Ciudadano, así como también al resto de los usurpadores de los demás poderes públicos nacionales, el Poder Ejecutivo-Presidente, de los estados, de los municipios, sus cuerpos legislativos y los representantes ante los parlamentos Andino y Latinoamericano.

Es necesario distinguir en esta escandalosa inexistencia de respeto por los principios del Derecho y por la dignidad del Sapiens, que sin embargo existiría, hasta el presente, grados de responsabilidad entre la directa de exterminio de la Fiscalía General y la de sus funcionarios en los crímenes contra la Humanidad y el HOLOCAUSTO referidos y otra, en la jurisprudencia del terror de los magistrados de las diversas salas del TSJ.

Esta realidad, documentada plenamente, permitiría explicar la aceptación internacional y la promoción del TSJ-L/FGR-L como la lealtad del y con el crimen organizado transnacional, por parte de las farsas de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo-AN, aberración de ANC, del propio Poder Judicial-TSJ-TSJ(L), Poder Ciudadano FGR-FGR(L)-CGR-DP, Poder Electoral-CNE por un lado y el desprecio nacional e internacional por el CNEe, execrado y sometido a la censura, autocensura de instituciones y medios de comunicación.

En el CNEe habríamos entendido con la fuerza de la realidad de la ocupación a partir de 1999, que no sería posible respaldar el ejercicio arbitrario ni menos criminal del Poder Público, a pesar de que fuese promovido como única opción para iniciar la recuperación del Estado y el Derecho en el territorio venezolano. Sería claro que cualquier desarrollo o estructura que pretendiese sustentarse sobre fundaciones con tal grado de descomposición, conformaría un espejismo y determinaría otra ficción de institucionalidad condenada a comprometer aún más la credibilidad y resultado alguno de las posibles hipótesis de soluciones.

En la descripción anterior entraría tanto el origen como la gestión internacional que el TSJ-L/FGR-L habrían emprendido con el respaldo de la Secretaría General de la OEA y de los gobiernos de EEUU, Colombia, Chile, entre otros, cuando adicionalmente actúan reconociendo diversas instituciones falsas, fundamentalmente la Presidencia, cuando pretenden enjuiciar al criminal usurpador para condenarlo por ¡corrupción administrativa!, habría tomado unos caramelos en el mostrador del abasto. ¿Existirían ocupación,  terrorismo de Estado del crimen organizado transnacional y HOLOCAUSTO?

El criminal serial Maduro usurpó la Cancillería durante 7 años con la corresponsabilidad de las instituciones mencionadas, luego usurpa la presidencia a partir de la desaparición/asesinato del usurpador precedente, Hugo Chávez. Esto, así como todo lo anterior, determina la exclusión absoluta de los corresponsables de nuestra tragedia, representantes de partidos políticos e instituciones, quienes más bien deberían ser despreciados y perseguidos para presentarlos ante la Justicia internacional, en vez de promoverlos en lobby multimillonario con los haberes saqueados y empapados con la sangre y desesperación de millones de inocentes, para sabotear la disposición internacional e interna cuyo propósito sería la liberación y el restablecimiento de Venezuela.

La reinstitucionalización del Estado venezolano sería posible sólo con un plan claro, transparente, que satisfaga condiciones jurídicas, éticas y políticas para las dispuestas acciones jurisdiccional y militar internacionales por un lado y por el otro, la coherencia de la Sociedad Civil en el exilio e interna, que sin duda habría también quedado demostrada, a pesar de la arrolladora censura, autocensura y la inmensa capacidad del crimen organizado transnacional para silenciar y enquistarse mediante el ejercicio del terror.

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