LA HISTORIA DE UN ENGAÑO: ¿ESCÁNDALO EN VENTA DE CITGO?

LA HISTORIA DE UN ENGAÑO: ¿ESCÁNDALO EN VENTA DE CITGO? Rómulo Lares Sánchez. 14agosto2014--------------------------------------------------------------- Los derechos violados de las élites expulsadas de la PDVSA de la democracia, a partir de 2002, acosados y perseguidos en un capítulo del “apartheid criollo” que pretenden promover como exclusivo, en su mayoría emigradas o en exilio, se empeñan en señalar los detalles oscuros de una más de las negociaciones cuyo estilo habrían establecido ellos mismos como política institucional cuando administraban y dirigían la industria petrolera nacional.-------------------------------------------------------------------------- En sus tiempos, mantuvieron un Estado, “petrovenezuela”, dentro del Estado venezolano y defendieron una condición de casta, su prioridad visible, que evadía tanto la transparencia indispensable de cualquier corporación pública en un libre mercado o en Estado de Derecho, como las funciones coordinadoras del Ministerio de Energía o contraloras del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República.-------------------------------------------- Pero a partir de 1999, progresivamente, la casta militar, esta vez traicionándolo todo para disponerse al servicio absoluto del crimen organizado transnacional, del narcotráfico, de la subversión regional y planetaria y de la legitimación de sus capitales, se asoció para la creación de un nuevo Estado, dejando la carcasa de Venezuela para establecer VENECUBA.----------------------------------------------------- Decliné incorporarme a la nómina confidencial de PDVSA como miembro del equipo responsable de su internacionalización en 1980. Observaba en el petrolero, en general y en sus políticas corporativas, las mismas características de casta del militar durante la que consideraba que habría sido la última dictadura militar venezolana encabezada por Marcos Pérez Jiménez. La responsabilidad del ciudadano obligaba a fortalecer la nación venezolana defendiendo sus instituciones, no sus castas.-------------------------------------------------------------- Aquella poderosa casta petrolera debía ser removida por la nueva militar al servicio de los invasores, de la traición a la patria, a sus ancestros, a sus familias y así lo hizo el delincuente de turno y máximo genocida que hubiera parido esta tierra, anunciándolo en otro patético espectáculo en una más de las cadenas nacionales cuasi permanentes de radio-televisión de quien usurpaba la presidencia de la República, en la que habrían sido violados sus derechos y “despedidos” o “arreglados amistosamente” con sus “cajitas felices” varios miles de profesionales formados por y para PDVSA.------------------------------------------------------------------------------------------------ Algunos serían desalojados asaltando sus residencias en la madrugada con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Cooperación, la Guardia Nacional, la que jura que el “honor es su divisa”, con el uso de la fuerza de las armas y los gases tóxicos sin importar tampoco la edad ni condiciones de los infantes o ancianos que fueron acorralados como animales portadores de alguna peste.----------------------------------- La “nueva PDVSA” no ha sido sino la progresión natural de la anterior en manos aún más inescrupulosas de reos confesos de traición a la patria, ahora por completo convencidas de su impunidad, a pesar de la responsabilidad directa en los crímenes contra la humanidad por los que tendrán que responder ante cualquier tribunal criminal planetario cuando solicite justicia alguna de las víctimas, sus descendientes o cualquier venezolano, cualquier humano o la propia República ejerciendo y exigiendo con firmeza como verdadero Estado su respeto y el imperio de la ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sesudas explicaciones de la venta de CITGO, como si en VENECUBA existiera alguna medida de un Estado de Derecho o como si la “nueva PDVSA” fuese comparable con la anterior. ¡Patética contribución para la confusión de la opinión pública indígena y foránea además de otra distracción para el saqueo definitivo de nuestro futuro!----------------------------------------------------------------------------------- En lo que deberíamos sumar todos los venezolanos, no los venecubanos, sería en alzar nuestras voces en una campaña nacional e internacional permanente para denunciar los gobiernos y empresas anfitrionas en la intermediación para el saqueo referido, acciones que corresponden con la planificación y ejecución de crímenes que pretenden legitimar denominándolos cínicamente ambos “negociaciones”, para anunciar el desconocimiento colectivo de tales farsas que en realidad serían descaradas complicidades y asociaciones con el crimen organizado transnacional que se apoderó de Venezuela para crear VENECUBA, que no posee cualidad jurídica alguna para representar los intereses de la ex nación, condición pública, notoria y comunicacional tanto por el origen fraudulento que determina la usurpación de todos los poderes públicos como por la responsabilidad en el genocidio que suma más de 230 mil asesinatos a partir de 1999 y alrededor de 23 mil tan sólo durante 2013, que los señala con foto y número como criminales actuando “in fraganti”, prófugos y reos de la justicia penal internacional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mientras tanto, se promueven expresiones dignas de algún sanatorio mental para casos terminales o irreversibles, pretendiendo organizar una sociedad civil también enferma, deseando desconocer la realidad en el territorio para participar en actos políticos y electorales de la democracia, organizados a su vez por el centro administrativo local del crimen organizado transnacional, el Consejo Nacional Electoral-CNE, cuyos nuevos rectores negociados en la pantomima de Asamblea Nacional serían capaces de asegurar, por gracia divina, el respeto de la voluntad popular para restablecer la República y el Estado de Derecho.