MOVIMIENTOS SOCIALES PARA RECUPERAR A VENEZUELA

EL MOVIMIENTO DE MOVIMIENTOS-MdM SOCIALES PARA RECUPERAR A VENEZUELA Rómulo Lares Sánchez. 31MARZO2012 La Cátedra “Pío Tamayo” de la UCV instaló el 26MARZO en su espacio tradicional de la planta baja de la Biblioteca Central durante casi 30 años, las “JORNADAS POR LA NUEVA VENEZUELA”. Los puntos específicos de la primera sesión se convinieron al inicio: 1) Pertinencia de la organización del colectivo y 2) El fenómeno de la polarización. Para el primer objetivo disponíamos de los más recientes avances de la investigación del profesor Manuel Rodríguez Mena sobre el Movimiento de Movimientos, tesis sobre la que hemos venido reflexionando en la CPT desde 2006. También disponíamos del documento- invitación de sus coordinadores para este debate y de algunos artículos relacionados con la polarización, todos oportunamente publicados en la Red Internacional del Colectivo-RIC, blog de Internet creado en asamblea en 2008 con el objeto de evadir la censura y autocensura de los medios de comunicación social y ofrecer un espacio libre para la reflexión y el debate de lo actual. Los profesores Agustín Blanco Muñoz y Luis Marín reportaron el muy elevado interés sobre el tema en agenda, reflejado por abundante correspondencia y llamadas solicitando y respaldando este debate, con lo que habría quedado suficientemente respondido el punto 1) de la agenda, como lo ratificarían los asistentes. Los coordinadores de la CPT decidieron ofrecer la actividad a la memoria del Capitán de Navío Pablo Medina Silva, su amigo personal y de la CPT fallecido el 20 de marzo. Oficial de la Armada, uno de los líderes militares de la conspiración de izquierda y uno de los comandantes del alzamiento cívico-militar en Puerto Cabello, el “Porteñazo” (2JUN1962) para deponer el gobierno legítimo de origen, del presidente Rómulo Betancourt (1959-1964), surgido de la elección universal y directa del colectivo y al que le había sido declarada la guerra de guerrillas por parte de la izquierda financiada desde el extranjero y apoyada desde Cuba, en la que participaron numerosos miembros del Partido Comunista-PCV. Las bajas se elevarían a 400 muertos y 700 heridos. Los objetivos de la sesión habrían sido cumplidos. Se conformaron varias comisiones que darán forma a la agenda para el debate y la adopción de los principios teóricos y políticos para la acción de la organización, promoción y operación del MdM con carácter nacional. Sólo refiero en esta ocasión las reacciones que la invitación al espíritu del Capitán Medina Silva habría ocasionado, en particular, las contenidas en las intervenciones del general y doctor Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia Militar del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y la del doctor Alfredo García Deffendini, cofundador del FRENTE PATRIÓTICO y del BLOQUE DEMOCRÁTICO-BD, única disidencia organizada y activa contra la denominada “Coordinadora Democrática”, aparte del naciente Movimiento Demócrata Liberal-MDL, quien consignó los estatutos del BD para la consideración de las comisiones correspondientes, como opción de referencia para la organización del MdM. Fuenmayor advirtió que de haber sido anunciado el homenaje al Cap. Medina Silva no hubiese asistido, por considerarlo un criminal, responsable de la destrucción de las instituciones de la democracia. Como recién graduado oficial del Ejército le habría correspondido actuar en el “Porteñazo”, acción que condena tanto por la absurda planificación y costo humano y como abogado, dejaría constancia de su rechazo al carácter subversivo del orden constitucional que le impediría siquiera considerar la existencia de golpes “buenos” o “malos”. El doctor García Deffendini manifestaría su sorpresa por la ocasión seleccionada para el simbólico homenaje y su acuerdo parcial con Fuenmayor, considerando una contradicción que la sesión especial convocada con la mayor amplitud para iniciar la unificación de voluntades identificadas con todas las ideologías, con el objeto de construir un movimiento para el restablecimiento del Estado de Derecho, pretendiera iniciarse estableciendo un sesgo de la envergadura y significación con la alegoría épica al “Porteñazo”. Adicionalmente, manifestaría su desacuerdo con Fuenmayor, por cuanto a pesar de que sólo compartirían la profesión de abogado, considera que todo golpe que procure el restablecimiento del Estado de Derecho debería ser apoyado por un demócrata. Estimo, por una parte, que sería indispensable para el avance exitoso de cualquier iniciativa, que los conceptos fundamentales estén claros y que sean conocidos y manejados en acuerdo y adecuadamente por los participantes. Por otro lado, tanto con el “Porteñazo”, como por ejemplo con el decreto de “Guerra a Muerte”, desde la perspectiva histórica, podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que los uniría a ambos en el presente sería que los entenderíamos como símbolos de acciones consideradas por los participantes como patrióticas y necesarias o indispensables, con independencia de que hoy pudiésemos juzgarlas y considerarlas equivocadas o acertadas, porque lo que las hace similares y trascendentes sería que quedaron registradas como iniciativas que pretendían devolver la libertad al colectivo. Considero que este aspecto del debate es el que es necesario tener presente hoy, y no el parroquial, el de si representaba una u otra ideología, o a patriotas o realistas, sino la convicción del apego a los principios libertarios universales y constitucionales de nuestro Estado de Derecho y al respeto por los derechos humanos. En la CPT, durante los últimos 6 años, habría quedado constancia irrefutable tanto de la inexistencia del Estado de Derecho como de la violación sistemática, permanente y continuada de los derechos humanos civiles y políticos de todos los residentes, por parte del régimen establecido con las denominadas oposiciones a partir de 1999, transformándose en modelo del Estado totalitario. Esta sería una de las razones fundamentales para explorar la conformación de un frente diferente al régimen-oposiciones-MUD, que definiría de forma precisa el sentido con el que concebiríamos y del que se ocuparía nuestra “disidencia”. Este es también el origen de la denominada “polarización”, fabricada en los laboratorios para el fraude y el engaño político-jurídico-administrativo-electoral conjunto entre régimen y “oposiciones”, con el objeto de anular la verdadera polarización que existiría desde 2003, por lo menos, entre el régimen-oposiciones, primero Coordinadora Democrática y ahora MUD, enfrentadas ambas contra las mayorías nacionales que desprecian tanto a úno como a otras, y que son maltratadas, perseguidas, exiliadas, secuestradas y asesinadas, por lo que serios investigadores las han documentado con precisión como la trágica existencia del “apartheid criollo”. Tenemos entonces los escenarios de dos indiscutibles golpistas-presidentes, Rómulo Betancourt y Hugo Chávez. El primero ungido entre 1945-1948 mediante golpe revolucionario cívico-militar y, por segunda vez, como referimos, entre 1959-1964, por voluntad popular expresada por el colectivo con el sufragio universal y directo y el segundo, fracasado en los intentos de golpe militar del 4FEB1992 y del 27NOV1992, posteriormente elegido de forma legítima el 6DIC1998, pero a partir de los Referénda Consultivo y “Ratificatorio” del 2FEB2003 y 15AGOS2004, adicionó a la condición de golpista-presidente la de usurpador de la representación del Estado y de su jefatura así como la de las Fuerzas Armadas, como consecuencia del fraude político-administrativo-electoral sistemático, permanente y continuado establecido por su régimen-oposiciones a partir de los Referénda constitucionales de 1999, hasta las pantomimas electoralistas primarias del 12FEB2012 y las previstas el 7OCT2012 y en 2013. Quedaría plenamente establecido el carácter adicionalmente subversivo del régimen a partir de 1998, pero no sólo en cuanto a la legitimidad y legalidad de su origen sino en cuanto a su desempeño, por lo que se equivocarían aquellos quienes como los doctores Fuenmayor y García Deffendini denominan de forma inapropiada como “golpe de Estado”, a una acción específica ordenada con claridad por la Constitución. Está muy claro en lo político, jurídico, administrativo y electoral que los golpistas son más bien aquellos que por partida doble 1) usurpan los poderes públicos en general, quienes adicionalmente 2) toman decisiones contrarias al Estado de Derecho y violan de forma sistemática los derechos humanos. La Constitución de 1999, concebida como un jarrón chino, establece con mayor claridad que las anteriores, la obligación de todos los ciudadanos investidos o no de autoridad, civiles y militares, de desconocer la autoridad usurpada así como todas sus decisiones, normas, decretos y leyes, y también de actuar con los recursos disponibles y a su alcance para restablecer su vigencia. Esos son los famosos artículos 333 y 350, que al tratarse de criminales armados, peligrosos y defendidos con las armas de las Fuerzas Armadas, correspondería también a éstas en su carácter de “policía constitucional”, someterlos y detenerlos para restablecer autoridades legítimas, de manera que pueda la Justicia ser restablecida y los criminales enjuiciados. Estos argumentos habrían sido los que me condujeron a dar la bien venida al espíritu y la memoria del Capitán Medina Silva, invitado por la CPT, e invitar al del Libertador Simón Bolívar, permanente invitado del golpista-presidente-usurpador, reservándole también una silla en nuestra sesión, para subrayar ante la asamblea que lo clave de sus presencias estaría, según mi criterio, en la comprensión de los valores que defendieron y con los que justificarían su responsabilidad en sus declaraciones de guerra civil. Lo trascendente y claro en la actualidad sería que las acciones referidas y ordenadas por la Constitución, que deberían ser las únicas aceptables para todos, exigirían hoy, de manera indiscutible de la acción militar, porque como he referido, es necesario someter militares y mercenarios armados con los recursos y las armas del Estado, que de forma clara usurpan los poderes públicos, mientras adicionalmente sus actos están todos desprovistos de legitimidad y legalidad, por lo que también éstos deben ser desconocidos y revertidos. El patrimonio expoliado de la “República” por individuos y corporaciones nacionales y extranjeras cuyos gobiernos jamás permitirían tales prácticas en sus territorios, deben ser todos recuperados, exigiendo las compensaciones complementarias correspondientes para la República y para todos los afectados de forma directa. La responsabilidad por los más de 150 mil asesinados, centenares de miles de perseguidos, acosados, exiliados y secuestrados tampoco podrían quedar impunes, sería adicionalmente inaceptable y contradictorio como argumento o coartada para la Paz. Por lo anterior, ratifico que he celebrado las diferencias referidas. Creo que contribuyen más bien a desnudar el silencio, las excusas y la complicidad del Alto Mando Militar y del cuerpo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, así como las de los actores “autorizados” y “no censurados” para el debate en los medios de comunicación social, conformados por miembros de las academias, iglesias, universidades, sindicatos, gremios, partidos políticos, organizaciones empresariales y organizaciones no gubernamentales de todo orden. Bienvenido entonces el debate para avanzar más allá de los abundantes diagnósticos disponibles para definir la acción, las acciones. Movimiento que no podría estar centrado en la inmediatez de la pantomima electoralista del crimen organizado que ocupa Venezuela, aunque tampoco debemos confundir actuando como si ésta se abandonara. No sería posible, por absurdo, participar votando ni mucho menos promoviendo por esa vía candidaturas o programas, ni siquiera los que creemos en la pertinencia del MdM, porque esa es la base para la usurpación y el sostenimiento del régimen-oposiciones. Entendiendo que la pureza y transparencia del movimiento individual y colectivo se podría comparar con una danza, preparémonos para bailar, individualmente o en grupos, pero bailemos con el ritmo del restablecimiento de las libertades, del respeto de los derechos humanos y del imperio de la Ley.

LA TRANSICIÓN DEL COLABORACIONISMO (SEGUNDA PARTE)

LA TRANSICIÓN DEL COLABORACIONISMO (SEGUNDA PARTE)

Rómulo Lares Sánchez. 26ENERO2012 

Habrían quedado pendientes algunas reflexiones frente a la contradicción impuesta con la fuerza de la censura y la autocensura de los medios de comunicación social, partidos políticos, gremios, sindicatos, academias e iglesias, al subordinar el establecimiento del Estado de Derecho a la gestión de una pantomima de institución electoral diseñada, meticulosamente, para que el régimen y sus cómplices, asociados y colaboracionistas se perpetúen en los poderes públicos de la nación, de los estados y de los municipios. Afirmaba también el editor de la revista “Zeta” (No. 1837) que la Conferencia Episcopal “denuncia la parcialidad de las autoridades electorales, planteando un problema cardinal que la Oposición debe afrontar apenas decida quién es su candidato”. 

Un primer contrasentido salta a la vista: ¿cómo podría afrontarse con alguna seriedad la denuncia de las autoridades electorales, cuando se otorga la confianza al Sistema Electoral del régimen para la “elección” del candidato de las “oposiciones”? Y la contradicción tiene su origen en que para las “oposiciones” como es evidente, algunos precandidatos y centenares de funcionarios del Poder Legislativo-AN y de los demás poderes designados por éste, así como de los estados y municipios han sido proclamados por el CNE. 

Ésta realidad tendría peso suficiente para exponer la componenda-negociación. 

Adicionalmente, habría quedado claro que las “oposiciones” no representan mayoría alguna y que aún conjuntamente con el régimen tampoco conforman una mayoría, ni tiene esto alguna trascendencia para ambos. 

La estrategia electoralista del régimen-oposiciones habría asegurado la “participación” de un nutrido grupo de “candidatos” que legitimen y cohonesten la gestión del Sistema Electoral-CNE, modelo diseñado y comprobado para sustentar el fraude político-administrativo sistemático, permanente y continuado a partir de 1999. 

Dicha estrategia se aceleró al máximo como respuesta para neutralizar el impacto y luego la memoria de la mayor expresión espontánea de madurez democrática del colectivo, la de la “des-elección” de la Asamblea Nacional el 4DIC2005, cuando despreciamos la pantomima electoral que sería desconocida para dar la espalda al colectivo como se anticipaba, por parte de las oposiciones y de los otros actores mencionados, y que como contrapartida les ha servido para “elegir” a sus candidatos y asegurar recursos y escenarios para promover con mayor fuerza la “fiesta democrática” electoralista. 

Sin embargo, como si se tratara del sombrero de un prestidigitador, el “PÉNDULO” de “Zeta” nos anuncia el inicio de “una nueva etapa en la Historia de este país, la etapa que la Iglesia quiere sea la de la reconciliación nacional. Todo lo demás ocurrirá en función de eso”. Mientras tanto también anunciaba: “Ministro de la Defensa “amigo” de las FARC”. 

¿Cómo puede hablar la Iglesia (católica) de reconciliación nacional, si régimen y oposiciones, transformados en los lados de la misma moneda del totalitarismo, ejercen e imponen de forma complementaria la careta de su pensamiento único, hacia la consolidación del “hombre nuevo”, contrariando la aspiración del colectivo y al costo de la entrega de la soberanía del territorio y su contenido a la subversión y al narcotráfico planetario? 

¿Reconciliación entre régimen y oposiciones que, repetimos, representan dos minorías que adicionadas continúan en minoría, mientras desconocen la existencia de otros grupos que en conjunto representan la gran mayoría del colectivo nacional, que la censura y la autocensura institucional mantienen de forma criminal en la clandestinidad mediante la violación de diversos derechos humanos, civiles y políticos, y que los adversa con intensidad y con desprecio? 

Esta promoción de la también pantomima de la reconciliación está en el centro oscuro de la transición. No es posible conciliar con el crimen organizado transnacional sino sometiéndolo al imperio de la ley y a la voluntad mayoritaria del colectivo o expulsándolo, mediante los mecanismos disponibles, todos legítimos, pero nunca mediante el ilegítimo e ilegal sistema electoral diseñado para el fraude continuado del régimen-oposiciones. 

La sistemática asimilación de la realidad socio-política venezolana a una cuestión de ideologías o de etapas en la rutina de la vida de una nación no es más sostenible, sobre todo cuando se diluyeron y hasta desaparecieron tanto las ideologías como la nación. 

En el mismo ejemplar de “Zeta”, Elizabeth Burgos, conocedora en profundidad de las realidades de Venecuba y de la globalización, “DESDE EUROPA” y frente al más reciente documental de Rithy Palm (2012), nos recuerda el “escenario de un proyecto de exterminio” efectuado en Cambodia entre 1975 y 1979, en el que “exterminaron una cuarta parte de la población…” (2 millones de personas), “en nombre de la lucha de clases y de la construcción del hombre nuevo”. “Su objetivo era llevar a cabo el mismo proyecto de Mao en China, pero hacerlo mejor, y de manera más radical. 

Es el mismo argumento del castrismo, de las FARC de Colombia, y el discurso de la “revolución Bolivariana”: consideran que el comunismo fue traicionado en donde se le ha aplicado hasta ahora, pero que ellos van a rehabilitarlo”. 

Esta nueva alerta de Burgos es oportuna frente a la ligereza de la editorial de “Zeta” y del resto de las élites de la sociedad venezolana, porque lo que ocurrió en Cambodia y en otras latitudes también está ocurriendo en Venecuba, tanto en cuanto a las justificaciones “ideológicas” de las violaciones también sistemáticas, permanentes y continuadas de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, de quienes se encuentran exiliados o no en el extranjero así como de los residentes en el territorio, como frente a la sistematización de los exterminios y asesinatos que, insistimos, crecieron desde 2.800 en 1998 a 19.500 en 2010. 

El documental referido, cuya proyección en Francia considera la articulista “Un acontecimiento inédito en la historia de los medios…”, al presentar el relato directo del responsable de la masacre referida (Duch): “Sensación de terror, de malestar embarga al espectador al escuchar la voz suave de un hombre culto, profesor de matemática quien a manera de justificación dice que “fue utilizado”, fue el instrumento de una ideología que tenía como objetivo la construcción de una sociedad justa, y cita de memoria en francés al poeta Alfred de Vigny, apoyándose en las fichas con las listas de los prisioneros y las fotografías la planificación del genocidio”. 

La indiferencia y la incomprensión ante la fachada ideológica de la “revolución bolivariana del siglo XXI” ha venido desviando la atención local e internacional para lograr dos objetivos fundamentales: 

1) que las críticas al régimen-oposiciones se centren en el fracaso de la gestión pública, como si se tratara de un caso más del mundo de la política y 

2) las elaboradas explicaciones para disimular la premeditación de los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, tales como las de Duch: “Cometí crímenes luchando por una ideología, vivíamos en una situación de urgencia y había que aniquilarlos”. 

Estos serían el tipo de argumentos que inducen a académicos y líderes sociales y religiosos a expresar posiciones evasivas y pusilánimes, como la de la Conferencia Episcopal y hasta para justificar el silencio frente a las expresiones del terror disimuladas con la pantomima electoralista, porque al “encapsular” los crímenes dentro del “debate ideológico” se estimulan y brotan las características del demócrata, como la tolerancia, limitando la crítica y la denuncia para dejar que los acontecimientos hablen demasiado tarde por sí mismos, transformándose por omisión en cómplices y colaboracionistas.

Duch, como en las frecuentes explicaciones de la “revolución bolivariana”, “No parece sentir la menor culpa y piensa que debería ser exculpado, porque los suyos no fueron crímenes cometidos dentro de un marco de delincuencia, sino atendiendo a un proyecto ideológico”. 

Frente al desvarío colectivo venezolano que de forma absurda pretende enfrentar la trágica realidad para establecer el imperio de la ley cohonestando la pantomima del fraude electoral, llega oportuna la conclusión de Burgos: 

“El documental de Rithy Pahn debería ser considerado como un instrumento pedagógico, en particular en aquellos países en donde sus gobiernos contemplan la instauración de regímenes inspirados en los preceptos de los Jémeres Rojos y porque se debe tener en cuenta que cualquier revolucionario, aún el de talante más inofensivo, puede convertirse en un Duch”. 

Cuánto mayor el holocausto posible en marcha en Venecuba, cuando han quedado en evidencia niveles elevados de perversidad y perversión tanto en la manipulación como en la acción y el contrapunteo actual de los dos monstruos representados por el régimen-oposiciones, así como en la historia trágica de las revoluciones y la de la lucha armada regional y local.

LA TRANSICIÓN DEL COLABORACIONISMO (PRIMERA PARTE)

LA TRANSICIÓN DEL COLABORACIONISMO (PRIMERA PARTE)

Rómulo Lares Sánchez. 21ENERO2012 

La edición de la revista “Zeta” de esta semana (No. 1837) ofrece un ejemplo de las contradicciones de los medios de comunicación venezolanos con relación a la censura, autocensura y colaboracionismo con el régimen que podría ser objetivamente definido como representante-asociado con el crimen organizado transnacional, pero que los medios se empeñan en presentar y promover como ejemplo de la legitimidad y legalidad del ejercicio político, en la teoría y en la práctica, de alguna ideología de izquierda. 

Para los medios, existe una Venezuela democrática en transición. 

Zeta lo expresa con claridad en su portada: “Primarias polarizadas. Capriles vs. Pablo Pérez (foto). Péndulo: Rol de la Iglesia en la Transición. Ministro de la Defensa “amigo” de las FARC. María Corina se ROBA el show”. 

El editor Rafael Poleo, desde su “exilio” en La Florida lo expresa en la “Balada del lobo débil”: “Mientras la declinante salud de Chávez corta cualquier posibilidad de que en Venezuela se instaure un régimen comunista, la Iglesia y la Fuerza Armada convergen en un proyecto de nueva democracia, cuya característica parece ser la de una sociedad integrada y tolerante que pueda construir una nación próspera y justa”. 

Para Poleo, existe un enfermo y único responsable de la usurpación de los poderes públicos mediante el fraude político-administrativo-electoral en su origen, así como en su desempeño por completo al margen del Estado de Derecho a partir de 1999, de esta manera exoneraría a los miembros de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos y de las diversas instituciones políticas, gremiales, académicas, sindicales y eclesiásticas, por su complicidad, asociación y colaboracionismo, por su acción e inacción ante las violaciones sistemáticas, permanentes y continuadas de derechos humanos civiles y políticos de los residentes en el territorio y de nacionales expatriados, que correspondería con la categoría de los crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, de jurisdicción planetaria y sin prescripción. 

Esta primera conclusión es en extremo escandalosa y pretende ser impuesta mediante la censura de los medios, asfixiando toda expresión que la denuncie, cerrados por completo al debate de la realidad política objetiva a partir del 4DIC2005, fecha considerada por investigadores y académicos en la especialidad, como la mayor expresión de madurez democrática de nuestra sociedad, cuando más del 84% de los mayores de edad nos negamos a participar y convalidar otro de los fraudes-pantomimas electorales, un régimen y una Asamblea Nacional que habría sido desconocida y despreciada por las mayorías, pero que los medios reconocieron y han seguido sosteniendo a espaldas del colectivo. 

A pesar del fraude electoral sistemático a partir de 1999, del que los militares son co-responsables de forma directa e integral, Zeta identifica como primera manifestación-reacción de los militares la supuesta acción institucional “cuando forzaron a Chávez a aceptar la derrota en el referendo para cambiar la Constitución, en el año 2007”. 

Adicionalmente, minimiza la supuesta “transacción” con el CNE que las oposiciones habrían aceptado: “La coma se rodó hacia la izquierda. El 8,2% de la diferencia se convirtió en 0,82%”. Reaparecen entonces: “los militares vuelven a asumir el protagonismo. Lo hacen dentro del movimiento, respetando los estatutos” (del PSUV), para explicar el desenlace de la sucesión del “enfermo” entre las aspiraciones del representante-“Heredero” de Castro y “El hombre de Fuerte Tiuna”. 

Esta segunda conclusión es también escandalosa: el país habría quedado reducido a la exclusiva voluntad expresada por los militares y los extremistas miembros del partido único del régimen, en medio de la comparsa de la “fiesta electoral” de las “oposiciones” e injerencia directa de la Habana.

El argumento fundamental mediante el cual se le asigna al régimen un carácter ideológico estaría sustentado en el hecho de que “Lo que se ha sabido después es que Hugo Chávez siempre fue comunista, aunque el suyo fuera un comunismo revuelto… Pero era comunista el proyecto dentro del cual a Chávez lo sembraron en la Academia Militar, un propósito a largo plazo…..”. 

De esta manera, la pantomima ideológica es reconocida, a pesar de que el origen y el desempeño del régimen fuera el fraude del crimen organizado asociado a la subversión y al narcotráfico mundial, hasta los niveles del genocidio, si tomamos en consideración la discriminación, el exilio, el secuestro judicial, la presencia de un ejército extranjero de ocupación y el exterminio encubierto en el incremento sistemático anual de los asesinatos, sumando desde 2800 en 1998 a más de 19 mil 500 en 2010.

Después, resultaría que la explicación de Zeta se habría hecho: “…partiendo de un punto que hasta ahora se había pasado por alto. Algo que se remonta a los orígenes de la revolución bolivariana. Ese punto clave es que esa revolución no era comunista, que los militares nunca lo son. Lo que afloró el 4 de febrero de 1992 fue un proyecto derivado del nasserismo de los años sesenta.” 

Se consolida así la legitimidad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la responsabilidad penal por los crímenes acumulados entre 1999-2012 la comparten por acción u omisión, en los grados de cómplices, socios y colaboracionistas, tanto los comunistas como los nasseristas u otras corrientes secretas promovidas por las “logias militares”.

Poleo nos presenta unos comunistas “malos” y unos “nasseristas” buenos o aceptables, quienes estarían tomando el relevo en la transición representados por “El hombre de Fuerte Tiuna”, quien “...tenía tiempo trabajando en el partido con un disimulo que recuerda al de Juan Vicente Gómez frente a Cipriano Castro”. ¿Lisonjeando? 

Un tercer aspecto se relacionaría con el cambio en la política de la Iglesia Católica iniciado con la nueva directiva en la Conferencia Episcopal y porque “…reasume a Moronta, el antiguo contacto con la juventud militar.” 

La Iglesia católica ha sido uno de los bastiones más fuertes y firmes, después de las Fuerzas Armadas, para el sostenimiento del régimen mediante la credibilidad y legitimidad que le ha otorgado con su bendición. 

Poleo le asigna una gran trascendencia al más reciente de los documentos de la Conferencia, en el cual le atribuye que “condena lo fundamental en el plan de Hugo Chávez, que es la exclusión, condición ésta propia e indispensable de todo proyecto revolucionario". 

Como prueba de que su intención es activa, llama a la reconciliación entre los venezolanos, lo cual lleva implícita una grave acusación contra Chávez, la de que ha dividido al país. 

Rompe uno de los mitos más cínicos del régimen, el de que no tiene presos políticos... Y denuncia la parcialidad de las autoridades electorales, planteando "un problema cardinal que la Oposición debe afrontar apenas decida quién es su candidato".

Es imperativo expresar el escándalo de semejantes afirmaciones, si tomamos en consideración la ligereza de considerar el cuadro de violación de derechos humanos industrializado, representado por la persecución, el exilio, el secuestro en general y judicial que conduce a los expertos a concluir que buena parte de la población de los centros de reclusión conocidos estaría secuestrada y privada de sus derechos, mientras algunas organizaciones no gubernamentales casi todas, subsidiadas desde el extranjero y los medios clasifican sólo un minúsculo grupo como “presos políticos”. 

¿Han investigado los periodistas cuántos de los presos por causales diversas serían en realidad perseguidos políticos? 

De esta forma, algunas ONG defensoras de los derechos humanos visitan sólo los prisioneros con esa “etiqueta” miope e irresponsable que le asignan las “oposiciones” y los “comunicadores” a ciertos secuestrados judiciales. 

Pero la mayor tragedia estaría en ocultar los programas de exterminio, así como las demás víctimas de las miles de manifestaciones sistemáticas del totalitarismo del crimen organizado de carácter transnacional vigente en Cubazuela, como califica Poleo al territorio de Venezuela. 

Parecería inaceptable reconocer el saqueo ahora generalizado del patrimonio público y privado, aunque sea tradicional en la Historia de Venezuela, como algo propio y denigrante de nuestra cultura y ahora en grado sumo en el siglo XXI. 

Debe también quedar muy en claro que al estar siendo usurpados todos los poderes públicos y ejercidos al margen del Estado de Derecho, de forma clara y progresiva a partir del 15AGO2004, incluidos el comando de la FANB (usurpadora de las FFAANN,) la jefatura y la representación del Estado, hasta las autoridades regionales y municipales, todas las autoridades carecen de legalidad y de legitimidad y por consiguiente, el deber de los ciudadanos es el de desconocerlas y hacer lo que esté a nuestro alcance para restablecer el imperio de la ley. 

Moronta debe aclarar, primero en su conciencia y luego en la de la juventud militar, que todas las corrientes representadas dentro de los altos mandos de las Fuerzas Armadas habrían quedado descalificadas para pretender o exigir ser exoneradas de ser presentadas y muchas acusadas ante la Justicia Penal, como condición para contribuir o guiar al colectivo hacia el restablecimiento del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, mientras que, todas las acciones que emprendamos para desconocer y deponer al régimen se corresponden con órdenes claras de la máxima jerarquía constitucional para cualesquiera y todo ciudadano civil o militar.