La historia de un engaño en la farsa de la ilegitimidad: en la Asamblea
Nacional el 15ENERO2016 Rómulo Lares
Sánchez.
En
esta fecha habrían estado reunidos en el Palacio Legislativo los principales
responsables del holocausto de Venezuela y del parto de Venecuba, consumado en
el mismo espacio el 2FEBRERO1999, cuando la mayoría política en el Parlamento
bicameral y en las legislaturas de los estados habrían concedido, en silencio,
la “luz verde” a la amenaza directa del legítimo Jefe del Estado y su “polo patriótico”,
quienes anunciaran como prioridad de su gobierno la destrucción de la
institucionalidad de la República, colocándola al servicio del crimen
organizado transnacional, traicionando la patria y determinando nuestra
ocupación por el ejército de otro Estado.
Podríamos argumentar con
demasiados ejemplos que tampoco los Estados Vaticano, los “amigos” así como el
resto de la comunidad internacional de naciones, siempre presentes con sus
embajadores e intereses, podrían evadir su responsabilidad por las consecuencias
históricas de su diplomático y sistemático silencio.
¿Podrían los actores e
invitados al Palacio Legislativo negar su contribución con la longevidad del
régimen y por consiguiente con la violación sistemática e industrializada de la
lista completa de los Derechos Humanos a partir de 1999? ¿Cuánto ganaría la
causa para la recuperación de la Republica cuando aceptasen someterse al
Imperio de la Ley, mientras que con el colectivo nos avoquemos a la expulsión
del ejército de ocupación y al restablecimiento de nuestra nacionalidad y de
nuestras vidas?: ganaríamos la certeza del restablecimiento de las ruinas de Venezuela.
Esta “realidad” podría
explicar el disparatado escenario, caricaturado con expresiones como la ilustración
gráfica del “humor” venezolano, de los laboratorios para la manipulación y las
partituras de los solistas, quienes se limitarían al discurso aceptado y
negociado, adaptándolo a la censura y autocensura establecida en y por los
medios de comunicación social e instituciones nacionales, acordadas en otra exhibición
de la desaparición de la ética de la cultura de Occidente y en la repartición graciosa
del presupuesto público de los despojos de la nación.
Mientras los medios de
comunicación exhiben su “imparcialidad” empujándose unos a otros para competir
con más invitados que certifiquen, en declamaciones en tono pontifical, la
imparcialidad del medio, “porque este canal invita y contrasta las dos opciones
posibles, para que el ciudadano pueda informarse verazmente y formarse una
opinión”, ningún medio de comunicación se ocuparía de presentar los puntos de
vista de las mayorías que desprecian ambos bandos y sus bandas. “El costo podría ser fatal”, susurran al oído
los directores y accionistas mientras sus empresas prosperan.
Ante las cámaras, los
usurpadores de los poderes públicos parecieran exonerarse mutuamente por su
responsabilidad y complicidad en los crímenes de lesa patria y de lesa
humanidad, que tendrían que ser determinados en tal categoría a partir de 1999 por
la condición de su sistematización como política de Estado. Militares y civiles
traidores a la patria y criminales prófugos sujetos a la jurisdicción
planetaria sin prescripción, mientras que en Cubazuela reciben distinciones y
honores.
Tomemos la referencia en la grotesca
y sistemática cantaleta de los usurpadores en relación con la atribución mutua
de la responsabilidad por los asesinatos de cuarenta y tres manifestantes
durante dos meses de fuertes disturbios en 2014, atribuidos a los “excesos de
las fuerzas del orden público” o a las “acciones criminales que pretenderían
desconocer la legitimidad del gobierno constitucional elegido por el soberano”,
equiparándolos con aquéllos ocurridos antes de 1999 como si fuesen de la misma
clase o equivalentes, exonerándose mutuamente hoy con las etiquetas de “gobierno-oposiciones”,
escondiendo cínicamente que durante ese par de meses habrían sido asesinadas
alrededor de 4 mil personas, a razón de 2 mil por mes, también de la exclusiva responsabilidad
de tales funcionarios, sus cómplices y encubridores, por cuanto mientras sólo
se mencionan aquellos 43 compatriotas refiriéndolos como “jóvenes caídos en la
lucha por la libertad y por un Estado en Derecho”, o como “asesinados por el
terrorismo de la oligarquía y sus esbirros”, de esta manera se excluyen
“desapareciendo” a los centenares de miles asesinados a partir de 1999 y se encubren
las evidencias que podrían relacionarlos con las “políticas públicas”, que
permitirían denunciar a las autoridades civiles y militares por la promoción de
los asaltos, agresiones y por la “ejecución” disfrazada como acción fortuita
del hampa común, fundamentos de la política del terror y en razón de su asociación
pública y notoria con el crimen organizado, la subversión, el narcotráfico y la
legitimación de capitales, que determinaría como resultado alrededor de 250 mil
asesinatos, con más del 90% de impunidad, que se complementaría con alrededor
del 8% de la población desplazada y en la categoría de emigrante, en realidad en
el exilio, producto de otra “política” de estado: el “apartheid criollo del
siglo XXI”.
¿Hablar de “presos políticos,
que sí los hay”?. Cómplices todos de secuestro en razón de la convivencia con
la pantomima administrada por el “Sistema Judicial”, porque en Cubazuela se
desarrolla una paradoja en la que no habría uno sólo y, al mismo tiempo, todos
seriamos “presos políticos”, las mayorías en “libertad condicional”, mientras
que los pensionados en los antros primitivos, crueles e inhumanos del sistema
penitenciario, que hasta disponen de su propio “Ministra del Gabinete”, permanecerían
simplemente secuestrados, muchos, en el caso excepcional que se dictase la
sentencia máxima correspondiente a su delito, verdadero o “imaginario”, pudieran
haber excedido el lapso de “cautiverio”.
Podríamos afirmar que, en general,
todos los residentes permanecemos “secuestrados” dentro del territorio nacional
ocupado, sometidos a la política de Estado de la ley del terror. Sin embargo, los
usurpadores osarían burlarse de la Sociedad Civil anunciando “debate y diálogo”
para una “Ley de Amnistía para los presos políticos”.
Un régimen, conformado por los
invasores, sus apoderados y las oposiciones autorizadas, por quienes comparten
la ilegitimidad en el origen de sus mandatos públicos, nacida de la aberración
del “Sistema Electoral”-CNE diseñado para el fraude y la traición que ambos
sostienen a partir de 1999, consolidándolo en 2003 mediante la participación
conjunta en la decisión arbitraria, ilegal e írrita de la Sala Constitucional
del TSJ, con el propósito de invadir la autonomía y tomar el control absoluto
de todas las instituciones asaltando el CNE.
Dicho asalto sería comprendido
progresivamente por todos despertando la angustia y el clamor popular, de
rechazo general de un colectivo desesperado, ultrajado y burlado descaradamente
por los fraudes escandalosos del CNE, despreciado también por una porción
importante de los partidarios y simpatizantes del “Jefe del Estado”, venezolanos
avergonzados por la manipulación y la propaganda, a pesar de la lealtad
obligada de los subalternos y de quienes dependiesen en algún grado directo del
presupuesto de la Nación. Las listas Tascón y Maisanta del “apartheid” criollo
serían aplicadas hasta hoy, sin misericordia.
Los fraudes electoreros de
turno referidos habrían sido los referendos en contra del Jefe del Estado: Consultivo
(2FEB2003) y Revocatorio (SEP2003), el primero saboteado por el TSJ y el segundo
por el CNE designado por aquél, además de un “ratificatorio” (15AGO2004) invento
disfrazado de Revocatorio e inexistente en la Constitución, fraude grotesco para
desconocer la voluntad clara del colectivo, abrumadoramente mayoritaria, que
habría revocado el mandato previo concedido “dudosamente” el 30JUL2000,
despidiéndolo en ese acto.
El último gesto de la clase
política y de las élites referible como digno, democrático, esperanzador de la
gestación de una generación moderna con prospectos de estadistas, aunque abierta
y fuertemente presionados, arrinconados por el colectivo en general y dentro de
sus propias organizaciones, lo habrían dado algunos de los presentes para
desconocer el régimen y promover su rechazo en la siguiente pantomima
electorera de la Asamblea Nacional del 4DIC2005, mediante la no participación activa
y pasiva, ni candidatos ni votantes para no convalidar el nuevo fraude y anular
políticamente la proclamación de una AN “unicolor”, sin embargo, cambiando sin
explicaciones súbitamente de rumbo, darían la espalda para traicionar descaradamente
al colectivo reconociéndola de inmediato, en acción u omisión que los colocaría
definitivamente en la acera de enfrente de la Sociedad Civil y de un Estado de
Derecho, en asociación y complicidad, presumiblemente “involuntaria”, con la
larga lista de crímenes por los que tendrían que responder, por ahora fuera de
nuestras fronteras, a menos que el Sistema Penal Internacional sucumba también
ante la arremetida “anti ecológica” e inhumana que disimularía la locura
colectiva que, pareciera irremediablemente acabar con la propia vida del
Sapiens sobre la superficie del planeta.
La condición de usurpador de
la Presidencia de Venecuba por un criminal nacido y entrenado en el extranjero
es legitimada con tan escandalosa pantomima, mientras que como ñapa se le
exoneraría de sus crímenes y hasta de la responsabilidad tanto por el origen de
su “mandato” como por las consecuencias de la comedia-decreto de emergencia
económica, porque habría sido “una situación heredada”. Ratificarían pues el
compromiso en el que compartirían la responsabilidad en la destrucción de
Venezuela y sus consecuencias.
A la banda de criminales y
traidores a la patria, disfrazados con los uniformes de la Policía
Constitucional se les pide que “escuchen lo que tengo que decir”, como solicitando
la venia a colegiales indisciplinados en el aula: “los militares no pueden
estar sometidos a parcialidad política alguna”. ¡Qué efectivo llamado de
atención!, ¿habrán conciliado el sueño aquella noche?, porque si reflexionaran ante
tal “reclamo” no dudarían del cumplimiento de su deber ni de sus juramentos,
concluyendo que habrían rendido las armas de la República para someternos a un
ejército mercenario de ocupación en nombre del crimen organizado transnacional,
tendrían entonces la certeza de que no sirven alguna parcialidad política.
Venezolanos, compatriotas:
mientras no nos enseriemos, despreciando, denunciando toda connivencia o complicidad
con las pantomimas evasoras de responsabilidades y, sobre todo, actuemos en
consecuencia, jamás obtendremos Justicia, paz, ni recuperaremos la República, consolidándonos
más bien como una sociedad de esclavos en pleno siglo XXI, despojos humanos aunque
muy útiles para atornillar la ocupación, pretendiendo como enajenados alcanzar la
“libertad” porque nos disfrazamos de ciudadanos.
Conclusión: “Decreto de
emergencia económica”, ¡la economía y los bolsillos primero!, business as usual
para restablecer la República, asegurando los peores índices planetarios, en
todos los órdenes, ideales para administrar una sede corporativa mundial de la
industria para la globalización de la subversión y del crimen organizado, practicando
internamente las “políticas públicas” referidas con el propósito de someternos
indefinidamente, condiciones que pasarían sin embargo en el “debate” a un segundo
plano, invisibles y en silencio. ¡ Viva Cubazuela !
Mientras “maduraba” estos comentarios,
se extiende la indignación colectiva en las redes sociales, tertulias, e
informan algunos medios de comunicación social en el extranjero, porque dos
damas, esposa y madre venezolanas, cuando visitaban a su esposo-hijo, quien
“cumpliría condena injusta” - en realidad otro secuestrado más que se
promociona como “preso político” -, el más prominente y conocido “secuestrado”
del régimen, acompañadas por sus dos hijos-nietos, un niño y una niña menores
de 6 años quienes habrían sido testigos y víctimas del horror y la maldad
también sobre su mamá y su abuela paterna, denuncian los bochornosos y pervertidos
detalles del trato “oficial” que habrían soportado durante dos años de parte de
los miserables verdugos uniformados de militar, de “Policía Constitucional”, quienes
serían “defendidos” por “compañeros de armas” en otro acto grotesco que
seguramente ganaría el desprecio de muchos de los simpatizantes del conductor y
prominente figura del régimen, así como de los asiduos televidentes de un “programa”
de una de las tantas televisoras del Estado, cruda confirmación y detestables ejemplos
de la inexistencia de límites para la locura humana, particular epidemia en la
tragedia de esta miserable tierra ocupada, cuya expresión “institucional” patética
más reciente, habría sido la pantomima de la “Presentación de la Memoria y
Cuenta del Jefe del Estado ante la Asamblea Nacional”, el 15 de enero de 2015.
